Colombia tiene una institucionalidad democrática sólida que se alista para un nuevo proceso electoral que avanza en un país con diferentes movimientos políticos con posiciones diversas sobre la forma de conducir adecuadamente el Estado. Esa es la democracia: una democracia viva y en acción en la que las iniciativas políticas florecen como virtud. Nuestras fortalezas son la diversidad, que incluye la diversidad política; así como unas instituciones sólidas que cada día defienden la democracia en un contexto marcado por la violencia.
El conflicto armado y la criminalidad organizada golpean a distintas regiones de nuestro país, como nos lo recordaron los recientes ataques terroristas en Cali que dejaron seis personas muertas y más de 70 lesionadas; así como el derribamiento de un helicóptero en Amalfi, que dejó a 13 policías muertos. La violencia de los grupos armados cobra la vida de decenas de líderes y lideresas sociales y políticas del país, desde los más locales, hasta el del promisorio aspirante a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay.
El contexto es desafiante. Sin embargo, estoy convencida de que las instituciones tienen la capacidad de garantizar un proceso que nos lleve a la elección del nuevo Congreso y de la persona que ocupe la Presidencia de la República.
Para tal fin es indispensable actuar con realismo y no desconocer los retos del contexto. En la actualidad el 36% de los municipios de Colombia tienen vigentes alertas tempranas por riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Esta situación expresa la expansión de los grupos armados en los últimos 5 años. Estos se mueven esencialmente por el control de las economías ilegales, lo que les lleva a actuar de manera cruel y arbitraria, vulnerando las normas del derecho humanitario y reduciendo el espacio cívico y la libertad de expresión que deben servir de base para los procesos electorales.
Por esa razón, la Defensoría del Pueblo adelanta un monitoreo del proceso electoral y en los próximos meses emitiremos una alerta electoral nacional. Este monitoreo no se orienta a generar más angustia o pánico, ni a avivar los temores de un colapso democrático. El monitoreo de la Defensoría ofrece alternativas de prevención para que el Estado pueda controlar los riesgos y garantizar la realización de campañas y la libertad de los votantes.
La responsabilidad de cuidar las elecciones radica en el Gobierno nacional y en todas las autoridades. Asimismo, los movimientos políticos y quienes aspiran a cargos de elección popular deben comprometerse con tener una conducta que no avive la violencia y que amplíe el espacio democrático.
Por esa razón, de la mano de ONU Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Iglesia Católica, hemos convocado a aspirantes a la presidencia y a los movimientos políticos a suscribir el “Compromiso por unas elecciones libres y en paz”. Este ha sido firmado por una buena parte de quienes fueron convocados; y también ha sido respaldado por el Presidente de la República, los presidentes de las altas Cortes, el Registrador Nacional, los presidentes de Cámara y Senado, y otras altas autoridades del Estado. También cuenta con un amplio respaldo de la comunidad internacional.
El compromiso se fundamenta en nueve principios esenciales: defender la vida como valor supremo, en especial de quienes son adversarios políticos; adoptar una política de no violencia, con énfasis en la eliminación de la violencia contra las mujeres en política; respetar las instituciones y las reglas democráticas; promover un lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización; garantizar la veracidad de la información, combatiendo la desinformación y los hostigamientos digitales; acoger el diálogo como principio democrático; reconocer la juventud como actor político central; y apoyar las manifestaciones pacíficas como parte de la democracia.
No podemos actuar con ingenuidad. El Estado tiene las condiciones para desarrollar un proceso democrático confiable, pero debemos cuidar la democracia día a día. La Defensoría del Pueblo actuará según su misión constitucional, observando la situación con miras a dar garantías a todos los sectores políticos y a toda la ciudadanía. Para ese fin pido respaldo institucional adecuado para la entidad, inclusive presupuestal, ahora que se ha iniciado el debate del proyecto de Ley de Presupuesto que, de ser aprobado, reduciría por segundo año consecutivo fuertemente el presupuesto de inversión de la entidad.
La historia nos ha demostrado que los momentos de mayor riesgo son también oportunidades para fortalecer el compromiso colectivo con la paz y los derechos humanos. Hoy, frente al avance de la violencia y las amenazas a la participación política, invito a que trabajemos conjuntamente para que nadie se quede al margen, que ningún sector resulte silenciado y que las elecciones de 2026 sean una prueba más de la capacidad de nuestro país de resistir a la violencia y avanzar en democracia.
*Defensora del pueblo de Colombia
