Ismael Rodríguez, un niño de 11 años, es la última víctima de la violencia contra los guardianes de las prisiones de Colombia. Fue asesinado el miércoles en la vía Neiva-Rivera, en el suroccidente del país. Unos hombres dispararon desde una motocicleta contra el vehículo en el que viajaba con su papá, recién nombrado director de la cárcel de la ciudad de Neiva, y dos compañeros de trabajo. Los adultos se dirigían al centro penitenciario, pero antes iban a dejar a Rodríguez en la escuela: era el primer día de clases tras las vacaciones navideñas. El niño recibió un impacto de bala en la cabeza. Su muerte ha conmocionado al departamento del Huila y ha producido una ola de reclamos para que las autoridades tomen medidas contra la violencia que sufren los funcionarios penitenciarios.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) informó del atentado en la mañana del miércoles. Relató en un comunicado que hubo alrededor de seis balazos y que, además del niño de 11 años, resultó herido uno de los adultos. “El subdirector de la cárcel recibió dos (2) impactos de arma de fuego, uno a la altura del abdomen y otro del tórax. El menor de edad e hijo del director recibió un impacto de bala en la cabeza”, se lee en el texto. Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de Neiva. Allí, el niño falleció y el funcionario penitenciario quedó ingresado en cuidados intensivos. Los otros dos adultos, el director y un dragoneante que conducía el vehículo, salieron ilesos.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, expresó su desconcierto a los pocos minutos de enterarse de la noticia. “El director de la cárcel lleva 10 días [en el cargo]… nos sorprende esa situación”, dijo en declaraciones a la prensa. Explicó que la única señal de alarma que existía era una denuncia que había hecho el subdirector, Renato Solano, quien llevaba varios años en el centro penitenciario y había estado a cargo de manera interina hasta la llegada de Rodríguez. “Hay una amenaza, por decirlo de alguna manera, muy gaseosa o muy abstracta del 2023, sobre la cual no se generó ninguna alerta. No tenemos absolutamente nada más que eso”, subrayó.
El alcalde de Neiva, Germán Casagua, también hizo referencia a esta denuncia de 2023 tras un consejo de seguridad con autoridades judiciales y policiales. “Es lo único que sabemos”, comentó en una entrevista con Blu Radio, antes de aclarar que eso no significa decir que la amenaza esté relacionada con el atentado. Asimismo, reveló que los funcionarios no tenían medidas de protección: no viajaban en un vehículo oficial, sino en el carro particular de un dragoneante que pasaba a buscarlos para ir juntos al centro penitenciario. “Lo que nos expresa la Unidad Nacional de Protección [UNP; la entidad a cargo de la seguridad de personas amenazas] es que ya esa investigación por la amenaza de 2023 se había cerrado”, declaró.
Esta falta de medidas de prevención ha llamado la atención en un contexto en el que Colombia enfrenta altos niveles de violencia contra funcionarios penitenciarios: el INPEC registró el año pasado que 347 fueron amenazados, 14 resultaron heridos en atentados y otros 8 fueron asesinados. La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que el atentado “no puede ser atendido como un caso aislado” y recordó otros casos, como el asesinato del director de la Cárcel Modelo de Bogotá en mayo de 2024. “La persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección. Reiteramos la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y protección del cuerpo de custodia y vigilancia del personal penitenciario”, enfatizó. La Procuraduría, por su parte, anunció que indagará si existían medidas de protección adecuadas y cómo se evaluaron los niveles de riesgo.
Las autoridades se han desentendido de la responsabilidad. “El nuevo director y el subdirector no tenían medidas de protección en su momento, lo ideal es que le pregunten al INPEC. Ambos pertenecen a la planta del INPEC”, declaró la UNP en un mensaje que difundió a la prensa. El instituto penitenciario, por su parte, afirmó lo contrario. “No tenemos capacidad legal para disponer esquemas de protección. Nuestros funcionarios del cuerpo de vigilancia están destinados al cuidado y la protección de personas privadas de la libertad”, comentó el subdirector, Rolando Ramírez, en Noticias Caracol. “Para que alguien tenga derecho a un esquema de protección, tiene que haber un proceso en la UNP, con una denuncia y un proceso de evaluación (…). El simple hecho de ser director de un establecimiento de alta o mediana seguridad no significa que se implementen medidas”, agregó antes de pedir que se considere una reforma que les otorgue una protección mínima.
Fernando Tamayo, profesor de la Universidad de los Andes, traza un panorama lúgubre para resolver la problemática. “Más protección no es una solución plausible. Con la cantidad de amenazados que hay, los costos serían imposibles: no hay plata para que el Estado pueda garantizarle un esquema a cada funcionario del INPEC, fiscal o juez que lo necesita. Las soluciones deben ser estructurales al problema y no de corto plazo para cada caso”, evalúa en una llamada. Señala, por otro lado, que es difícil saber por qué la violencia en contra de los guardianes se ha recrudecido desde hace unos dos años. “Se menciona una disputa por el control de las extorsiones, pero la información es muy reducida. No conozco un informe que nos permita saber cuáles son las organizaciones en cada cárcel y qué intereses se disputan”, apunta.
El experto cuestiona las medidas que tomó el INPEC en los últimos años para hacer frente a la crisis: limitar las visitas de los externos y, en general, los contactos con el mundo exterior. “Puede tener un efecto en algún nivel, pero es muy mínimo”, afirma. Enfatiza que las cárceles reflejan las condiciones del mundo exterior y termina con una conclusión pesimista: “Es difícil pensar en una solución a corto plazo cuando conectas la problemática con las operaciones en la frontera, los negocios transnacionales, la trata de personas, la minería ilegal. Las soluciones implican procesos de largo aliento, como llevar educación, trabajo y garantías de salud a las regiones más golpeadas por la violencia”.
En el medio, quedó Ismael Rodríguez. Su profesora de natación lamentó que no volverá a verlo en sus clases, un amigo de la familia recordó que le encantaban “las fiestas de San Juan y San Pedro”, un periodista deportivo relató la emoción que sintió el joven cuando conoció a los jugadores de la selección colombiana de fútbol en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El alcalde de Neiva, por su parte, resumió el estupor social: “Uno no entiende estas circunstancias. ¿Cómo puede suceder esto con un niño de esta edad, que no tiene que ver absolutamente nada con ningún tema? ¿Cómo puede ser que estos criminales no midan en estas circunstancias? Esto genera una indignación muy grande”.
