La tercera ciudad de Colombia sufre el asedio de Iván Mordisco, un reciclado señor de la guerra, dado por muerto en más de una ocasión, que se niega a entregar los fusiles. Néstor Gregorio Vera Fernández, su nombre real, encabeza a las estructuras agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), el mayor grupo de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que esta semana lanzó un ataque con cilindros bomba contra una base aérea que dejó seis muertos y más de 70 heridos en Cali.
Mordisco es un “traqueto vestido de revolucionario”, según lo ha definido el presidente Gustavo Petro con el coloquialismo colombiano para referirse a los narcotraficantes. “Lo sucedido en Cali nos muestra el paso de las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción netamente terrorista”, reaccionó el mandatario ante los ataques del jueves, que consideró crímenes contra la humanidad. El EMC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, escisiones de las FARC y herederos del paramilitarismo, “serán consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del mundo”, subrayó.
Son tres de los grupos armados con los que su Gobierno abrió mesas de diálogos como parte de la política de paz total. El Estado Mayor Central, en concreto, se sentó a negociar el 8 de octubre de 2023, después de meses de acercamientos. Incluso llegó a acordar un alto al fuego bilateral, pero el grupo que era una frágil federación de frentes acabó por fragmentarse en abril de 2024, cuando más de la mitad de sus hombres se levantaron de la mesa, empujados por el propio Mordisco –la facción minoritaria de alias Calarcá Córdoba sigue sentada–. El proceso había entrado para entonces en su enésima crisis, después de una serie de acciones de los disidentes que incluyeron atentados contra objetivos militares y comunidades indígenas, como el asesinato de la dirigente Carmelina Yule en el departamento del Cauca, vecino de Cali. “La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”, llegó a proclamar Petro en su día.
El encaje de las disidencias en la paz total fue desde el primer momento uno de los mayores retos de la política bandera del Gobierno de Petro, hoy desdibujada. En plural, pues varias estructuras se apartaron en distintos momentos de los diálogos de La Habana que llevaron al acuerdo de paz de finales de 2016. El rótulo de “disidencias” merece su plural, pues se trata de una amalgama de estructuras difíciles de clasificar. Las corrientes de Mordisco y la diezmada Segunda Marquetalia de Iván Márquez se consolidaron como las más notorias, una suerte de grandes sombrillas.
Ambas fueron designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas cuando retiró de esa lista negra a las FARC, desarmadas y convertidas en un partido político. Ambas también entablaron una guerra a muerte en algunas regiones, en la que fueron cayendo en confusos enfrentamientos ―la mayoría de las veces del otro lado de la frontera con Venezuela― varios de sus líderes. Gentil Duarte parecía emerger como el ganador, y el rostro más visible de las disidencias, al punto que se hablaba de los gentilianos. Pero fue asesinado en mayo del 2022.
Mordisco aglutinó desde entonces el poder, y ha logrado sobrevivir casi una década como uno de los disidentes más buscados, a pesar de haber sido dado por muerto en el final del periodo de Iván Duque (2018-2022), el antecesor de Petro. Reapareció dos meses después en un video para mostrarse dispuesto a dialogar con el nuevo Gobierno. Y más adelante, de gafas y uniforme militar, en las sabanas del Yarí, ya como jefe del entonces recién denominado Estado Mayor Central. Hace algunas semanas volvieron a circular rumores, nunca confirmados, de que había sido abatido. Y este mismo sábado le dirigió una carta pública a Petro, después de que las autoridades capturaron a su hermano, señalado de estar al servicio de las disidencias. “No creo en la justicia colombiana, pero confió en la justicia revolucionaria”, escribe Mordisco.
Es reconocido como dogmático y radical, “siempre en desacuerdo con la salida o negociación política”, detallaba en su momento un informe sobre el origen de las disidencias de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que le atribuye un proceso de “degradación criminal”. Lo distinguía una actitud abiertamente hostil a los acuerdos y hacia quienes los promovían. También su oposición a los programas de sustitución de cultivos ilícitos, además de una marcada violencia y desconfianza hacia la población civil, particularmente las comunidades indígenas.
Reconocer al llamado EMC como un actor armado con estatus político era un paso riesgoso, que la Administración Petro estuvo dispuesta a dar cuando se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados. Es “el peor error estratégico que se ha cometido en Colombia en los últimos 25 años y el daño más grande que se le ha hecho al proceso de paz”, llegó a advertir Sergio Jaramillo, el comisionado de Paz que selló el acuerdo con las FARC, en una intervención ante la Corte Constitucional. Esas estructuras son, entre otras, las mayores responsables de asesinatos de firmantes y del reclutamiento forzado de menores.
Incluso después de haber perdido a la mitad de sus integrantes en la escisión, las disidencias de Mordisco operan en buena parte del sur del país. Lo hacen tanto en el llamado arco de la deforestación amazónica como en tres convulsos departamentos del suroeste: Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Allí, Cali tiene un gran peso simbólico como capital de facto de toda la región pacífica y tercera ciudad más poblada de Colombia. Para el EMC es una muestra de fuerza lanzar acciones contra el Estado allí. Hay otros puntos en el Valle, como Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico, a dos horas y media por carretera, con un valor estratégico por su salida al mar. Al final, los municipios del sur del Valle y del norte del Cauca responden a una misma dinámica del conflicto armado. Son corredores estratégicos que se disputan los grupos armados por ser fundamentales para las economías ilegales.
“Cauca ha sido uno de los centros históricos del conflicto armado. Desde la dejación de armas de las FARC-EP, las disidencias del EMC se han reconfigurado y consolidado territorialmente sin que el Estado logre impedirlo”, apuntaba un análisis de Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), ante otra oleada de atentados previa a la de esta semana. “Ninguna política de seguridad —ni el Plan Victoria ni Orus del Gobierno Santos, ni la estrategia del Gobierno Duque, ni las propuestas del Gobierno Petro— ha contenido su expansión. Aunque sobre el papel hay diferencias, en la práctica no se han traducido en resultados”. Además del músculo que les proporcionan las economías ilícitas, han logrado una cierta cohesión interna que les permite coordinar ataques, mover miembros entre frentes y operar en distintos escenarios.
El atentado, parte de un patrón para atacar instalaciones militares y policiales en Cali, es también un campanazo de alerta sobre el nivel de penetración que el EMC tiene en las grandes ciudades de Colombia, no solo en la ruralidad, advierte Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group. Hace parte de “una estrategia de terror” para responder a la ofensiva de la Fuerza Pública en otras regiones como el Cañón del Micay, añade, y así incrementarle al Gobierno el costo de combatirlos.
