Hace un año la afortunada Daniela Andrade fue nombrada notaria 36 del circuito de Bogotá y gracias a ese generoso nombramiento ordenado por el presidente Gustavo Petro, la ex vicepresidenta de la Fiduprevisora, quien firmó de manera irregular contratos por más de un billón de pesos que sirvieron para aceitar la maquinaria que se roba la plata de la salud, consiguió una especie de jubilación anticipada. ¡Vaya forma de castigar a aquellos que le han hecho daño a los colombianos!
Ha pasado un año desde aquel nombramiento y en pocos días se cumplirán seis meses desde que en W Radio se hicieron las denuncias debidamente documentadas no solo sobre las actuaciones a todas luces ilegales de la abogada Andrade, sino de muchos otros hechos que se dieron en el entorno más cercano del presidente Petro y que están relacionados con una mafia que se ha robado varias veces los dineros de la salud de los colombianos.
Es más, ya van a ser diez meses desde que el ex superintendente de salud, Luis Carlos Leal, presentó a la Fiscalía serias denuncias en donde daba los primeros indicios sobre esa red corrupta que va mucho más lejos de lo que el presidente Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han querido decir (porque ellos saben lo que hay detrás pero curiosamente ante ello no lanzan sus acostumbrados alaridos, sino que callan).
Ha pasado un año y cuatro meses desde que Luz Adriana Camargo asumió la cabeza de la Fiscalía General de la Nación y desde entonces hemos visto como ese organismo, paquidérmico para algunas cosas, se volvió de repente eficiente y eficaz. Sin embargo, esa novísima y emocionante agilidad parece aplicarse solo a ciertos asuntos, mientras que a otros ahora sencillamente se le imprime la velocidad del oso perezoso.
Pensé, tal vez por candidez, que lo que la fiscal Camargo nos quería demostrar a los colombianos era la veracidad de los rumores: que sí hay mucha política en la Fiscalía y que, por ende, sus predecesores Barbosa, Martínez, Morales, Montealegre y demás podrían haber influido para que algunos casos gozaran de particular atención y eficiente investigación, mientras que otros, por intereses político (o quien sabe de qué índole), podían quedarse acumulando polvo en algún despacho ultra congestionado, en manos de un fiscal ultra lento. Si ese era su objetivo, he de confesar que lo ha logrado. Está claro que dependiendo de misteriosos intereses hay casos que van a la velocidad del Shinkansen, mientras que otros van más lentos que el Tren de la Sabana. Cosas de la justicia.
De ser así, felicito la labor pedagógica de la señora fiscal. Era clave que alguien desde el cargo mismo de fiscal general despejara las dudas: hay mucha muchísima política y relaciones públicas en torno a la justicia. ¡Gracias, fiscal Camargo!
Dicho esto, y aprendida la lección, es hora de que algunos casos, como el de la señora Andrade, avancen. Más cuando todos los elementos probatorios están al alcance de su mano. No quisiera pensar que como los arriba mencionados usted también le mete caja de velocidades a investigaciones que deberían servir de ejemplo moralizante para un país arruinado por la falta de ética.
