La muerte de 26 personas en la selva amazónica del Guaviare no ocurrió en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de disidencias de las extintas FARC. Una fuente cercana a la investigación confirma que, según los reportes que entregó Medicina Legal de los cadáveres, todos fueron asesinados en estado de indefensión y presentan tiros de gracia realizados a corta distancia.
Las víctimas pertenecen al llamado Estado Mayor Central (EMC) que lidera alias Iván Mordisco, y que libra una guerra contra sus antiguos aliados del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba. Los hechos ocurrieron el viernes pasado en zona rural del municipio de El Retorno, en una región en la que inicia la selva amazónica. Ese día, la comunidad reportó a las autoridades el sonido de varios disparos en la madrugada y pocas horas después, en medio de un consejo de seguridad que lideró el gobernador, se elevó la alerta de un posible enfrentamiento. Cuando la Policía Judicial y el Ejército llegaron al lugar, encontraron los 26 cadáveres, uno al lado del otro. Entre las víctimas, según ha informado Medicina Legal, había cuatro menores de edad, un hombre y tres mujeres oriundas del departamento del Cauca, unos 400 kilómetros al oeste.
Una fuente judicial cercana al caso explica que el reporte de las inspecciones técnicas a cadáveres descarta dos características usuales en los enfrentamientos. Ninguno de los cuerpos tenía rastros de pólvora en las manos, lo que para la Fiscalía descarta que estuvieran armados al momento del ataque, y ninguno tenía heridas físicas aparte de un único disparo en la cabeza. “Es muy difícil que en un enfrentamiento hayan logrado dispararle a 26 personas exactamente en el mismo lugar del cuerpo”, explica.
El primero en advertir que no existió un enfrentamiento fue el mismo EMC, que denunció que las víctimas pertenecían a sus filas y denunció que fueron envenenados. La Fiscalía no descarta esa posibilidad y, de hecho, está adelantando estudios toxicológicos para determinar si los cuerpos tienen rastro de alguna droga. También ordenó una prueba de balística, que revelará en detalle a qué distancia ocurrieron los disparos.
Leonardo González, director de la oenegé Indepaz, ha dicho en sus redes sociales que, dado el estado de indefensión de las víctimas y al descartar la hipótesis del combate, “estos hechos podrían configurarse como una masacre”. Sería la séptima en lo que va del 2026, y la de mayor número de víctimas en los últimos seis años. El más reciente evento de esa dimensión ocurrió el 21 de marzo de 2020, cuando un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá en pleno confinamiento dejó 24 reclusos muertos.
La Defensoría del Pueblo, que ha emitido al menos tres alertas tempranas sobre el conflicto en la Amazonia, había advertido “graves riesgos para la población civil” de estos municipios por los nuevos focos de violencia. El Ejército no descarta que al menos uno de los fallecidos fuera civil, pero sobre ello no se ha pronunciado Medicina Legal. La Defensoría también advirtió del riesgo por el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en medio de la disputa armada.
La confrontación actual se explica, en parte, por una ruptura que se produjo a mediados de 2024 en el Estado Mayor Central, uno de los grupos de las disidencias de las extintas FARC. Las disputas entre Iván Mordisco y Calarcá Córdoba, dos antiguos guerrilleros que no firmaron la paz en 2016 y que antes pertenecían a la misma estructura, giran alrededor de sus desacuerdos sobre el manejo de los diálogos con el Gobierno, que aún mantiene el segundo, y de su puja por el control de las economías ilícitas en el sur del país. Mientras Mordisco rechazó los acercamientos con el Ejecutivo y mantuvo una línea de confrontación armada, Calarcá conformó el llamado Estado Mayor de Bloques y Frente, con el que decidió avanzar en una negociación propia que se sigue manteniendo con el Ejecutivo y ha derivado en una guerra en la región amazónica.
Desde comienzos de 2025, esa confrontación se ha intensificado en varios puntos de la Amazonia colombiana, especialmente en Guaviare, Caquetá y sectores del Meta. Las autoridades atribuyen esta escalada a la disputa por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y las rutas de movilidad hacia la frontera amazónica. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido sobre el aumento de hostilidades en zonas donde la población civil queda atrapada entre los actores armados.
Por ello, la Fiscalía ha pedido a la oficina del Alto Comisionado de Paz que se reactiven las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba; Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño; y Javier Alfonso Velosa o Jhon Mechas. Se trata de los máximos comandantes del EMBF y, como negociadores con el Gobierno, tienen el estatus de gestores de paz, que suspende las medidas judiciales en su contra. La Oficina es quien detemrina ese estatus.
