Se cumplen cuarenta años de una de las mayores tristezas de la historia de Colombia que aún hoy, todo este tiempo después, sigue pesando sobre nuestra vida como nación. Ahora que el aniversario ha devuelto la atención del país a las preguntas que no han sido resueltas sobre los motivos del asalto, así como a los responsables de todas las decisiones de la toma y la retoma, y la búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió durante esos dos días, el principal objetivo debe ser que las víctimas, la justicia y la memoria estén en el centro de la discusión.
El mayor obstáculo que hoy enfrenta la verdad no solo es la falta de avances en el proceso de investigación sino las narrativas que desde la política se han construido. Durante años, la derecha colombiana ha celebrado el rol que las distintas unidades del Ejército y la Policía cumplieron en la operación de retoma del Palacio de Justicia, que inició muy pocos minutos después del ingreso del M-19, cuando soldados del Batallón Guardia Presidencial respondieron al ataque. El relato desde sectores de la derecha ha consistido en presentar a la fuerza pública como salvadora de la democracia, lo que desconoce todas las denuncias por los excesos e irregularidades que se cometieron en la retoma y la forma en que ignoraron llamados de las ramas judicial y ejecutiva para detener la masacre. Por otro lado, la narrativa desde un amplio espectro de la izquierda colombiana –incluido el partido que hoy gobierna nuestra nación– ha sido señalar a la fuerza pública de todos los horrores y exculpar al M-19 de su responsabilidad en lo ocurrido. De hecho, a lo largo de los años, incluida una muy reciente ocasión, el ahora presidente Gustavo Petro se ha referido a la toma como una “genialidad” militar de la guerrilla.
Es desconcertante pensar que desde el criterio de un dirigente sea posible decir que el ataque al Palacio fue una “genialidad” cuando en realidad fue todo lo contrario. De entrada, se trató de un plan construido sobre la toma de civiles desarmados como rehenes, un crimen sobre el cual nadie debería hablar con ambigua admiración. Además, el asalto dejó casi cien muertos, acabó temporalmente con una rama del poder público y dejó a todo el país en el más doloroso luto. Lejos de corresponder a una genialidad militar, como varias veces ha dicho el presidente, la toma fue uno de los peores errores cometidos durante el conflicto: fue un capítulo de horror para cientos de víctimas, significó la crisis más compleja que ha enfrentado la rama judicial en toda nuestra historia, y representó una absoluta estupidez desde el punto de vista estratégico.
Tampoco puede hablarse de heroísmo ni de recuperación de la democracia durante las más de 24 horas que duró la retoma. Existen pruebas y testimonios que demuestran que, durante la desmedida operación, la fuerza pública incurrió en torturas, detenciones ilegales y desapariciones forzadas. El segundo piso de la Casa del Florero se convirtió en un centro de identificación de ‘especiales’ (como el lenguaje militar de la época denominaba a los sospechosos) y varios fueron trasladados a centros de detención y tortura en unidades militares como el Cantón Norte y el Batallón Charry Solano. También, varios de los sobrevivientes del baño que fue el último lugar donde el M19 se atrincheró con sus rehenes recuerdan que, al escuchar los pasos de los militares, les gritaban y les rogaban que no dispararan más. La respuesta solo fue el aumento de la intensidad del fuego y el uso de armas de cada vez mayor calibre que no solo no protegieron las vidas de los civiles, sino que llevaron a la muerte de varios de ellos.
A la hora de recordar a las víctimas y el dolor enorme que esta tragedia ha causado a nuestra nación, debemos rechazar dos tendencias que toman fuerza en el debate del país: la glorificación de una operación militar durante la cual se vulneraron tantos derechos de quienes se encontraban en el Palacio y la reescritura de la historia para restarle culpas al M-19 por el asalto que empezó bajo su entera responsabilidad. La construcción de memoria es un ejercicio profundamente delicado que en ningún momento debe ser permeado por la fabricación de narrativas que desde la política buscan favorecer a los afines y señalar a los rivales. Y debemos cuestionar especialmente cuando estas versiones cargadas de propaganda son impulsadas desde los cargos de más alto poder.
Ahora que el presidente Petro insiste en defender que la bandera del M-19 sea ondeada y su historia sea reescrita, más debemos apegarnos a toda la evidencia que existe sobre los horrores que se cometieron desde el primer minuto de la toma del Palacio. Lo acontecido hace cuarenta años no fue ni una “genialidad” de la guerrilla, ni la retoma fue una impecable recuperación de la democracia. En cambio, se trató de un ataque directo a la democracia que abrió una de las heridas más profundas de nuestra historia y que deja cada día más preguntas acerca de sus motivos y sobre la respuesta de la fuerza pública. Lejos de las voluntades de los poderosos y sus narrativas, el dolor solo podrá ser redimido por la memoria y la justicia.
