El reloj de la política de paz total, la apuesta más ambiciosa del Gobierno de Gustavo Petro, marca la cuenta regresiva. Con tres mesas abiertas con pequeñas facciones de las disidencias de las extintas FARC y con el proceso con la guerrilla del ELN en punto muerto, el Ejecutivo ha anunciado oficialmente la reanudación de los diálogos con el Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista de Colombia, como se hace llamar la organización armada más grande de Colombia. Los nuevos acercamientos no tendrán lugar en Colombia, como había ocurrido en 2024, ni en países latinoamericanos como los que han alojado pasadas negociaciones, sino en Catar, en Oriente Medio, a más de 13.000 kilómetros de distancia.
Las primeras reuniones entre delegados del grupo ilegal y del Gobierno se dieron bajo reserva en febrero pasado, en Doha, bajo la figura de un espacio de conversación socio-jurídico con el que buscan minimizar el impacto de la violencia. Álvaro Jiménez, el jefe negociador del Ejecutivo, ha explicado que el objetivo de este proceso es el desescalamiento del conflicto en los 12 meses que le quedan al Gobierno. “Esto no termina con la firma de algún documento, la idea es ir transitando a la ciudadanía plena del grupo armado y transformar las regiones donde tienen impacto”. Aunque ya hay unos territorios priorizados para comenzar el proceso, el negociador se reserva los detalles.
Aunque los intentos por negociar la paz con este grupo armado comenzaron en 2023, la mesa se trasladó a Oriente Medio a comienzos de año. Según Jiménez, la razón principal por la que eligieron viajar a casi 13.000 kilómetros de distancia para avanzar en la mesa es por seguridad. “Desde hace un año hay una ofensiva policial y militar que no solo involucra a todas las fuerzas del país, sino también a actores internacionales que combaten las dinámicas económicas que ese grupo armado moviliza”.
El negociador se remonta a los históricos eventos en los que Catar ha sido garante o sede de otros diálogos de paz como mediador. En 2020, Estados Unidos y los talibanes de Afganistán firmaron un acuerdo de paz en ese país; en 2011 acogió la firma del acuerdo de Darfur, en Sudán del Sur; y en 2008 sirvió de escenario para que las facciones enfrentadas en el Líbano pusieran fin a una crisis política, a través del acuerdo de Doha. También ha intervenido en treguas entre Israel y Hamas en Gaza. “Catar tiene el misterio de la mediación y ha observado con interés las dinámicas de construcción de paz de Colombia”, señala Jiménez.
Otra de las motivaciones para llegar hasta el golfo Pérsico a negociar con el Clan del Golfo son las dinámicas de transnacionalidad del crimen. El Gobierno viene mirando hacia Oriente Medio, hacia donde el presidente Petro apunta cuando se refiere a la nueva junta del narcotráfico de Dubái, a la que ha señalado de tener planes para asesinarlo y ser el cerebro del crimen en Colombia, con líderes narcotraficantes de varios grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo. Jiménez, sin embargo, es cuidadoso y no niega ni confirma si existe alguna relación de esa estructura con el crimen transnacional de los Emiratos Árabes. “Ya se ha advertido que los grupos armados tienen dinámicas de economías transnacionales, sobre todo en los bordes fronterizos”, advierte el negociador.
También es enfático en decir que ya son varias las reuniones que se han liderado desde Oriente Medio, pero se reserva hablar de la frecuencia de los encuentros con el grupo armado. “La información de la ubicación de los delegados del Clan del Golfo y el tiempo de permanencia en Catar es reservada”, dice.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, señala que “el Clan llega a este nuevo acercamiento con una correlación de fuerzas a su favor. El grupo está muy fortalecido militarmente y en proceso de expansión”. Lo dice porque, entre el 2018 y 2025, sus integrantes han aumentado en un 165%. “Ni el gobierno Duque ni el gobierno Petro han podido contener su expansión”, advierte.
En agosto pasado, cuando el Gobierno anunció la negociación, delegó a seis cabecillas del grupo armado como negociadores. Se trata del máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Orozman Orlando Osten, alias Rodrigo Flechas; José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; José Miguel Demoya, alias Chirimoya; Luis Armando Pérez, alias Bruno; y Elkin Casarrubia, alias El Cura. Por el lado del Gobierno, la delegación está en cabeza de Álvaro Jiménez; Armando Wouriyu, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Víctor Negrete Barrera, un académico e historiador cordobés; y Águeda Plata, director territorial de la Unidad de Víctimas en el Magdalena Medio.
En los últimos años, el Clan del Golfo se ha convertido en el grupo armado más grande de Colombia. Según una investigación del centro de pensamiento International Crisis Group, tiene entre 6.000 y 7.000 miembros en sus filas. Opera en al menos 17 de los 32 departamentos del país, especialmente en el norte, y se dedica a al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal o la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También controla el paso de migrantes por las peligrosas rutas que atraviesan la frontera que separa a Colombia y Panamá, la espesa selva del Darién.
En Catar, las conversaciones se mueven entre la discreción y la incertidumbre. Los delegados viajan a Doha sin anunciarlo y regresan con la tarea de mantener abierta una puerta que en Colombia muchos dan por imposible. El Gobierno insiste en que los resultados no se medirán en un papel firmado, sino en si las comunidades de Urabá, Córdoba o el Bajo Cauca, zonas en las que el grupo armado tiene más impacto, viven un alivio real frente a la violencia.
