El servicio de expedición de pasaportes en Colombia se había transformado en un trámite burocrático ágil. Las libretas, además, habían sido actualizadas para cumplir con los últimos requisitos exigidos por las autoridades internacionales de transporte aéreo. Era un pequeño símbolo que despertaba cierta aprobación. Sin embargo, todos los avances parecen tambalearse tras la renuncia, esta semana, de Laura Sarabia, el tercer canciller que cae en el Gobierno de Gustavo Petro. ¿La causa? El nudo de tensión permanente en la adjudicación para la manufactura de los documentos de viaje.
Los primeros en dejar el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, fueron el hoy controvertido Álvaro Leyva y luego Luis Gilberto Murillo. Los tres constataron allí la batalla entre el presidente, Gustavo Petro, y Thomas Greg & Sons (TGS), la multinacional de mayoría colombiana que ha venido haciéndose desde hace casi dos décadas con la licitación de los pasaportes. La molestia de Petro con esa firma es más profunda que la capacidad de mediación de cualquier Canciller.
El penúltimo capítulo en esta saga reventó a mitad de semana tras la desautorización presidencial a una prórroga de emergencia de 11 meses al contrato vigente con TGS. La iniciativa de Laura Sarabia buscaba darle tiempo a la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, los teóricos nuevos fabricantes que quiere Petro, de ponerse al día con algunos requisitos técnicos. No es un secreto que hoy la alianza colombo-lusa aún no está preparada para sustituir a TGS.
En algunos círculos diplomáticos el malestar es tangible. Los ires y venires en el complejo proceso licitatorio han acentuado la impresión de que la Cancillería se halla inmersa en una espiral de desaciertos administrativos sin faro ni guía. Y si bien es cierto que más de un experto reconoce que la conducta empresarial de TGS en Colombia deja más de un claroscuro por el camino, también hay un consenso en que ha cumplido sin tachas en su tarea de fabricar las libretas desde 2007.
De momento se desconocen las minucias del contrato entre el Gobierno y los dos nuevos fabricantes anunciados el 2 de julio por el nuevo jefe de despacho de Petro, Alfredo Saade. Lo que muy pocos entienden es la decisión de confiar un trabajo tan sofisticado a la desgastada Imprenta Nacional, un negocio en crisis, dedicado a la publicación del diario oficial, así como de algunos textos y gacetas institucionales. Entre tanto, se especula que TGS, que había retirado una demanda contra el Estado por 117 mil millones de pesos a principio de este año, alistará de nuevo sus baterías legales contra el Estado. Laura Sarabia conocía toda la situación mejor que nadie. Por eso, antes de dar otro paso hacia el abismo, presentó su carta de renuncia.
Dos cancilleres pospusieron el nudo de los pasaportes
¿Dónde nace la enemistad de Gustavo Petro con la familia Bautista y su multinacional? Desde que el presidente perdió las elecciones presidenciales de 2018, frente al conservador Iván Duque, ha tenido entre ojos a Thomas Greg & Sons, los contratistas en logística electoral más grandes de Colombia. En aquel entonces aseguró, sin ninguna prueba, que la multinacional habría formado parte de un supuesto fraude en su contra.
Un año más tarde, durante la campaña electoral regional, volvió a la carga: “Thomas Greg & Son’s pone a los presidentes de Colombia”. Lo único cierto es que la compañía, desde hace más de seis décadas propiedad de la familia Bautista, ha entrelazado su cercanía al poder tradicional con un negocio que ofrece servicios de transporte de valores, seguridad privada o impresión de documentos de seguridad, entre otros. Su buena marcha la ha llevado a operar en media docena de países.
No obstante, con la llegada del primer mandatario de izquierdas en Colombia, en agosto de 2022, ya se presagiaba que la habitual fluidez contractual de TGS con el Estado podría sufrir más de un traspié. Y así fue como en mayo de 2023 se abrió la licitación pública, por un valor cercano a los 140 millones de dólares, para la fabricación de los pasaportes por diez años. Dos meses más tarde, sin embargo, la Cancillería suspendió el proceso bajo el argumento de que se debían estudiar más alternativas para garantizar la continuidad del servicio de expedición.
Además, un grupo de siete empresas competidoras, entre ellas varias europeas, había alzado la voz para expresar su descontento con las condiciones. Alegaban que más de un requisito hacía la convocatoria inviable para cualquier empresa que no fuera TGS. De esta manera, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró, en septiembre de ese año, desierto el concurso por supuesto amaño en los pliegos y extendió el contrato con TGS hasta octubre de 2024. En enero del año pasado, la Procuraduría suspendió a Leyva durante tres meses de su cargo por irregularidades en su gestión del concurso. La compañía amenazó con una demanda.
La Fiscalía, por otro lado, concluyó en un informe que la licitación de 2023 pudo haber favorecido, en efecto, a TGS con criterios y plazos que solo podía cumplir la multinacional de la familia Bautista. Y casi en paralelo, en febrero, el Gobierno firmó un difuso memorando de entendimiento entre Colombia y Portugal en busca de una alternativa al predominio de TGS. De esta forma, la Casa de la Moneda lusa apoyaría técnicamente a la Imprenta Nacional de Colombia en la futura fabricación de las libretas.
Pero tres meses más tarde, el nuevo canciller Luis Gilberto Murillo anunció una prórroga extra para que Thomas siguiera adelante con la operación hasta agosto de 2025. La empresa retiró la millonaria demanda. Murillo renunció el pasado enero en medio de otras controversias con Petro, dejando el balón de los pasaportes en manos de la siguiente canciller, Laura Sarabia. Ella, apoyo fundamental del presidente y su ex jefe de despacho, parecía venir a poner la casa en orden cuando el mandatario desautorizó sus planes de extender durante 11 meses más el contrato con Thomas Greg & Sons. Una compañía que Petro ha tratado de desterrar del negocio por todos los medios.
