¿Qué de bueno puede salir del experimento de una Asamblea Nacional Constituyente en los tiempos que corren? Esa pregunta parece tener una respuesta evidente según la orilla en la que usted se ubique, ya sea del lado de Petro o bien del lado del antipetrismo. Para los primeros, una Constitución reformada o una nueva carta magna es la garantía de que Colombia dejará de ser uno de los países más desiguales del mundo para convertirse en el paraíso terrenal. Para los segundos, una Constitución reformada es, palabras más palabras menos, el camino seguro hacia la venezolanización de Colombia. Estos últimos tienen fundamento para sus angustias, pues la consolidación de la dictadura de Chávez/Maduro se dio gracias a un cambio de Constitución; sin embargo, otros países que estuvieron en manos de gobiernos de izquierda, como los casos de Ecuador y Bolivia, también tuvieron cambio de Constitución y aunque en un primer momento se creía que iban a ser la consolidación de los proyectos de izquierda, al final no consolidaron nada, así como tampoco convirtieron a esos países en lugares menos pobres o desiguales.
Motivos para cambiar la Constitución Política de Colombia hay muchos. Otra cosa es que el Gobierno prefiere hablar en genérico en vez de señalar directamente los puntos que fallan en nuestra carta política. Desde la Casa de Nariño hablan de hacer una nueva Constitución como si un texto (el que sea) fuera capaz, tras su promulgación, de hacer una revolución en la forma en que se vive en nuestro país. Como si la actual Constitución fuera la culpable del desbarajuste social y de seguridad. Como si el texto de 1991 tuviera responsabilidad en el narcotráfico y el contrabando. Como si la carta que nació gracias a la concertación entre las corrientes políticas más diversas, incluyendo al recién desmovilizado M-19, fuera la culpable de la corrupción que ahoga al país.
El Gobierno bien podría decir que vale la pena reformar la Constitución para acabar con el perverso sistema de elección de magistrados que termina politizado por cuenta de la votación que tiene que hacer el Congreso de la República. O que los nominados a magistrados de las altas cortes no deberían ser exfuncionarios del gobierno que los postula, pues esto también contamina con política a los altos tribunales.
Así mismo podrían decir que hay que reformular el texto de nuestra carta política para acabar con las contralorías municipales y departamentales que no son más que oficinas encargadas de engavetar y dar cristiana sepultura a los evidentes hechos de corrupción que cometen los mandatarios locales. Es más, también podrían decir que hay que reformar la Contraloría General de la República que hace lo mismo, pero a gran escala: tapa los entuertos del Gobierno que ayudó a poner al Contralor.
Podrían decir que lo que quieren es que ahora seamos un país con un sistema parlamentario, donde los partidos tengan que hacer acuerdos políticos de frente y donde los partidos representen ideas y no a personajillos de la política como lo vemos con Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, Germán Vargas Lleras o César Gaviria, que son dueños de unos logotipos, pero no de ideales. En fin, podrían decir mucho para darle sentido a su convocatoria, pero no lo harán. Porque ellos saben que un texto no cambia nada. ¿O acaso los venezolanos son más prósperos gracias a la Constitución de Chávez?
