El 14 de enero, Gustavo Petro llamó la atención cuando lanzó un dato que ha repetido una y otra vez durante su Gobierno: aseguró ser el presidente que más cocaína ha incautado en la historia del mundo, con un acumulado de más de 3.000 toneladas. Ese dato pone a su Administración a la vanguardia de la lucha global contra el narcotráfico. Pero un análisis detallado de la contabilidad oficial revela que este “récord” se sostiene sobre cifras exageradas y distorsionadas.
La insistente narrativa de Petro calla una realidad: la cocaína que celebra como incautación propia se decomisa, mayoritariamente, fuera de las fronteras. Gracias a la asistencia internacional, Colombia registra como resultados operativos propios, bajo el rubro “incautación internacional de droga”, cargamentos interceptados en aguas internacionales o puertos extranjeros o en espacio aéreo fuera de las fronteras.
Esta dependencia del exterior ha transformado el mapa de la lucha antidrogas en el mayor productor de cocaína del mundo. Según el portal de datos paraquelosdatos.com,la evolución es drástica: mientras que en 2010 las incautaciones internacionales sumaban apenas 0,9 toneladas, para 2024 la cifra escaló a 594 toneladas, y en 2025 alcanzó las 626. En 2024, casi un 70% de las incautaciones que reportó el Ministerio de Defensa fueron realizadas por autoridades de otros países, mientras que en 2025, ese dato llegó a casi el 64%.
En contraste, las incautaciones en territorio colombiano han caído en los últimos años. La tendencia es clara: mientras que en 2021 se incautaron casi 400 toneladas dentro del país, para 2024 la cifra descendió a 294 toneladas. En 2025 hubo una recuperación, aunque la cifra no superó las 359 toneladas, todo ello según los datos oficiales.
El Gobierno ha argumentado que la incautación internacional es un éxito de la inteligencia colombiana, que opera en conjunto con las de otros países para atrapar la droga. Aduce que, sin la información valiosa proveniente de Colombia, esos cargamentos no se detectarían. De hecho, hace unos días el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que el 60% de las incautaciones internacionales ha sido posible gracias a la inteligencia colombiana.
Sin embargo, varios expertos en seguridad y defensa señalan que esta tendencia quiere decir que la droga está logrando sortear los filtros en puertos y fronteras colombianos con una facilidad creciente, y que el Estado depende cada vez más de la tecnología, las embarcaciones y el financiamiento de otras naciones para obtener resultados.
La distorsión de la “doble contabilidad”
Pero otros analistas son escépticos frente a estas cifras, debido a la forma en la que se cuentan. La mayoría de los países vecinos solo contabilizan lo que sus autoridades incautan en su jurisdicción. Que Colombia sume datos externos genera una distorsión global: el mismo kilo incautado aparece dos veces, en las cifras del país que realiza la operación y en las de Colombia como “asistencia”. Es una práctica que, además, puede dar lugar a inexactitudes.
La inconsistencia más grave aparece al cruzar los datos con los países aliados. En varios periodos, Colombia afirma haber “asistido” en la incautación de más droga de la que el país receptor dice haber incautado en todo el año. Por ejemplo, en 2020 Costa Rica reportó haber incautado 47 toneladas, pero Colombia aseguró haberle ayudado a decomisar 80. En 2023, República Dominicana registra 18 toneladas decomisadas, pero Colombia reportó una asistencia de 41.
Esas discrepancias han llegado a ser públicas. En octubre del año pasado, el presidente Petro anunció el decomiso de 2,7 toneladas en el Pacífico, con destino a Costa Rica. Horas después, el gobierno costarricense aclaró que la operación fue hecha por sus autoridades, en conjunto con la DEA, y que fueron 2,3 toneladas. Y en marzo de 2025, a operación Nautilus incautó 6,6 toneladas en un sumergible en aguas de Portugal. Aunque el reporte portugués no menciona a Colombia, el Ministerio de Defensa del país las sumó a sus balances.
Para Javier Flórez, exdirector de Drogas del Ministerio de Justicia, el Gobierno podría estar “abultando cifras” en su afán de demostrar resultados en la guerra contra las drogas. ““En este momento, producto de la presión que están sintiendo las autoridades, pueden estar tomando decisiones equivocadas para atribuirse éxitos de incautación que no necesariamente son de Colombia para presentar datos más abultados.”
Todo eso mina la credibilidad de lo reportado por Colombia, advierte el exministro de Defensa Diego Molano. “Se ha perdido confianza en la inteligencia colombiana porque el Gobierno manipula la información para reportar victorias propias que pertenecen a otros”, dice el político uribista. Algunos países temen que su información sea “utilizada políticamente” por el Gobierno Petro, señala.
Una trazabilidad débil
La diferencia en cifras señala la falta de un mecanismo de validación oficial de la participación de las autoridades colombianas en las incautaciones internacionales, así como sus montos. En contraste, la incautación doméstica cuenta con un proceso robusto: la Fuerza Pública realiza la aprehensión y luego la Fiscalía General de la Nación certifica la cantidad final, tras el pesaje oficial.
En la arena internacional, esta trazabilidad se diluye. Aunque los estándares globales exigen que los decomisos en el extranjero sean validados mediante la certificación de una organización internacional o de la autoridad competente del país receptor, Colombia define esas cifras en una mesa técnica interinstitucional. Es una instancia que, semanalmente, avala los datos, así entren en contradicción directa con los reportes oficiales y las certificaciones emitidas por otras naciones. Con ese frágil esquema de conteo, el Gobierno calcula haber cerrado 2025 con casi 1.000 toneladas incautadas, mientras la producción potencial de cocaína alcanza las 3.000 toneladas, según las cifras de la UNODC que el Gobierno critica.
Para los expertos, los datos señalan que el impacto de las incautaciones va en declive: si en el pasado el Estado logró detener el 60% de la producción, hoy esa cifra ronda el 30%. “El efecto real para al negocio es muy bajo”, afirma Flórez. Para Molano, se trata de un síntoma de una política que ha relajado el control en el origen. “Colombia no está haciendo nada para controlar los cultivos, destruir laboratorios o incautar antes de salir a puerto. Casi toda la droga está saliendo del país”.
Las inconsistencias difíciles de justificar no son exclusivas del Gobierno Petro, pues responden a una práctica reportada desde 2010, que se aceleró durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y se mantuvo durante el de Iván Duque. Pero esas inconsistencias se han agravado con Petro, al tiempo que la producción se ha disparado.
