A menos de un año de las elecciones presidenciales, la política colombiana vuelve a girar en torno a una de sus figuras más poderosas e influyentes de las últimas décadas. Este lunes, la jueza Sandra Heredia leerá el fallo en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, en una decisión que puede alterar el tablero político de cara a 2026. El líder del Centro Democrático, uno de los partidos de mayor oposición al Gobierno de Gustavo Petro, podría ser el primer expresidente colombiano en ser condenado. En varias capitales del país, han aparecido vallas con la frase “Uribe inocente” sobre una bandera de Colombia y el rostro del exmandatario con el puño sobre el corazón. En las calles, el pulso también se libra con aerosol: “Uribe, a la cárcel” y “De presidente a presidiario”, se lee en varios muros.
El fallo marcará el desenlace de un juicio que ha durado 13 años y que comenzó en la Corte Suprema de Justicia. En 2012, el entonces senador Álvaro Uribe denunció a su colega Iván Cepeda por supuestamente buscar testigos en su contra dentro de las cárceles. Pero la Corte no solo archivó la denuncia, sino que encontró indicios de que había sido el mismo Uribe quien, a través de terceros, supuestamente intentó manipular testimonios y sobornar testigos a su favor. A partir de ahí se abrió una investigación que ha pasado por varias etapas, intentos de archivo, interceptaciones telefónicas y una renuncia estratégica al Senado que le permitió a Uribe cambiar de juez natural.
Aunque el expresidente, prominente figura de la derecha, no ha dado entrevistas sobre el tema, en su red social X ha publicado y reposteado en las últimas dos semanas al menos 11 mensajes relacionados con su proceso judicial. Habla de un “proceso injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, lo que ha indicado que denunciará lawfare, como otros políticos de la región, si es encontrado culpable.
La derecha en otras parte del mundo también está mirando con atención el caso de Uribe. El senador Bernie Moreno, colombo-estadounidense del Partido Republicano y cercano al presidente Donald Trump, fue uno de los primeros en lanzar advertencias a la jueza que emitirá el fallo: “Colombia necesita dejar de utilizar su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe. Es un camino muy peligroso para lo que debería ser uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina”. Y el senador conservador de la Florida, Mario Díaz Balart, propuso esta semana recortar en la mitad el presupuesto de cooperación a Colombia para el próximo año alegando, en parte, que hay un juicio injusto contra Uribe.
Para Germán Ayala, politólogo y analista del caso, la decisión de este 28 de julio “es un hito jurídico y político para el país para recuperar la credibilidad de la justicia”, porque el país, asegura, se ha acostumbrado “a que la gente poderosa está por encima de la ley y los jueces”. Según Ayala, en caso de que el expresidente sea hallado culpable, uno de los primeros efectos políticos podría ser una demanda a la personería jurídica del partido Centro Democrático, fundado por Uribe. “Un fallo en su contra implicaría, si no la muerte política de Uribe, su debilitamiento y el de sus narrativas contra la izquierda”, dice. Varios creen que, con el expresidente condenado, el trágico atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y la campaña frenada en el Centro Democrático por el temor a la violencia política, la crisis solo se profundizaría.
Lo cierto es que el fallo de la jueza Sandra Heredia será apenas una primera instancia, pues ambas partes han confirmado que apelarán la decisión en caso de que no sea la que esperan. El abogado penalista Francisco Bernate ha dicho que por el tipo de delitos que están siendo imputados, el expresidente no tocaría una cárcel “porque la sanción estaría por debajo de los nueve años, que es lo que la ley tiene como mínimo para admitir la prisión domiciliaria”, advirtió a la emisora W Radio. Según el penalista, el plazo para resolver una segunda instancia será el 15 de octubre y, después, la última instancia que podría estudiar la decisión sería la Corte Suprema de Justicia, de donde Uribe sacó el expediente en 2020, cuando renunció al Senado para perder el fuero y que su caso pasara a la Fiscalía. “Cualquier decisión, en todo caso, podrá potenciar una polarización política”, señala.
Andrea Arango, docente de Ciencia Política y politóloga de la Universidad de Antioquia, tiene una visión distinta sobre el tema que resume en una frase: “Tanto la condena como la absolución lo benefician electoralmente”. Para la politóloga, la muerte política del uribismo está lejos de suceder porque, en una eventual condena, “se puede fortalecer la narrativa del uribismo de la persecución política y la judicialización infundada que tiene eco en sus propios electores que se pueden radicalizar, y logrará validez en ciertos sectores norteamericanos como los republicanos”. Lo de la persecución lo dice porque el expresidente Uribe compartió en su cuenta de X un video en el que intenta relacionar el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay con su juicio. “Uno de nuestros candidatos de oposición se debate para mantener la vida. Yo, que tengo una inmensa responsabilidad política, afronto un juicio”, dice en un video que tiene más de 200.000 reproducciones.
En eso coincide también Germán Ayala, quien es enfático en hablar del papel del Gobierno de Donald Trump y los republicanos en el resultado del fallo. “Uno de los impactos más claros en una eventual condena podría ser un debilitamiento aún mayor de la diplomacia con Estados Unidos y posibles bloqueos a Colombia”, señala. Recientemente la Casa Blanca abrió una guerra comercial con Brasil, por ejemplo, por el juicio judicial que se lleva allí contra un aliado y símbolo de la derecha, Jair Bolsonaro. Si bien la afinidad de Uribe con Trump no es igual a la que este último tiene con el político brasilero, sí lo es con aliados del secretario de Estado, Marco Rubio.
Arango también comparte la idea de que un aliado para el uribismo en la sentencia será el Partido Republicano, “donde puede calar bien la idea de que la oposición vive una persecución política”. Sobre la polarización, la politóloga señala que la absolución podría solo afectar al senador oficialista Iván Cepeda, una víctima acreditada en el proceso. “Si lo absuelven, el tema para la derecha queda hasta ahí; en cambio, si es condenado, el caso tiene un eco mayor, incluso internacionalmente, y políticamente le va a ayudar al uribismo mucho más en las elecciones”.
Desde su lectura, uno de los escenarios más estratégicos es que el caso termine en un trade off: con una condena contra el abogado Diego Cadena y la absolución de Álvaro Uribe Vélez. “Eso alimenta la narrativa del expresidente de que nunca dio órdenes de sobornar a nadie, y sería el escenario político más conveniente para todas las partes, porque todos pierden un poco y las cosas se tensionan menos”. Lo que está en juego, según ella, no son las cartas políticas del Centro Democrático para 2026, sino las del Pacto Histórico, el partido del petrismo. “A Iván Cepeda le han rogado mucho en su movimiento político para que sea candidato presidencial, pero deben estar esperando el fallo de la jueza“, advierte.
Sobre el clima electoral, señala que “una condena exacerbaría más a la derecha y a la izquierda, porque sale el uribismo con una narrativa de persecución apoyada por el Gobierno estadounidense, y la izquierda, con un discurso victorioso y un nuevo candidato presidencial”. El constitucionalista Kennet Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, tiene una mirada más desde el Derecho. “Lo que debe ser preocupante y llamativo es la presentación del proceso penal como un espectáculo donde, además de resolverse la situación jurídica de un ciudadano, se discutan asuntos propios del quehacer político diario”, dice. Para él, aunque el juicio tiene un tinte electoral evidente por el peso de los implicados, la lectura del fallo debería estar lejos de las interpretaciones partidistas. Con las elecciones a la vista, la decisión judicial podría ser solo el primer movimiento de una campaña que ya comenzó a jugarse en los estrados.
