La disputa entre La Calera y Coca Cola por la suerte de siete manantiales se prolonga. Hoy un grupo de vecinos del municipio cercano a Bogotá lucha contra el uso considerado inescrupuloso de pozos explotados por la multinacional bajo concesión desde hace 40 años. Esta semana, la Procuraduría pidió a la Corporación Autónoma Regional (CAR) acelerar la decisión, que suma casi un año de trámite, sobre la prórroga del contrato por una década más. Pero los últimos hallazgos de una investigación de la Representante a la Cámara por el partido oficialista Colombia Humana, María del Mar Pizarro, han agitado los ánimos. Y de paso han dado pie a la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, para intervenir: “La ley es clara: el agua para la gente tiene prioridad sobre cualquier uso empresarial”, aseguró en un video publicado en la cuenta de X de la cartera hace unos días.
A las preocupaciones de muchos pobladores por la sequía de fin de año que se acerca, se suman las fotografías difundidas por la congresista de izquierdas. En ellas, se ve una serie de tapas de concreto que, según sus hallazgos, Coca-Cola usa para proteger la boca de algunos de los siete manantiales en cuestión. El ingeniero civil Gelber Gutiérrez, experto en planificación hídrica, zanja el asunto: esta acción contraviene cualquier práctica adecuada de sostenibilidad ambiental, dice a EL PAÍS. Y añade que no hay justificación alguna para defender las láminas en metal con candados que se observan. La multinacional se defiende y asegura que las intervenciones en “mampostería cumplen con las especificaciones autorizadas por la autoridad” o que las “imágenes difundidas no reflejan el estado actual de la infraestructura”.
Pero Gutiérrez, en general, se muestra escéptico. Y concluye que en realidad no existen los citados “criterios técnicos de diseño” para ese tipo de iniciativa. Por el contrario, precisa el experto, la norma deja claro que los “cuerpos de agua deben ser protegidos y se debe respetar la ronda hidráulica, que es una franja establecida a su alrededor para preservar el funcionamiento natural y evitar construcciones que afecten su dinámica”. Pero las denuncias de Pizarro, que abundan en una denuncia de 2023 elaborada por la CAR, no se detienen allí.
La lista de señalados en realidad se desdobla como un juego de espejos. E incluye a la misma CAR, el organismo regulador encargado de otorgar los permisos ambientales. Entre 2006 y 2014, la mexicana FEMSA, embotelladora de Coca-Cola en Colombia, operó, al parecer, sin la autorización requerida. “No se dieron cuenta [la CAR] de que durante ocho años la multinacional extraía millones de litros de agua de siete manantiales sin compensación ambiental”, afirmó la congresista en una entrevista con el periodista de investigación Daniel Coronell que se puede ver en Youtube.
Todo indica que el negocio de Coca-Cola en La Calera es más que lucrativo. La embotelladora, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital, produce unas 420 mil botellas de agua diarias. En contraprestación, según trascendió en una audiencia pública celebrada en mayo, la multinacional paga 11 millones de pesos anuales por impuestos (alrededor de 2,850 dólares a la tasa de cambio actual). Pero la compañía se limita a recordar que cumple con todos los requisitos para explotar el contrato de concesión de aguas subterráneas. Además, refuta la tesis de algunos vecinos que han culpado a la operación de interrumpir o absorber parte del caudal del Sistema Chingaza, una represa cercana que aporta el 70% del suministro a Bogotá.
De la misma forma ha precisado que el servicio para los 28.000 habitantes de La Calera, que depende de la pequeña quebrada San Lorenzo, no tiene relación con el agua subterránea de los predios donde Coca-Cola trabaja para extraer las botellas que comercializa con el sello de Manantial. Ninguno de estos argumentos, sin embargo, es definitivo. Y todos los expertos admiten que aún faltan estudios sólidos: “Tampoco hay que pedir trabajos científicos tan sofisticados para deducir que, muchas veces, la sostenibilidad de los caudales ecológicos se pierde cuando las empresas se extralimitan. En especial en épocas secas, cuando el caudal que llega a las fuentes es muy bajo. Si se extrae directamente desde el nacimiento, las personas que dependen de esas fuentes se quedan sin el recurso”, afirma Gelber Gutiérrez.
Tanto La Calera como Bogotá han padecido de desabastecimientos de agua en los últimos años. El año pasado, sin ir más allá, las dos atravesaron un período de racionamiento. Solo así se entiende que las infracciones ambientales de Coca-Cola en la pequeña vereda Santa Helena, que están bien documentadas, cada vez sean de peor recibo. La primera de ellas, en 1994, fue por embotellar más agua de la autorizada en la normativa. Otro informe posterior, de 2010, señala que la explotación industrial de la empresa habría incidido en la disminución del volumen del caudal. Luego, en 2023, la CAR le advirtió de que era prohibido cementar los manantiales y que debía quitar las cajas de mampostería. Pero un año más tarde la multinacional seguía incumpliendo la orden. Con todo, no recibió ninguna sanción.
No es menos cierto que la empresa, gracias a sus planes de reforestación en la zona, ha logrado reclutar a su causa a algunos vecinos. Por eso, no sorprende encontrar defensores de la marca estadounidense que, en el fondo, se han beneficiado con trabajos en los bosques cercanos. Pero más allá de esa intervención puntual, la mayoría de los habitantes hoy está preocupada por el futuro del agua. “La verdad es que las autoridades ambientales en Colombia no cuentan con las herramientas necesarias para supervisar y sancionar los usos indebidos del agua. Además, están muy politizadas y el sector privado tiene mucho poder para influir en sus decisiones”, lamenta Gutiérrez.
