El poder militar de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos disidentes de las extintas FARC que mantiene diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, se ha hecho visible en la frontera colombo-ecuatoriana por los recientes ataques contra integrantes de la Fuerza Pública de ambos países. Esta semana, mientras el Ejecutivo colombiano anunciaba la suspensión temporal de las negociaciones, las autoridades ecuatorianas se incautaban de 103 bienes que, según la Policía, eran fachadas para el lavado de activos de ese grupo, uno que se expande con fuerza en la triple amazónica, la de los dos países y Perú.
Con más de 3.000 integrantes en armas y una red de milicias rurales y urbanas, los Comandos han extendido su presencia por los departamentos colombianos del Putumayo, Caquetá y Amazonas, fronterizos con Perú y Ecuador, y han llegado a este segundo país, especialmente a la provincia de Sucumbíos. Su principal fuente de financiamiento proviene del narcotráfico: cobran impuestos a cultivadores de coca, dominan laboratorios de procesamiento y participan en el envío de cargamentos hacia Centroamérica y México. Su máximo líder, Giovanny Andrés Rojas, fue capturado en febrero pasado en medio de un ciclo de diálogos con el Gobierno de Colombia por tener una circular roja de Interpol por narcotráfico.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) explica que el grupo “se ha insertado en los mercados ilegales del narcotráfico y la minería ilegal en el norte de Ecuador”, específicamente en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. Desde allí, “han reproducido la lógica violenta que venía protagonizando en Colombia”. La Defensoría del Pueblo colombiana ha advertido desde 2023 que esa frontera se ha consolidado como un espacio de repliegue y abastecimiento, de la mano con el aumento de los cultivos ilícitos en Putumayo y Nariño, y del control de rutas para el narcotráfico hacia el pacífico ecuatoriano.
Dos de sus actuaciones más recientes muestran su poder y su forma de actuar. En mayo pasado, emboscaron y asesinaron a 11 oficiales ecuatorianos que hacían una operación contra la minería ilegal en una emboscada en Alto Punino, en plena Amazonía. Y el 4 de septiembre, integrantes de los Comandos, vestidos de civil, rociaron con gasolina e intentaron quemar vivos a dos militares colombianos, en el municipio putumayense de Villagarzón. El grupo, que no ha asumido su responsabilidad de ninguno de los dos ataques, puso en vilo las negociaciones, busca que el Gobierno no rompa la mesa y mantenga abierta la puerta a dejar las armas a cambio de beneficios judiciales como quedar con expedientes limpios.
Tras los atentados, la presidencia de Colombia ha anunciado una alianza de inteligencia militar tripartita que, según el Ejecutivo, inicio en agosto pasado en Puerto Leguízamo, del lado colombiano y que busca atacar sus fuentes de financiación. Ecuador, entre tanto, ya ha dado sus primeros resultados con lo que es considerado, hasta ahora, como “el operativo contra el lavado de activos más grande de la historia del Ecuador”, como menciona Raphael Hoetmer, de la oenegé Amazon Watch.
La presencia de Comandos en territorio ecuatoriano es reciente. A mediados de 2024 ocurrieron cinco masacres en la provincia de Orellana. Las autoridades las atribuyeron a las disputas entre los Comandos y Los Choneros, la banda criminal ecuatoriana con raíces en el cartel de Sinaloa. La que parecía ser una relación pacífica entre los dos grupos ilegales dio paso a una guerra en la que Comandos han demostrado un poder armado que se ha reflejado en un control social férreo sobre las comunidades fronterizas. Habitantes de Sucumbíos y Orellana denuncian que los Comandos han impuesto reglas sobre el comercio transfronterizo, restringen las ventas y castigan con trabajos forzados o multas a quienes no obedecen. En ese clima, la desconfianza se ha profundizado: muchos evitan hablar del tema o borran mensajes en sus teléfonos para evitar cualquier señalamiento. El grupo ha aprovechado los vacíos institucionales en su disputa por las economías ilegales de la frontera.
Redes transnacionales
Ante ello, las autoridades ecuatorianas han buscado reaccionar. Uno de los golpes más contundentes fue la captura en Emiratos Árabes Unidos de Roberto Carlos Álvarez Guerra, “el Gerente”, y quien, según las fuentes oficiales, dirigía una red que transformaba millones de dólares del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en negocios aparentemente legales, mientras a sus espaldas se acumulaban cadáveres de policías, militares y civiles. Durante once meses, agentes de investigación siguieron el rastro del dinero hasta dar con el corazón financiero de los Comandos en Ecuador.
Según el Ministerio del Interior de ese país, el grupo ha blanqueado más de 313 millones de dólares desde 2015. El resultado fue el operativo Frontera Norte 2, que en la madrugada del 9 de septiembre consistió en 68 allanamientos sobre bienes valorados en 51 millones de dólares. Arrojó también 15 personas detenidas, que se suman a otras 25 previamente capturadas en otros operativos de la acción contra la red de Álvarez, incluidos sus hijos Kerly y Carlos Álvarez, sentenciados a 13 años de prisión por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, armas y lavado de activos.
En toda la investigación, las autoridades ecuatorianas han encontrado un mapa de corrupción que conecta oficinas de papel en al menos siete provincias del país con cuentas en Colombia y España. Se trata de un sofisticado entramado de compañías agrícolas, constructoras, ferreterías, firmas de transporte, bodegas y distribuidoras de combustible. El esquema también incluía haciendas, cabezas de ganado, caballos de paso fino, vehículos de alta gama y departamentos de lujo: una fachada pulida que camuflaba una importante maquinaria criminal. Bajo fachadas legales, Álvarez había extendido su robusta plataforma de lavado de dinero por las provincias clave en la ruta del narcotráfico, donde la violencia golpea a diario a la gente. En el transcurso de un año, la operación dejó cerca de 40 detenidos. “El Gerente”, ha sido procesado y espera su extradición desde Abu Dabi.
Para el bloque de seguridad del Gobierno ecuatoriano, Álvarez no solo es un financista, sino un jefe criminal. Lo señalan de haber ordenado la emboscada de Alto Punino, que ocurrió justo cuando se iniciaba en Quito la audiencia de juicio contra sus hijos. La presión de los Comandos alcanzó a los jueces del caso, quienes fueron investigados por la Fiscalía tras encontrar indicios de que intentaron liberar a los implicados. También se hallaron señales de presunto enriquecimiento ilícito.
Pero la situación es difícil de manejar. Una alerta de oenegés colombianas que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre pasado advierte que entre el 70% y el 80% de la cocaína que sale del sur de Colombia, se transporta después por el Ecuador, con destino al océano Pacífico o a Brasil. Son rutas lucrativas, que Comandos busca controlar con su característico enganche por contratos con hombres en armas que reciben pagos que van desde los 2 millones de pesos colombianos (500 dólares) para los más rasos hasta los $15 millones de pesos (2.500 dólares) para los mandos medios.
Más allá de su presencia militar, lo más difícil de rastrear para las autoridades han sido sus negocios de lavado de dinero. Carlos Fernández, de Amazon Frontlines, concuerda en que en el lado colombiano, específicamente en Puerto Asís y Puerto Leguízamo, “tienen una red de restaurantes, casinos, hoteles, empresas de transporte y hasta oenegés que se sabe que contribuyen con ellos, no solo para mantener el control de la gente, sino para blanquear capitales”. Pese a ello, no se ha hecho un operativo como el reciente en Ecuador y varios de sus principales comandantes han sido nombrados como gestores de paz por el Gobierno colombiano.
Armando Novoa, el jefe de la delegación estatal en esa mesa, ha dicho recientemente que los intentos por consolidar la paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, de la que hacen parte los Comandos, están en vilo. “Si se llegara a verificar la responsabilidad directa de Comandos de la Frontera [en los intentos por incinerar vivos a los militares], el jefe de la delegación le recomendaría al señor Consejero de Paz que la mesa se levante y que el señor Presidente decida en última instancia si esa mesa debe continuar”. Mientras tanto, el grupo más poderoso de la Amazonia colombiana aumenta su poder del otro lado de la frontera que le da su nombre.
