En Colombia, la niñez no está segura en la escuela. Desde 2017 se ha registrado, en promedio, un ataque contra un entorno escolar cada cuatro días. La cifra, recogida por la justicia transicional y la más alta de toda América Latina, alerta como los niños, niñas y adolescentes se ven obligados a educarse entre amenazas, balaceras y un riesgo latente de reclutamiento. Todo ello ocurre en uno de cada cuatro municipios de un país que firmó la Declaración sobre Escuelas Seguras en 2022, un compromiso político global para proteger a la niñez y sus ambientes escolares del conflicto armado.
La reciente muerte de al menos siete menores de edad en un bombardeo contra miembros de las disidencias de las extintas FARC en el Guaviare volvió a poner en el foco la vulnerabilidad de los menores de edad en Colombia que, especialmente en las zonas rurales, demuestra la incapacidad del Estado para garantizar su derecho a la educación protegiendo sus espacios educativos. Un vídeo recopilado por el Consejo Noruego de Refugiados (CNR) en el que se observan varios niños con uniformes escolares sentados en una hilera, mientras su respiración agitada se confunde con el ruido de las ráfagas de fondo, demuestra que el reclutamiento forzado es apenas una arista de la situación y que, como identificó el estudio, es una práctica estrechamente relacionada con la violencia alrededor de los entornos educativos.
Lo que se ve en las imágenes, que ocurrió en el noreste del país, se repite a lo largo y ancho de Colombia, y es uno de los más de 50 incidentes violentos registrados por CRN este año, cuando la organización humanitaria registra un incremento del 65% en el número de víctimas con respecto al mismo período de 2024. Esta cifra sitúa a Colombia en el cuarto lugar en el ranking global y en el primero en el hemisferio occidental, con 363 ataques entre 2022 y 2023, tan solo superado por Palestina (1.055), Ucrania (745) y la República Democrática del Congo (448). Uno de cada cuatro municipios del país ha sufrido un incidente de este tipo.
Los ataques a la educación, sin embargo, van más allá de la violencia armada explícita; las oenegés han identificado que las estructuras criminales también buscan utilizar las aulas y las clases para incidir en la población. “Varios grupos armados no estatales asumen funciones de provisión de bienes públicos, en particular en el ámbito educativo (…) Estas prácticas no se limitan a la infraestructura: también incluyen la imposición de contenidos pedagógicos y lineamientos curriculares con fines de adoctrinamiento”, explica un informe del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal pactado por el Estado y las FARC en 2016 para dar cierre a los casos más graves de los delitos más representativos del conflicto armado.
De acuerdo con lo recolectado por los investigadores, los docentes se han convertido en objetivo de los delincuentes, ya que en muchas regiones asumen un liderazgo social local. Esa relevancia parece resultar incómoda para las estructuras criminales que buscan control social. Conforme al documento, Colombia es el segundo país que reporta más crímenes contra docentes, con 388 ataques desde la firma del Acuerdo de Paz hace ocho años. Las principales formas de agresión son las amenazas de muerte y los homicidios selectivos, convirtiendo la docencia en una profesión de riesgo.
Esfuerzos insuficientes
En el papel, el Estado colombiano ha adoptado varias medidas para evitar esa violencia. La implementación de la Declaración de Escuelas Seguras, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha avanzado a un ritmo parsimonioso, entre otras, por los cambios constantes de funcionarios.
Daniel Vega Pinzón, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos y DIH de Cancillería, defiende los progresos. “La Declaración pega un sacudón en términos de reactivación institucional. Durante el 2023 se construyó un plan de acción y, aunque al inicio costó un poco la articulación, en Cancillería tomamos la batuta. Desde mayo consolidamos una mesa de seguimiento y ya hay cinco mesas temáticas que trabajan con muchos ministerios”, explica. Destaca pasos clave, como la incorporación de medidas contenidas en la Declaración en algunas directrices del Ministerio de Defensa.
Pero eso está lejos de ser suficiente, según las organizaciones expertas. “Hay al menos 1.500 instituciones en alto riesgo. Poco a poco conseguimos enfocarnos en las de 12 municipios, pero es insuficiente ante el crecimiento de los grupos armados ilegales y de los ataques”, detalla Felipe Cortés, director de incidencia de la oenegé Save The Children. Esa oenegé ha pedido al Gobierno que construya una metodología nacional de monitoreo y que destine recursos para prevenir y responder a los ataques. En paralelo, subrayan la necesidad de considerar otros ángulos: la reparación y la reconstrucción. Asimismo, Cortés señala que es necesario romper con la impunidad. “Junto a otros actores, estamos participando en una iniciativa legislativa para que se cree un tipo penal relacionado con los ataques a escuelas que permita realizar una investigación mucho más precisa y pormenorizada”, sostiene.
