La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay se mueve en todos los frentes. Aunque la Fiscalía no ha hecho públicas sus hipótesis sobre los móviles y responsables finales del crimen, y ha dicho que no descarta ninguna de ellas, el presidente Gustavo Petro ha señalado en diferentes momentos a los dos grandes grupos de disidencias de las FARC —la Segunda Marquetalia y el grupo que comanda Iván Mordisco—, a la que llama “junta del narcotráfico” de Dubái, de la que no hay mayores datos y, más recientemente, a la guerrilla del ELN.
El lunes pasado, el día en que falleció el senador, Petro habló ante un auditorio de militares en la ceremonia de ascensos de la Escuela General Santander: “El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”. Aunque el mandatario reconoció desde ese momento que no cuenta con pruebas para sustentar esa afirmación, quedó instalada en la discusión pública la posibilidad de que la última guerrilla activa de Colombia, con la que el Gobierno ha sostenido diálogos intermitentes de paz desde 2022, estuviera detrás del crimen.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha sido menos concreto, pues ha asegurado que las investigaciones apuntan hacia grupos armados ilegales. “Organizaciones que viven del narcotráfico podrían estar relacionadas muy seguramente con el asesinato”, dijo ante los medios, reforzando la tesis de que el atentado podría haber sido financiado por estructuras criminales con intereses más allá de lo local. De nuevo, sin pruebas claras.
Por ahora, el expediente, que la Fiscalía adelanta bajo la calificación de magnicidio, suma seis personas capturadas. Entre ellos está el menor de edad que disparó contra Uribe Turbay en pleno mitin de campaña en el occidente de Bogotá y que confesó que le prometieron un pago de 20 millones de pesos (unos 4.900 dólares) por el crimen. Las pesquisas incluyen una línea sensible: la posible participación de miembros de la fuerza pública, algo que indaga la justicia penal militar, para establecer si hubo algún tipo de participación por acción o por omisión que facilitara el asesinato.
El ministro de Defensa, general en retiro de la Fuerza Aeroespacial, también ha confirmado que las embajadas y agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos participan en el esclarecimiento del primer asesinato de un candidato presidencial en Colombia desde 1990. Sánchez explica que se ha activado la junta de inteligencia conjunta, donde confluyen las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, y a la que se integró a la comunidad internacional para compartir información que permita identificar a los autores intelectuales del asesinato. El objetivo es rastrear transferencias financieras, movimientos migratorios o comunicaciones que conecten a los responsables con redes globales. El ministro Sánchez ha dicho que “el crimen tiende a ser muy transnacional”. Entre sus hipótesis está la participación de la nueva junta del narcotráfico en Dubái, el grupo que el presidente Petro ha señalado en casi todas sus declaraciones sobre crimen, de ser el cerebro del narcotráfico y la mafia en Colombia. Petro también ha apuntado a esa estructura transnacional, de la que no hay rastro en la Fiscalía colombiana, de querer asesinarlo.
La hipótesis que más fuerza ha tomado es la de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias con las que el Gobierno no tuvo éxito en los diálogos de paz y que está al mando, al menos en el papel, de Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC en La Habana y luego reincidió en la guerra. Uno de los nombres que habían vinculado con el crimen era el de José Aldinéver Sierra, o “Zarco Aldinéver”, uno de los líderes sucesores de Márquez. Recientemente, el ministro Sánchez aseguró que hay información de inteligencia que apunta a su muerte, que la disidencia ha dado por hecho públicamente, pero no confirmó su veracidad.
La conexión de la Segunda Marquetalia con el atentado tiene entre sus indicios que una de las seis capturas ocurrió en Florencia, Caquetá, cerca a las zonas en las que hace presencia esa disidencia. Según las autoridades, Katherine Martínez, una mujer de 27 años, tuvo un rol clave en la logística del ataque, pues actuó como enlace entre los sicarios y los coordinadores externos. La Fiscalía investiga si ella tenía comunicación directa con mandos medios de la Segunda Marquetalia, con el rastreo de llamadas y transacciones que están en verificación e identificación.
Otro de los eslabones clave para llegar a los determinadores es Elder José Arteaga, alias El Costeño, a quien señalan de ser el articulador principal de la red logística del atentado. Según información que ha revelado el diario El Colombiano, Arteaga cumplía órdenes de la Segunda Marquetalia y tiene un vínculo estrecho con esa disidencia. Fuentes del Gobierno que lideraron los intentos de negociación de paz con ese grupo confirman que su comunicación con ese grupo está rota y que, desde el atentado, no han logrado ningún acercamiento para intercambiar información.
El hecho de que la Fiscalía haya recalificado la investigación como un magnicidio significa que lo tratará como un homicidio agravado, lo que implica penas de entre 33 y 50 años de prisión para los responsables. Además, ratifica la posición de los investigadores que desde el comienzo señalaron que el atentado se debió al ejercicio político de Uribe. Sobre los motivos, aun sin aclarar, el presidente planteó en un Consejo de Seguridad tres líneas de posibilidades que no se excluyen entre sí: un atentado directo contra su figura, un golpe a su partido o una acción para desestabilizar la institucionalidad. Tras la muerte de Uribe Turbay y con un clima de crispación política, las respuestas cobran incluso más urgencia.
