La justicia penal en Colombia se encuentra atrapada y extraviada en el laberinto de la criminalidad y la ilegalidad política nacional desde hace muchos años. No solo ahora por el juicio y la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años en prisión domiciliaria, revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras resuelva en octubre la apelación interpuesta por sus abogados. La justicia penal está atrapada, casi encarcelada en ese laberinto, desde la eufemística política de sometimiento a la justicia del expresidente César Gaviria para contener el narcoterrorismo de los extraditables y lograr así la entrega de Pablo Escobar. Una entrega que resultó transitoria, pues solo estuvo un año en su cárcel-catedral de impunidad, tolerada implícitamente por Gaviria, lo que facilitó su insólita fuga el 22 de julio de 1992.
Pero el origen del drama de la justicia penal comienza con la incapacidad del Estado colombiano para contener el auge, la prosperidad y la creciente complacencia social con las fortunas procedentes de mercados ilegales. Inicialmente fue el anodino e inofensivo contrabando de mercancías, cuyo paraíso era San Andrés islas, para la felicidad de millones de colombianos que con la anuencia gubernamental adquiríamos todo tipo de electrodomésticos y bebidas espirituosas. Ese familiar contrabando insular se formalizó con numerosas sucursales de San Andresitos en el interior del país. Pero la anuencia gubernamental ya se había expresado en la política cambiaria del Estado con la polémica “ventanilla siniestra” del banco de la República bajo el Gobierno de Alfonso López Michelsen, que canalizó flujos de dineros procedentes de la bonanza cafetera, pero también de mercados ilegales. Luego vino la bonanza marimbera, continúo con el tráfico de cocaína y llega hasta nuestros días con su internacionalización y globalización. Hoy sabemos que tiene en Qatar un punto de intersección donde el actual gobierno explora las posibilidades de someter a la justicia el grupo criminal más poderoso, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, que controla cuantiosas rentas procedentes de mercados ilegales. En ese escenario de criminalidad “interméstica”, por lo internacional y doméstica, la justicia penal colombiana está en limbo, al menos en esta etapa exploratoria, pues ni siquiera existe un marco legal para su aparición en escena.
La extradición de la justicia colombiana
Pero el telón de fondo de ese universo semilegal y criminal que corroe toda la sociedad colombiana es eminentemente político e interestatal y su origen se encuentra en la fracasada “guerra contra las drogas”. Guerra mediada y catalizada por el célebre Tratado de Extradición con Estados Unidos. Un Tratado que en la práctica terminó siendo la extradición de la soberanía judicial del Estado colombiano, pues delegó y sometió al poder punitivo norteamericano el castigo de los más poderosos narcotraficantes y criminales colombianos.
La extradición, pues, ha convertido la política criminal de Colombia en una variable subordinada a los intereses de los Estados Unidos. Una variable cada día más politizada con mecanismos como la descertificación, hoy una pesada espada de Damocles que blande amenazante Trump sobre la cabeza de Petro. Pero, también, una variable política para los presidentes colombianos que la han utilizado a su discreción, como lo hizo Uribe con los paramilitares y Simón Trinidad. Con los primeros, para evitar que terminaran revelando todo el entramado criminal de la parapolítica y la paraeconomía, que afectaría gravemente su legitimidad y gobernabilidad; con Trinidad para presionar la liberación de numerosos secuestrados en poder de las FARC-EP. Logró lo primero, pero no lo segundo, por eso Trinidad también fue extraditado. En conclusión, la extradición sirvió para burlar la justicia en Colombia, pues en los Estados Unidos negociaron sus penas y obtuvieron fácilmente la libertad en la mayoría de los casos.
La Justicia penal comodín de la política
En ese contexto, la justicia penal no ha podido escapar a su utilización por la política como un comodín al servicio del gobernante de turno. La política ha utilizado la justicia a discreción para alcanzar sus objetivos, así sea en forma parcial. Lo hizo Uribe con la ley 975 del 2005, llamada de Justicia y Paz con los paramilitares y luego Santos con el Acuerdo de Paz, creando la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En ambos casos, el máximo objetivo ha sido la paz política, desmovilizando miles de armados, por lo cual se podría afirmar que se trata de una justicia de transición o, si se quiere, una “justicia para-política”, más en beneficio de miembros de grupos armados tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que propiamente una justicia de verdad para las víctimas. De allí el descontento y la frustración de la mayoría de las víctimas frente a la JEP, pues lo máximo que les ha podido aportar es verdad, sin haberlo logrado en muchos casos, tanto para miles de secuestrados por las FARC como en los falsos positivos perpetrados por miembros de la fuerza pública.
De otra parte, y para evitar más víctimas, el actual Gobierno pretende avanzar en su política de paz total presentando al Congreso un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de grupos armados con alto impacto criminal, como el Ejército Gaitanista y numerosas bandas criminales dedicadas a la extorsión y el microtráfico en importantes ciudades del país. De aprobarse, otra vez la justicia penal estará envuelta en una encrucijada donde intentará conciliar penas, que seguro serán laxas, con la sanción de innumerables atroces crímenes, como ha sucedido con los paramilitares y exguerrilleros, cuyos máximos comandantes gozan ya de libertad, todo ello en nombre de una paz esquiva, mayor seguridad ciudadana y control del Estado de la delincuencia organizada. Metas imposibles de alcanzar mientras persista el incentivo irresistible de los mercados y las rentas ilegales en extensos territorios rurales y en nuestras populosas ciudades se fortalezcan numerosos enclaves de criminalidad para el reclutamiento de jóvenes sin alternativas de empleo y educación.
De la criminalidad organizada a la criminalidad política
Y mientras esto sucede en relación con la criminalidad organizada, paralelamente la justicia penal enfrenta un desafío quizá mayor en todos aquellos casos en que investiga a protagonistas de la política nacional. El juicio del expresidente Uribe es el más trascendental. En este ámbito no cabe hablar de la politización de la justicia, tampoco de judicialización de la política, pues estamos ante un fenómeno que permea por igual a todos los sectores y partidos políticos, tanto en la derecha, centro e izquierda, como es la criminalidad política, que comúnmente se denomina corrupción y cubre una amplia gama de delitos que terminan configurando propiamente el funcionamiento de un Estado cacocrático con su respectiva gobernabilidad más o menos ilegal y criminal. Es el caso del actual gobierno con su mayor escándalo, la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo número de altos implicados cada día aumenta, incluida la fuga de Carlos Ramón González, exdirector Nacional de Inteligencia, asilado en Nicaragua, paradigma de Estado cacocrático, que acaba de negar su extradición. Por eso, más bien debería denominarse Unidad para la Generación Nacional de Riesgos y Desastres del Gobierno del Cambio, ya que ha minado su credibilidad y legitimidad mucho más que la enconada oposición en el Congreso a sus reformas sociales.
La criminalidad cacocrática
Pero ninguno de los presidentes y sus gabinetes ministeriales desde la Constitución del 91 escapa a los escándalos propios del Estado cacocrático. Esos escándalos han sido la noticia cotidiana desde Gaviria hasta Petro, por lo que no hay aquí espacio para reseñar semejante saga de criminalidad gubernamental. Pero, sin duda, las administraciones presidenciales con el mayor número de altos funcionarios procesados y condenados por la justicia, con sentencias confirmadas hasta agotar el recurso de casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, han sido las presididas por Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010. Abarcan delitos que van desde el entramado electoral y criminal del concierto agravado para delinquir de numerosos congresistas, cerca de 60, condenados por su asociación con grupos paramilitares, conocido como la parapolítica, pasando por la condena de tres de sus ministros: Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y 20 funcionarios de su círculo más cercano.
Sin olvidar graves crímenes contra figuras admiradas como Jaime Garzón y el profesor Alfredo Correa de Andreis. Por el de Garzón fue condenado José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Jorge Noguera, exdirector del DAS, como coautor del asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis, cometido por miembros del grupo paramilitar del Bloque Norte. Semejante prontuario de gobernabilidad criminal terminó arrastrando a numerosos miembros de la Fuerza Pública a la comisión de miles de ejecuciones extrajudiciales, llamados falsos positivos, en cumplimiento de la Directiva 29 del ministerio de defensa y de la política de “seguridad democrática”. Quizá por todo lo anterior hasta el jefe de seguridad del propio presidente Uribe, el general (r) de la Policía Nacional Mauricio Santoyo terminó extraditado y condenado en Estados Unidos. El 20 de agosto de 2012 ante una corte del Eastern District of Virginia (Estados Unidos) aceptó haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia y recibido por ello cinco millones de dólares.
¿Cómo salir del laberinto cacocrático?
Por todo lo anterior, la Fiscalía, la justicia penal y muchos de sus funcionarios se debaten hoy en un laberinto demasiado intrincado, pues enfrentan el desafío descomunal de investigar, procesar y condenar una criminalidad que está fusionada muchas veces con el poder político y respaldada por las máximas instancias del Estado en forma explícita o implícita. A ello se suma, que los presuntos máximos responsables de ese entramado cacocrático cuentan para su defensa con los mejores y más costosos equipos de abogados, capaces de dilatar los procesos hasta su prescripción o, lo que es peor, eludir con sofisticados recursos y sofismas procesales la justicia, la verdad y culpabilidad de los implicados. Abogados que encarnan a la perfección la descripción que hace García Márquez en su proclama Por un país al alcance de los niños de nuestra peculiar y nefasta relación con el derecho y la justicia: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Tal es el mayor desafío que enfrenta la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá para resolver el recurso de apelación interpuesto por los abogados del expresidente Uribe.
Campañas electorales para delinquir
Un desafío que enfrentan la mayoría de aspirantes a la presidencia de la República y les compete directamente, pues una de las fuentes de la criminalidad política está en la financiación de sus costosas campañas, como sucedió con Ernesto Samper en el Proceso 8.000. Costos estrambóticos que los llevan a violar los topes legales de financiación o la comisión de otros delitos, como pasó en la segunda campaña del expresidente Santos, cuyo gerente, Roberto Prieto, fue condenado a cinco años de cárcel. Todo parece indicar que igualmente les sucederá a Ricardo Roa, Lucy Aydee Mogollón y María Lucy Soto, gerentes de la campaña del presidente Petro, según la ponencia presentada al Consejo Nacional Electoral, que decidirá el próximo 11 de septiembre las sanciones económicas y administrativas a imponer. Así, pues, todos los candidatos, tanto a Presidencia de la República como al Congreso, corren el riesgo de vender su alma al diablo y su desempeño público a sus generosos patrocinadores, sean ellos legales o ilegales, gremiales o corporativos. Valdría la pena que conociéramos sus patrocinadores antes de votar por ellos. Así sabríamos si lo hacemos para prolongar una cacocracia, cleptocracia, plutocracia o una mezcla de todas las anteriores, bajo la coartada de una ilusoria e incierta “democracia” donde nunca cambia nada porque es rehén de una poderosa y sofisticada criminalidad cuya cúspide parece intocable y permanece casi totalmente impune hasta nuestros días.
