La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no es nueva. El choque actual, y creciente, se debe al alza en la tarifa de TransMilenio, el sistema de transporte público de Bogotá, decretado por el Distrito. Este martes, el Ministerio de Transporte ha cuestionado el incremento a 3.550 pesos—350 pesos más que en 2025, un alza del 10,94 %— y ha anunciado que solicitará, junto con la Superintendencia de Transporte, el desglose técnico que sustenta la decisión, que entrará en vigor este miércoles 14 de enero.
“El incremento del salario mínimo vital decretado por el Gobierno Nacional, no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de $350 en la tarifa de TransMilenio” ha señalado el Ministerio en un comunicado de prensa, en referencia al aumento del 23% del salario mínimo para 2026, hasta dos millones de pesos (unos 540 dólares). Se trata de una respuesta a los argumentos de la administración local, tras varios días de rifirrafe en redes sociales entre Petro y Galán, así como entre funcionarios de ambos gobiernos.
La ministra de Transporte y antigua concejal de la capital, María Fernanda Rojas, ha profundizado la argumentación. “No se puede soportar [el alza] en el aumento del salario mínimo como si fuera el único elemento que influye en la tarifa”. Ha recordado que inciden otros factores como la inflación, la eficiencia operativa del sistema, la gestión contractual o los subsidios. Rojas ha resaltado que el Gobierno nacional cofinancia la adquisición de buses eléctricos para Bogotá y el municipio vecino de Soacha, por lo que considera legítimo solicitar una revisión detallada de la metodología y los factores que justifican el aumento, aunque la decisión final sea del Distrito.
La respuesta no se hizo esperar. El secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, ha reprochado en su cuenta de X la solicitud del ministerio, y ha acusado al Gobierno de politizar la discusión: “Es increíble que en lugar que buscar soluciones quieran convertir esto en un tema contra Carlos Fernando Galán y TransMilenio”. Ha añadido que un incremento similar se ha registrado en todo el país, “incluso donde el transporte es operado por empresas estatales”, y ha pedido al presidente no convertir el debate en “un pleito político”. Silva ha pedido instalar una “mesa de trabajo” con los ministerios de Transporte y Hacienda para “buscar soluciones”.
La gerente de la empresa TransMilenio, María Fernanda Ortiz, ha adoptado un tono más conciliador. En declaraciones a EL PAÍS ha tildado la solicitud de “natural y normal”. Ha asegurado que la empresa está dispuesta a presentar los documentos técnicos con “rigurosidad” una vez reciba la comunicación formal. “Desde el Gobierno pueden y deben hacer el monitoreo y el seguimiento debido, y nosotros estamos siempre dispuestos a conversar y dar las explicaciones requeridas”, ha afirmado.
Ortiz recuerda que el incremento inicial para 2026 era de 200 pesos (7,8%), lo que habría dejado el pasaje a 3.450 pesos. Ese cálculo fue presentado en noviembre de 2025 ante el Concejo de Bogotá, que lo aprobó, y se basó en una inflación del 5,3%, un incremento del 15% en el diésel y 10% en el gas, y un aumento del 11% en el salario mínimo, además del valor del índice de precios de productor asociado a bienes y servicios como repuestos, mantenimiento, neumáticos u otros. Explica que el aumento del 23% decretado por el presidente Petro en diciembre alteró las proyecciones y empujó el ajuste hasta los 350 pesos.
Según datos de la empresa, algo similar ha ocurrido en otras ciudades. En Cali, el pasaje subió 300 pesos (9,38%), hasta 3.500 pesos; Medellín evalúa llegar a los 3.800, lo que representaría una subida de 450 pesos (13,11%); en Bucaramanga subió 600 pesos (22%). “La presión fue muy fuerte cuando se anunció el salario mínimo”, ha señalado Ortiz.
TransMilenio cuenta con 35.000 empleados. El 87% gana menos de dos salarios mínimos: el 34% gana uno y el 53% gana entre uno y dos. “Es un servicio muy intensivo en personal y necesariamente su salario incrementa”, ha explicado la gerente. Según sus cálculos, el 20% de los 6,9 billones de pesos que cuesta la operación anual, crece directamente con el salario mínimo. Por eso, explica, TransMilenio necesita 150.000 millones de pesos adicionales para mantener el equilibrio entre costos e ingresos que tenían proyectado para 2026 antes del anuncio del incremento de salario mínimo. El aumento adicional de 100 pesos en el pasaje cubre 100.000 millones de pesos, y el Distrito asumirá los 50.000 millones de pesos restantes.
Transporte con déficit estructural
TransMilenio tiene un déficit estructural y es un servicio parcialmente subsidiado: el costo de movilizar a una persona es de 5.840 pesos, por encima del valor del pasaje de 3.200 pesos hasta este miércoles. La diferencia, un 40% del costo real, la cubre el Fondo de Estabilización Tarifaria, cuya deuda ronda los 3,1 billones de pesos y que el Distrito financia con dineros propios cada tanto. Para ayudar a aliviar esa carga, el sistema avanza en la renovación de su flota con buses eléctricos, más eficientes y menos costosos de operar que los de diésel.
Justamente sobre este punto se produjo otro cruce entre el presidente y el alcalde. El pasado 1 de enero, Petro aseguró vía X que la Nación disponía de 1,5 billones de pesos para la compra de una flota eléctrica que reduciría los costos por pasajero, pero advirtió que el aumento del pasaje haría que esa inversión “no valga la pena” al incrementar el déficit. Ortiz, sin embargo, explica que el monto comprometido para esos 269 buses eléctricos es menor, de unos 930.000 millones de pesos, con desembolsos que se realizarán entre 2027 y 2040. “Por eso el alcalde respondió que sí tenían más recursos para el Distrito, eso ayudaría a tener una tarifa distinta”, ha dicho la gerente, agregando que esa conversación no ha pasado de anuncios en redes sociales.
El Distrito advierte de un riesgo adicional: un nuevo aumento de la tarifa si suben los precios del combustible. Ortiz señala que las importaciones de gas anunciadas por el Gobierno en septiembre podrían afectar los costos de los 2.400 vehículos a gas natural que opera el sistema. La Alcaldía ha pedido que TransMilenio sea priorizado en la distribución del combustible, como ocurrió con el consumo residencial, pero aún no ha recibido respuesta. “Ese riesgo sigue latente”, concluye Ortiz.
