EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
La expectativa por saber la carta que los países amazónicos van a jugar para proteger la mayor selva del mundo llegó a su fin. En Bogotá, al cierre de la cumbre presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Luis Arce, de Bolivia, dieron una declaración conjunta. Los acompañaba la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto. “Tenemos algunos acuerdos”, señaló el anfitrión. Petro mencionó que, además de comprometerse a llegar unidos a la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas (COPO30), los ocho países que hacen parte de la organización respaldan el lanzamiento de un fondo para los bosques tropicales, la participación de los indígenas en la toma de decisiones de la organización y la inauguración de un centro internacional de inteligencia policial en Manaos, Brasil.
Sobre declarar a la Amazonia libre de combustibles fósiles, no hizo ninguna referencia, pese a que en su discurso de apertura respaldó la idea. “Soy absolutamente solidario con el planteamiento de las comunidades indígenas en el sentido de que no puede haber explotación de hidrocarburos en la Amazonia”, fueron sus palabras horas antes, previo al encuentro de presidentes.
Desde el principio se presentía que la de los hidrocarburos era una pelea perdida. La Declaración de Bogotá, como se bautizó el documento final de la cumbre, no menciona a los combustibles fósiles, pese a que la demanda más visible de las comunidades indígenas, los científicos y la sociedad civil era prohibir su extracción en la selva. Pero el desacuerdo que existe entre los presidentes, y que ya se había visibilizado en la anterior cumbre de Belém, se impuso. La nueva declaración limita el lenguaje a “avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa, teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales”.
“A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano, Venezuela, Ecuador y Perú se opusieron explícitamente a la transición por fuera de los combustibles fósiles”, señaló al respecto la coalición Amazonía Libre de Combustibles Fósiles, una alianza de organizaciones indígenas y oenegés internacionales. “Brasil, que reclama liderazgo climático como anfitrión de la COP30, al tiempo que a nivel doméstico impulsa la expansión de la frontera petrolera en la Amazonia, en esta oportunidad se mantuvo tibio», agregan a través de un comunicado. En su discurso de apertura, sin embargo, Lula fue tajante en su defensa de la explotación de los hidrocarburos: “tenemos la capacidad de utilizar los recursos del petróleo para la transición energética que necesita Brasil”.
Avances en seguridad
Otra de las grandes preocupaciones, la de seguridad, fue objeto del discurso del presidente de Brasil desde el inicio: “En septiembre vamos a inaugurar en Manaos, Brasil, el centro de cooperación policial internacional de la Amazonia”, dijo. La inseguridad en la región, con hasta 17 organizaciones criminales haciendo presencia allí, se traduce en minería ilegal, contaminación y deforestación. La nueva declaración, explica Melina Risso, directora de investigación del Instituto Igarapé, es novedosa al mencionar que la OTCA debe fortalecer su cooperación bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y junto a la Comunidad Andina.
Los Estados también reafirmaron su apoyo a dos propuestas que nacieron hace dos años, en la cumbre de Belém. Una es una comisión de seguridad creada bajo la sombrilla de la OTCA, que se instaló por primera vez a mitad de este año y que tiene un plan de trabajo aprobado. La otra, que Colombia también lanzó en la Conferencia de Biodiversidad de Cali (COP16), es lograr que se haga una trazabilidad del oro para atacar así la minería ilegal. “Son temas que han avanzado lentamente, pero que permiten fortalecer marcos contra el crimen organizado transnacional”, menciona Risso a América Futura.
En términos tangibles, el mayor logro de la cumbre fue establecer las reglas de juego para que finalmente opere un mecanismo de cogobierno de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. Se trata de otro de los compromisos asumidos por los Estados hace dos años que, a partir de ahora, llevará a que haya un delegado gubernamental y otro indígena por cada país. “Esperamos que su primera sesión sea lo más pronto posible”, apuntó Ginny Catherine Alba Medina, secretaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la OPIAC, durante el evento de cierre.
Sin embargo, sigue pendiente integrar a otros sectores de la sociedad civil a la toma de decisiones sobre la Amazonia, incluyendo a los afrodescendientes. “El pueblo raizal, negro y palenquero ha sido excluido de estos espacios”, comentó Virgelina Chará, delegada de Asociación para la Mujer y el Trabajo.
Además de determinar que la próxima reunión será en Ecuador, en 2027, y de reiterar consecutivamente que la Amazonia vive una emergencia, los jefes de Estado acordaron unirse a Brasil en el lanzamiento de un fondo para los bosques tropicales durante la COP30, que, por sus siglas en inglés, se conoce como TFFF. El modelo, aun en el papel, plantea que los países que tienen este ecosistema sean recompensados por cada hectárea de bosque preservada, sea o no una zona amenazada por la deforestación, y diferenciándose así de los créditos de carbono. “Propondremos un fondo para mantener el bosque en pie durante la COP30, que será la de la verdad”, aprovechó para anunciar el presidente de Brasil, desafiando a los países con más ingresos económicos. “Los ricos tiene que pagar su deuda por la industrialización”.
