Chantille Manuel ha dedicado los últimos cinco años a transformar su vida.
Esta residente de Florida logró recuperarse de su adicción, perdió más de 64 kilos y emprendió su propio negocio: un salón de belleza.
A pesar de todos estos logros, Manuel ha tenido dificultades para alimentar a su familia y depende de la asistencia social, tanto de iglesias locales como del gobierno estadounidense, para subsistir.
“No quiero depender de nadie, quiero ser autosuficiente”, afirma.
Ella es una de los más de 40 millones de estadounidenses que podrían quedarse sin asistencia alimentaria esencial después del sábado, debido al cierre parcial del gobierno por la incapacidad del Congreso para llegar a un acuerdo sobre nueva financiación.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es utilizado por uno de cada ocho estadounidenses, incluida Manuel, y desempeña un papel fundamental en la forma en que muchas personas compran sus alimentos.
Funciona mediante la entrega de tarjetas de débito que el gobierno recarga generalmente cada mes y que las personas pueden usar para comprar alimentos.
Pero los funcionarios encargados del programa adelantan que no contarán con los fondos necesarios para pagar la totalidad de las prestaciones a partir del 1 de noviembre.
Manuel gastó lo último de su dinero del programa SNAP de octubre la semana pasada en artículos como café, crema para café y atún.
No pudo detenerse a pensar si el gobierno encontraría una solución antes del sábado, cuando realizó sus compras.
“Estará disponible o no estará”, asume. “Así que mejor compro lo que necesito ahora mismo”.
A principios de este mes, el gobierno de Donald Trump se negó a utilizar un fondo de contingencia que habría permitido continuar con las prestaciones, argumentando que este fondo es necesario para posibles emergencias como desastres naturales.
Un “salvavidas crucial”
En cualquier caso, incluso esos fondos de contingencia no serían suficientes para resolver completamente el problema.
Solo cubrirían alrededor del 60% de un mes de prestaciones, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP, por sus siglas en inglés), un centro de estudios especializado en políticas que ayudan a las familias de bajos ingresos.
Demócratas y republicanos han discrepado sobre el uso de los fondos de contingencia para, al menos, aliviar la situación.
Los demócratas argumentan que el gobierno de Trump ya ha asegurado financiación para otros servicios esenciales durante el cierre del gobierno -como el pago a los miembros de las fuerzas armadas-, por lo que podría hacer lo mismo con el programa SNAP.
Los republicanos del partido de Trump, por su parte, afirman que SNAP recibirá financiación nuevamente si los demócratas reabren el gobierno, en un intento de culpar al partido de la oposición de un estancamiento que ya dura cinco semanas.
El martes, los demócratas en el Senado de EE.UU. presentaron un proyecto de ley para continuar financiando SNAP durante el cierre. Aún no está claro si cuenta con los votos suficientes para su aprobación.
Mientras los legisladores en Washington siguen culpándose mutuamente, la “red de seguridad fundamental” de SNAP pende de un hilo, afirma Hanna Garth, profesora de la Universidad de Princeton que estudia la inseguridad alimentaria.
“Muchos usuarios ganan muy poco dinero, incluso trabajando”, señala. Así, se convierte en un salvavidas crucial que evita que las familias caigan en la pobreza extrema.
También puede ser el factor decisivo que permita a algunas familias superar el umbral de la pobreza.
“Es realmente difícil, es muy angustiante”
Un martes soleado, una decena de voluntarios llenan un espacio de empaquetado en el almacén del banco de alimentos All Faiths en Sarasota, Florida.
El año pasado alimentaron a más de 80.000 personas, y la necesidad en la zona sigue creciendo, señala Nelle Miller, directora ejecutiva del banco de alimentos.
Desde que comenzó el cierre parcial del gobierno el pasado 1 de octubre, el banco de alimentos ha visto un aumento en la cantidad de personas que necesitan comida.
“El año pasado tuvimos tres huracanes aquí. Fue un desastre, pero esta es una tormenta nueva”, dice. “La diferencia es que la gente no se recuperará de inmediato”.
A Miller le preocupa qué sucederá con los 14.000 beneficiarios de SNAP cuando se les acaben los pagos este fin de semana. ¿Necesitarán ellos también la ayuda del banco de alimentos?, se pregunta.
Si bien All Faiths puede redistribuir sus provisiones de comida para alimentar a más personas en caso de necesidad, eso significaría que cada persona recibiría menos cantidad, explica.
“Recibir alimentos es un derecho inalienable. Naces en la Tierra, hay suficiente comida para alimentar a todos. Es un problema de distribución”, afirma Miller.
“Simplemente no puedo imaginar negarle comida, agua o aire a ningún ser humano. Es realmente difícil, es muy angustiante”.
Según el CBPP, una familia de cuatro personas recibe en promedio $715 al mes, lo que equivale a poco menos de $6 por persona al día.
Pero Austin Lemmer, como individuo, recibe menos: $295 al mes.
Ya gastó sus beneficios del programa SNAP de octubre y se está preparando para no recibir los del próximo mes.
“Estoy muy ansioso”, expone. “He estado tratando de estirar al máximo la poca comida que tengo, pero hay un límite, especialmente cuando ya vives a base de bolsas de arroz y frijoles enlatados”.
Los estados administran los programas, y gran parte de la financiación proviene del gobierno federal.
Varios estados se han comprometido a usar sus propios fondos para cubrir cualquier déficit. Sin embargo, el gobierno federal ha advertido que no recibirán reembolsos.
Algunos estados, como Florida, han dicho que sus usuarios del programa SNAP perderán los beneficios si no se toman medidas antes del fin de semana.
En un intento por impedirlo, el martes, 25 fiscales generales demócratas de 25 estados, además del Distrito de Columbia, demandaron al gobierno de Trump por su plan de suspender los fondos para la ayuda alimentaria.
Argumentaron que la decisión del gobierno de no utilizar los fondos de contingencia sería ilegal y privaría a millones de estadounidenses de poder comprar comida.
El cierre del gobierno cumplió 29 días el miércoles y es el segundo más largo de la historia.
No se ha logrado ningún avance significativo hacia un acuerdo para reabrir el gobierno.
Esto ha frustrado a muchos beneficiarios de SNAP, como Manuel.
“No creo que los políticos en Washington tomaran la decisión que están tomando si les afectara de la misma manera que nos afecta a nosotros”, lamenta.
“Mientras tengan qué comer, eso es lo que les importa”.
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