Las calles que rodean la base aérea Marco Fidel Suárez, en plena zona urbana del norte de Cali, quedaron bañadas de vidrios y escombros. Este jueves, hacia las tres de la tarde, desconocidos lanzaron desde un camión dos cilindros bomba contra la entrada del complejo militar. Estallaron afuera, en medio de la población civil que habita y transita por los barrios La Base y Villa Colombia. La sospecha de un segundo vehículo cargado con explosivos, que no habrían alcanzado a detonar, se sumó a la tristeza, paralizó a la ciudad y mantuvo en vilo a sus habitantes durante más de cuatro horas, en una de las zonas más concurridas de la tercera ciudad del país por su cercanía al centro. Al caer la noche, el presidente Gustavo Petro aterrizó en el aeropuerto de Cali, ubicado una veintena de kilómetros fuera de la ciudad, y señaló al frente Carlos Patiño, de las disidencias de las extintas FARC conocidas como Estado Mayor Central, de ser responsable del atentado.
Andrés Monroy vive allí y tiene en el antejardín de su casa uno de los cilindros bomba, que voló más de 30 metros y cayó sobre una silla al lado de su sala de estar cuando estaban su esposa y su suegra adentro. “Se nos metió la guerra hasta la sala de la casa”, lo dice mientras recupera los cables de la cámara de seguridad que volaron con la bomba. La Policía Antiexplosivos llega hasta su casa dos horas después del atentado a verificar si el artefacto guardaba explosivos sin detonar. Con las ventanas marcadas por astillas de vidrio, los vecinos han cerrado las calles de los barrios aledaños con palos, maderas y piedras, para evitar que entren extraños. Hay temor, se huele la desconfianza. El más grave atentado de los últimos años en la tercera ciudad de Colombia ha dejado al menos 65 heridos y seis personas fallecidas.
Jesús Ramírez y Amelia Montalvo, dos adultos mayores y vecinos de La Base desde hace 46 años, recibieron el impacto de las bombas cuando estaban en su habitación principal. La casa que han levantado para toda su familia quedó como una suerte de esqueleto, sin fachadas, puertas ni ventanas. “Elegimos este barrio porque nos sentíamos más seguros al lado de la base aérea. No esperábamos que esa cercanía nos dejara sin vivienda”, reclama la mujer de 78 años desde el antejardín de la casa. Su hija Deisy recoge los escombros del suelo y responsabiliza al Gobierno de lo ocurrido. “Espero que el presidente Petro se haga cargo de los daños que sufrimos los civiles por sus políticas”.
En las calles, los vecinos se han reunido para ayudar a los adultos mayores que viven solos en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, que levantó sus primeras viviendas en 1930. Mercedes Zambrano dice sin reparo que el atentado “se veía venir”, y que desde que comenzó la persecución contra policías en estaciones de la ciudad, hace meses, sabían que podían atentar contra la base. “Debieron reforzar la seguridad. Está ubicada en una zona residencial y popular”. Recuerda que otra de las dianas de atentados ha sido el cuartel del batallón Pichincha, en el popular barrio Meléndez. Es la sede de la tercera brigada del Ejército, responsable del Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y Chocó, departamentos azotados por los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y la presencia de disidencias de las FARC y el ELN.
La capital del Valle del Cauca es la entrada al violentado Cauca, donde hacen presencia las disidencias al mando de Iván Mordisco, a las que pertenece el frente Carlos Patiño, y también sus rivales de la Segunda Marquetalia, la disidencia que comanda Iván Márquez. Los dos grupos se disputan el control de rutas del narcotráfico. En junio pasado, los disidentes atentaron con explosivos contra la población en el oriente y sur de Cali, y en el vecino municipio de Jamundí. El impacto del conflicto armado, que pocas veces toca las zonas urbanas, se ha ensañado con la ciudad que fue bastión para Gustavo Petro en su campaña a la presidencia.
Entrada la noche, el eco de las detonaciones aún resonaba en la memoria de los habitantes. Las autoridades mantenían acordonada la zona y buscaban más restos de explosivos. Con los teléfonos en alto, varios vecinos caminaban, registrando lo que quedó del único atentado que han vivido en el barrio. Al menos diez cuadras permanecían bloqueadas, mientras sonaban las hélices de los helicópteros que sobrevolaban el sector. El vecindario sitiado se convirtió, así sea temporalmente, en un escenario de una guerra que ahora parece abrirse paso en las ciudades.
El alcalde Alejandro Eder ha anunciado una recompensa de 400 millones de pesos (unos 99.000 dólares) por información que permita dar con los responsables de los atentados. Ha dicho también que los responsables son las disidencias de la Jaime Martínez que, según él, ordenaron el atentado desde el norte del Cauca. Dos personas han sido retenidas, pero las autoridades no han confirmado su judicialización ni han dado más información. El presidente se reunió con los mandatarios locales en un consejo de seguridad realizado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, fuera de la ciudad, y se abstuvo de dar declaraciones a la prensa.
Horas antes, a través de su cuenta de X, aseguró que “el terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”. No es la primera vez que el mandatario responsabiliza de un hecho al supuesto cerebro del crimen que, según afirma, opera desde Dubái y ha dicho que manda a casi todos los grupos armados colombianos: la Segunda Marquetalia, el EMC, el Clan del Golfo. Sin evidencias de su existencia o impacto, Petro elevó sus llamados a la comunidad internacional para que los considere como una “organización terrorista con bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el caribe colombiano”.
El segundo foco de los ataques de este jueves en Colombia fue en el departamento de Antioquia, donde otro grupo de las disidencias derribó con drones un helicóptero policial en la zona rural del municipio de Amalfi. El saldo, hasta la noche de este jueves, era de 12 uniformados fallecidos. El mandatario expresó su pesar por la tragedia y aseguró que se trata de una estrategia de los grupos ilegales en rechazo a operativos contra el narcotráfico.
En Cali, tras los atentados, el dispositivo de seguridad se reforzó con la llegada de tropas del Ejército y unidades especiales de la Policía. La ciudad, que busca retomar la normalidad en medio de la tensión, restringió el paso en las calles que rodean las estaciones de Policía y las guarniciones militares. El ambiente recuerda a lo ocurrido hace 17 años, cuando las ahora extintas FARC hicieron estallar un carrobomba frente al Palacio de Justicia y otro contra el comando de la Policía. Es la misma ciudad con retenes, con calles parcialmente cerradas en la noche y con vecinos que prefieren mantener distancia de la fuerza pública por miedo a quedar atrapados en la violencia.
