La llegada del escolta Adith Rafael Romero a la Unidad de Víctimas, una de las entidades menos visibles del Estado, pero con una de las chequeras más grandes, no ha pasado desapercibida. Las razones, lejos de ser personales, están determinadas por la nula experiencia que tiene para hacerle frente al sistema de atención a esta población, en un país con más 10 millones de víctimas del conflicto armado. Pero, también, por los políticos a la sombra que lo acompañan en el cargo. Desde su posesión, dicen varios exdirectivos de la entidad, el poder de Alfonso Eljach, exalcalde de Barrancabermeja, ha hecho ruido. Eljach comenzó a ir como coordinador de empalme, pero su poder ha ido escalando sin tener un cargo. Dos fuentes en el interior de la entidad coinciden en que “el director mismo le dice jefe”.
Desde la posesión de Romero en junio pasado, se han cambiado desde los cargos más operativos hasta los más técnicos, como los directores territoriales o administrativos. De las 20 direcciones territoriales que hay en todo el país, y que acreditaban experiencia en el tema, se han relevado al menos la mitad; y los directores técnicos, a cargo de administrar cuatro billones de pesos (más de 982 millones de dólares) al año, también fueron cambiados por personas cuyos perfiles carecen de experiencia con víctimas del conflicto armado y que provienen, casi en su totalidad, de pequeñas dependencias públicas en el municipio de Barrancabermeja. Ni el director de la entidad ni su oficina de prensa respondieron a un cuestionario sobre los nombramientos mencionados en este artículo. Tampoco contestó el exalcalde Eljach.
Tres exfuncionarios de alto rango en la Unidad de Víctimas que fueron relevados de su cargo en el último mes le dijeron a este diario que en reuniones individuales con cada uno en donde les anunciaba su salida de la entidad, Romero confesó que “tenía presiones de varios senadores detrás” que estaban dándole nombres para los nuevos puestos. En las tres reuniones mencionó a los senadores Gustavo Adolfo Moreno y Jairo Alberto Castellanos, ambos de la Alianza Verde, y que comenzaron su carrera legislativa con la colectividad En Marcha, fundada por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo. Varios de los nuevos funcionarios en las direcciones administrativas han trabajado o han respaldado las campañas de estos congresistas, quienes tampoco respondieron a preguntas para este artículo. Alfonso Eljach, de hecho, llegó a la Alcaldía en 2020 con el respaldo de Moreno, quien aún no era senador ese año.
Como una suerte de retribución, en febrero de ese año, Eljach nombró a Moreno como enlace para el desarrollo territorial y municipal, y después fue un frecuente contratista de la Alcaldía hasta 2021, cuando comenzó su campaña electoral al Senado. Su cercanía es tal, que en su momento el portal de noticias La Silla Vacía reveló que trabajadores de la Administración de Barrancabermeja y otras entidades del municipio presionaron a sus contratistas a votar y hacer campaña para que Moreno lograra una curul en el Senado.
Mientras Alfonso Eljach era alcalde de Barrancabermeja y con la bendición del hoy senador Gustavo Moreno, nombró como subsecretario de Riesgo y secretario del Interior, justamente, a Adith Rafael Romero, el nuevo director de la Unidad de Víctimas. Lo cierto es que la amistad entre Moreno y Eljach ha sido tan estrecha, que el pasado 5 de diciembre, el senador le solicitó a la plenaria conferir la Orden del Congreso de Colombia, una distinción que entrega el Legislativo a personas que han hecho aportes al país, a su paisano Alfonso Eljach, “por los logros obtenidos en su trayectoria política en pro del servicio y las causas sociales”. Un año más tarde, la Procuraduría abrió una investigación contra el exalcalde por presuntas irregularidades en el proyecto de Gran Vía Yuma, una vía que conecta a Bucaramanga con Yondó y que lleva 15 años sin ser ejecutada.
Eljach fue uno de los primeros en celebrar el nombramiento de Romero en la dirección de la Unidad de Víctimas. En una publicación en Facebook, escribió: “Ese es Adith: alguien que siempre está dispuesto a escuchar y a acompañar”. Su compañía, desde entonces, ha ido más allá de las redes sociales, pues el exalcalde, sin ningún cargo en firme, ha trabajado junto al director en Bogotá y Barrancabermeja, como han confirmado fuentes de la Unidad.
Entre los nombramientos recientes, el caso más sonado ha sido el de Freddy Orlando Quintero Mogollón, contratado como subdirector general de la entidad, y quien tiene una investigación judicial en la Fiscalía por supuestamente integrar redes de apoyo de la guerrilla del ELN. El mismo año, la Fiscalía le incautó 18 bienes que asociaron a cabecillas de esa estructura armada. A pesar de los cuestionamientos en su contra, tiene el segundo cargo de mayor poder administrativo en una entidad que tiene como misión manejar la base de datos de casi 10 millones de personas que se han declarado como víctimas del conflicto armado, garantizar sus reparaciones y asistir emergencias humanitarias en medio de la guerra.
De acuerdo con la página de la entidad, Quintero ha asumido dos cargos más: como director encargado de la regional del Meta y los Llanos Orientales, y director encargado de la territorial de Norte de Santander y Arauca. Según la revista Cambio, en 2022, respaldó abiertamente la candidatura al Senado de Jairo Castellanos, congresista del Partido Verde, cuyo nombre ha resonado recientemente por los señalamientos de clientelismo en la DIAN hechos por el exdirector de esa entidad y exministro Luis Carlos Reyes, y otro de los nombres que el director Adith Romero ha referido tener a la sombra.
Otro de los nombramientos recientes en dos de las direcciones más neurálgicas de la entidad, la dirección de reparación y reparación colectiva a víctimas —que se encargan de aprobar y desembolsar los recursos para ese fin— es Sergio Agón Martínez, relacionado con el clan Aguilar por haber trabajado como asesor de despacho de Mauricio Aguilar en 2020, justo en la Administración en la que la Fiscalía lo imputó por presunta corrupción en la Gobernación. A su alrededor también está el caso de su hermano, Javier Agón Martínez, condenado por estafa, corrupción y captación ilegal cuando fue alcalde del municipio de San Gil. En la hoja de vida de Sergio Agón Martínez relucen varios cargos en pequeñas entidades del departamento de Santander, pero ninguna relacionada con reparaciones a víctimas del conflicto.
Otra ficha santandereana en la entidad es Luis Carlos Ayala Rueda, quien fue alcalde del municipio de Lebrija (Santander) hasta 2023, y sin mayor conocimiento en el tema, fue nombrado en la dirección de reparaciones colectivas. También es el subdirector encargado de valoración y registro, que es el filtro inicial para la acreditación de víctimas del conflicto armado y que puedan acceder a beneficios como las indemnizaciones. En encargo también funge como subdirector de la red nacional de información, que maneja una de las bases de datos más sensibles del Estado.
Una ficha más de Alfonso Eljach en la entidad es Katherine Gómez Jiménez, especialista en enseñanza del inglés, como asesora nacional del director. Su experiencia en el sector público la forjó, justamente, en la Alcaldía de Eljach, donde fue nombrada secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio, y jefa de la oficina de paz y convivencia. En la misma Administración había sido contratista de la Secretaría de Desarrollo Económico, y luego trabajó en el Instituto para el Fomento del Deporte. En su hoja de vida para aspirar al cargo en la Unidad de Víctimas, acreditó un diplomado informal llamado Entérese del proceso de paz.
Otra de las santandereanas que, sin experiencia, logró un alto cargo en la entidad como directora de gestión interinstitucional (y permanece en encargo en las subdirecciones de coordinación técnica para la atención y reparación de víctimas, y subdirectora de coordinación nación territorio) es Silvia Juliana Arévalo Prado, una heredera política: es hija de Juan Carlos Arévalo Durán y Miriam Prado Carrascal, ambos políticos de vieja data en Santander y quienes han estado en prisión por investigaciones en su contra. Su padre, exdiputado de Santander y asesor del Partido Conservador, fue condenado en 1999 por el delito de falsa denuncia. Su madre fue capturada en 2018 cuando fungía como alcaldesa de Ocaña, en medio de un proceso en su contra por corrupción al intentar amañar un contrato. En 2019, la Procuraduría la inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por este caso.
La experiencia de Silvia Juliana Arévalo ha estado lejos de los asuntos humanitarios. Ha sido contratista de la Superintendencia de Industria y Comercio, del catastro distrital de Santander, de la Aeronáutica Civil y asesora en la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso, a pesar de que su cargo es uno de los más técnicos en la entidad, con el deber de articular la labor de otras entidades clave como las del Sistema Integral para la Paz.
El director Adith Romero no solo ha convertido la Unidad de Víctimas en un fortín burocrático para políticos cuestionados de Santander, sino que también ha encontrado tiempo para promocionar su emprendimiento en Omnilife, una empresa multinivel de suplementos alimenticios, desde el mismo despacho oficial. En un video que compartió en su estado de WhatsApp, aparece en su oficina en Bogotá con una camiseta de la entidad y una sonrisa de vendedor entusiasta. “Director, ¿usted cómo aguanta este ritmo de trabajo? Aquí está el secreto: Omnilife”, dice, mientras enfoca una maleta de la marca. Todo ocurre bajo el logo institucional de la Unidad de Víctimas. Consultado por este diario sobre el uso de una entidad pública para promover negocios personales, Romero también guardó silencio.
