Bastaron 34 minutos para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutara una de las operaciones de deuda más grandes y controvertidas de la historia de Colombia. Entre las 8.45 y las 9.19 de la mañana del pasado viernes 19 de diciembre, el despacho vendió bonos soberanos (TES) por 23 billones de pesos (unos 6.000 millones de dólares) a un único comprador extranjero anónimo, sin especificar las tasas que lograron y por fuera del canal habitual de subastas abiertas —u holandesas, en la jerga— que permiten que varios actores compitan y así se logre un precio justo. El ministerio encabezado por Germán Ávila renunció a una puja que normalmente abarata el costo de endeudarse y aceptó tasas más altas que las del mercado, dicen los expertos consultados, en una decisión que traslada una carga monumental a los colombianos durante los próximos 15 años.
El objetivo principal del Gobierno se logró: liquidez para una Tesorería de la Nación que estaba sin dinero. Hacienda recibió en total 23,6 billones de pesos en efectivo gracias a su forma de vender los bonos. Ese respiro de hoy es el que se convierte en una deuda muy cara: la factura completa sumará 49,5 billones en 2040, más del doble de los 23,6 billones que ingresan. El 53% de esos pagos se destinarán a los intereses que remunerarán al prestamista incógnito y elegido a dedo, según cálculos de EL PAÍS con datos de la Bolsa de Valores de Colombia y el Banco de la República.
El negocio consistió en cuatro emisiones de bonos, con vencimientos en 2029, 2033, 2035 y 2040. Cada uno salió con tasas efectivas muy altas. El de más largo plazo se adjudicó a intereses anuales del 13,32%, los más altos de la jornada. En promedio, la tasa fue del 13,15%, una brecha notoria frente al 12,65% que marcó el mercado horas después de la gigantesca operación. Es una diferencia de 50 puntos básicos que parece mínima, pero en un monto tan alto equivale a una hemorragia: según cálculos de EL PAÍS, ese medio punto le costará al país cerca de dos billones de pesos adicionales en intereses durante los próximos 15 años.
“Es el costo de operar fuera del mecanismo abierto, una decisión que busca maquillar el déficit y asegurar dólares, pero que compromete el presupuesto de tres administraciones y erosiona la confianza técnica que Colombia tardó décadas en construir”, sentencia Juan Ricardo Ortega, exdirector de Crédito Público, cargo que hoy ostenta Javier Cuéllar, a quien en los pasillos de los grandes bancos llaman Mi Director, según relató Bloomberg. La apuesta por deuda costosa llega después de que el Gobierno cancelara, a comienzos de octubre, la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, un salvavidas que ofrecía dólares a tasas cercanas al 6%. Ese mecanismo, que no se usa para gasto, era un seguro de confianza con el que el Banco de la República blindaba las reservas.
Un exministro de Hacienda que también controvierte el movimiento es, precisamente, a quien en el medio se le reconoce como impulsor de la profesionalización del manejo de deuda en Colombia: José Antonio Ocampo. El antiguo miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro —quien ha dicho que fue un error designarlo al iniciar su mandato— comenta que es una “operación atípica porque los TES están diseñados para operar a través del mercado”. Todas las fuentes consultadas, como los exministros Mauricio Cárdenas y José Manuel Restrepo, coinciden en la impertinencia de una operación así.
Crisis reputacional
Ana Fernanda Maiguashca, excodirectora del Banco de la República, toca una fibra que duele en las mesas de dinero: la previsibilidad. Su primera objeción ante la operación es de método: aun si se argumenta que se colocó “a precio de mercado”, este “no se formó en el mercado”. La diferencia no es semántica: en una subasta abierta, la competencia define el precio; en un trato privado con un único actor, no es claro si había una mejor alternativa para el Estado.
El segundo reparo es que la operación rompe un acuerdo implícito con quienes suelen comprar la deuda: los llamados creadores de mercado, que en el caso colombiano son los fondos de pensiones y los bancos. Durante años, estas entidades han sostenido la liquidez del Estado a cambio de comprar TES en subastas transparentes. Este antecedente les deja un mensaje desalentador. Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores, matiza el diagnóstico —“se entiende la intención de evitar que las tasas se disparen y dar estabilidad en medio de ataques especulativos”—, pero advierte que nada es gratis. “Estas operaciones compran estabilidad por unos meses, pero el costo se acumula: menor transparencia, trato desigual y un mercado más fragmentado”, explica.
El análisis de Hernando Zuleta, decano de Economía de la Universidad de los Andes, pone nombre al daño de fondo: asfixia presupuestal. Aunque aclara que esta emisión equivale solo al 2% del total de la deuda de la Nación, el riesgo no es solo la factura, sino el precedente: “Hará que cada vez que el Estado tenga que refinanciar los bonos que vencen, se haga a tasas muy altas”, advierte, señalando que el Gobierno ha anclado el costo de la deuda a niveles de emergencia.
Es un efecto dominó: al validar intereses tan altos, el Estado pierde credibilidad para negociar más barato en el futuro. La consecuencia es una senda de tasas que compromete el margen de maniobra de las próximas administraciones, que quedarán con las manos atadas y el presupuesto hipotecado para pagar una deuda que el afán está cerca de convertir en impagable. Ortega es severo: “Pagar el 13,15% en pesos es muchísimo dinero, es un regreso a la imprudencia en un país que, en tiempos de cordura financiera, se financiaba al 6%”.
Su diagnóstico es lapidario: “Esto es el Enron de las contabilidades de las naciones”, dice, aludiendo al escándalo que hundió a la energética estadounidense por ocultar pérdidas con trucos contables. ¿Por qué? Porque la maniobra no solo vende los bonos baratos, sino que convierte en pesos los más de 6.000 millones de dólares, lo que empuja la tasa de cambio a la baja (el peso se aprecia casi un 3% en los últimos cinco días) y deja una foto más bonita del cierre de año. Esa revaluación también se usa para que la deuda externa parezca menor, aunque la realidad no cambie (o incluso suba en términos de los intereses, como señaló La Silla Vacía). “Hacienda ha preferido una cifra estética para la galería internacional a cambio de una condena de intereses que arruinará el futuro”, aquilata Ortega.
Si bien la operación se cerró en 34 minutos, tuvieron que pasar 96 horas para que se supiera quién era el comprador anónimo de los 26 billones. Se trata de Pimco, un jugador considerado sofisticado en el mercado global de renta fija. Con sede en Estados Unidos y bajo el paraguas del grupo alemán Allianz, es uno de los nombres más influyentes en el negocio de bonos soberanos. Hacienda reveló su identidad este martes en la mañana. La firma declinó hacer comentarios a EL PAÍS. Cuéllar, arquitecto de las arriesgadas estrategias durante 2025, tampoco quiso hablar para este reportaje.
