Una jueza federal pausó de manera temporal un intento de la Administración de Donald Trump por poner fin a un programa migratorio que ha permitido a miles de familias reunirse legalmente en Estados Unidos mientras esperan la resolución de sus visas. La decisión representa un respiro inmediato para más de 10.000 personas, muchas de ellas niños, que estaban a días de perder su estatus legal y enfrentar una posible separación familiar.
Indira Talwani, jueza de distrito de Boston, emitió una orden de restricción temporal por 14 días contra la terminación del programa conocido como parole de reunificación familiar (FRP, por sus siglas en inglés). La medida estará vigente, por ahora, hasta el 24 de enero y podría extenderse conforme avancen los litigios. El fallo detiene la entrada en vigor de una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que habría revocado el estatus legal de beneficiarios procedentes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
El programa FRP permite que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales entren al país de forma temporal mientras esperan una visa de inmigrante, un proceso que en muchos casos puede tardar años. Durante ese tiempo, los beneficiarios reciben autorización de trabajo, pueden inscribir a sus hijos en la escuela y comenzar una vida estable mientras completan los trámites migratorios.
En diciembre, el DHS anunció que pondría fin a este beneficio argumentando preocupaciones de seguridad nacional y supuestas deficiencias en los procesos de verificación. La agencia sostuvo que el uso del FRP se había desviado de su propósito original y que los recursos destinados a mantenerlo debían redirigirse a otros programas migratorios.
Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes y los propios afectados recurrieron rápidamente a los tribunales. El 29 de diciembre, Justice Action Center y Human Rights First presentaron una demanda en representación de familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, con el argumento de que el Gobierno de Trump no había cumplido con los requisitos básicos de debido proceso al cancelar el programa.
Uno de los puntos centrales del fallo de Talwani fue la falta de notificación individual adecuada. Aunque el DHS afirmó que una publicación en el Registro Federal cumplía con la obligación de aviso escrito, la jueza rechazó ese argumento. En su orden, señaló que no había evidencia suficiente de que los beneficiarios hubieran recibido notificaciones personalizadas por correo, correo electrónico o a través de sus cuentas en el sistema de inmigración.
“Estamos hablando de personas que han intentado seguir la ley”, dijo Talwani. En su resolución, también advirtió que la terminación del programa podría causar un “daño irreparable” a quienes ya habían establecido vidas, empleos y vínculos familiares en el país.
El caso forma parte de una ofensiva más amplia de la Administración Trump para desmantelar programas migratorios creados o ampliados durante el Gobierno de Joe Biden. En meses recientes, tribunales federales han intervenido en múltiples ocasiones para frenar decisiones similares, aunque el Tribunal Supremo ha permitido, de forma provisional, la eliminación de protecciones temporales para cientos de miles de migrantes de varios países.
Para los demandantes, la orden judicial representa un alivio inmediato, aunque temporal. Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, señaló que la decisión evita, por ahora, que familias sean separadas de manera repentina. Abogados de migrantes han mencionado que muchos de los beneficiarios del FRP están a semanas o meses de completar su proceso para obtener la residencia permanente.
El Gobierno, por su parte, insiste en que tiene autoridad legal para terminar el programa en cualquier momento. Funcionarios del DHS reiteraron que el parole migratorio no otorga un estatus permanente y que puede revocarse según lo determine la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
