Las cuentas públicas del Gobierno de Gustavo Petro han tenido líos de cálculo y más de un ajuste forzado. A un año del término de su mandato, y tras múltiples apuros a la hora de cumplir con las metas, el Ejecutivo ha anunciado esta semana que aplica la cláusula de escape a la regla fiscal, una herramienta legal que le permite suspender durante tres años el marco normativo que supervisa y fija linderos de disciplina presupuestaria. Para unos, se trata de un gesto de sinceridad de un Ministerio de Hacienda abrumado por el deterioro en los balances desde la pandemia. Para otros, una mala noticia que solo levantará más dudas en los mercados internacionales.
Para el centro de pensamiento económico Fedesarrollo, Colombia podría alcanzar este año el peor déficit en más de un siglo (a excepción de la pandemia). Se sabe que el desajuste cerró 2024 en 6,8% del PIB, por encima de la meta trazada en 5,6%. Y este año podría rebasar el 7,5%, según las proyecciones de entidades como el Banco de Bogotá. Detrás de estos registros, preocupa en especial a los analistas el deterioro del denominado riesgo país. Es decir, el diferencial entre el tipo de interés que paga la Nación y el que asumen otros por un préstamo. Se trata de otra forma de evaluar la percepción internacional sobre la salud financiera y la capacidad de cada Estado de cumplir con sus obligaciones.
Sin entrar en detalles técnicos, la prima de riesgo de Colombia ha ido en aumento en los últimos tiempos hasta superar la de países pares de la región, u otros que los mercados consideraban más inestables a la luz de los negocios. Lo anterior se traduce en que, desde un punto de vista financiero, el Estado colombiano tendrá que destinar cada vez más recursos del presupuesto para cubrir el servicio de una ya abultada deuda. “La encarecerá y reducirá los flujos de capital hacia Colombia. Nos vuelve más vulnerables. Limita la discrecionalidad futura con los complejos temas políticos y de seguridad que nos agobian”, asegura Jesús Alonso Botero, economista y profesor emérito de la universidad EAFIT de Medellín.
En pocas palabras, Colombia es hoy un destino menos fotogénico para los inversores. “Ya estamos colocando deuda más cara que Turquía o Brasil, países con déficits explícitos. En 2024 nuestras cuentas ya estaban bastante descuadernadas y este anuncio de suspender la regla se podría ver como un ejercicio de sincerar las cosas. Pero la realidad se impone siempre frente a contabilidades creativas”, señala el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar.
Brasil, de hecho, puede servir como faro y señal de advertencia. Brasilia relajó sus normas de disciplina fiscal en 2011. Escudada en el ciclo económico boyante de 2003-2010, la entonces presidenta Dilma Roussef impulsó a lo largo de su mandato una batería de políticas expansionistas y de aceleración del crédito subsidiado. Pero a los agentes del mercado internacional y la banca multilateral no les suele gustar que se les lleve la contraria y a la vuelta de la esquina, en 2015, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s rebajó la nota de Brasil al grado conocido como “basura’” El tablero de desequilibrios era tal que el Gobierno tuvo que recular con subidas de impuestos, congelamiento de salarios oficiales y recortes.
Bajo el argumento de que la herencia recibida de la pandemia ha resultado plomiza, el Gobierno Petro ha intentado todo tipo de maromas para adecentar los datos. El año pasado apeló al concepto contable de “transacciones de una única vez” a fin de acomodar las fichas de tal forma que se cumpliera con el marco fiscal. Los expertos juzgaron que la fórmula, que echaba mano de negocios no recurrentes, como el pago de pleitos o la venta de empresas, con el objetivo de aligerar el desbalance, no era la más elegante. Tampoco era una medida transparente para cuantificar la magnitud del problema. Esas “transacciones ocasionales” sumaron casi 1,8% del PIB en 2024 (antes habían rondado el 0,4%).
Buena parte de los observadores han puesto sobre la mesa la necesidad de ejecutar recortes considerables al presupuesto, pero el Gobierno no parece muy dado a sacrificarse a un año de las elecciones ni a cambiar su visión de un Estado grande. Ha repetido, a través de sus ministros de Hacienda, que parte importante del incremento en el gasto fiscal está anclado a la inflexibilidad presupuestaria. Es cierto, conceden los críticos, la ley determina los montos y los rubros. El margen de maniobra para los gobernantes es bastante estrecho. Y entre 2019 y 2024 el mayor peso lo han ejercido el subsidio a los combustibles, la salud y las pensiones, en ese orden. La pregunta no es fácil: ¿por dónde trasquilar?
Colombia mantiene una calificación de riesgo país estable en la categoría BB+, por debajo del codiciado grado de inversión que permite acceder a crédito más barato. Además, la perspectiva de algunas agencias es negativa. Aunque de momento esas grandes casas no han emitido señales de que vaya a haber un deterioro en el grado, algunos consideran que el país ya tiene tasas de interés equivalentes a bonos basura. A saber: al tiempo que Fitch Ratings o Moody’s mantienen al país dentro de la banda media denominada “mercado emergente”, los acreedores internacionales han ido ajustando al alza sus tipos.
“El Gobierno tiene la oportunidad de minimizar los efectos si presenta un buen plan de ajuste a tres años, que se refleje en el próximo Marco Fiscal de Mediano Plazo que se publica el viernes”, zanja Jesús Alonso Botero. Los desencuentros del presidente Petro con sus primeros ministros de Hacienda por este tema, sin embargo, auguran una fase de gasto sin objetivos delineados. “Si todo esto va acompañado con un plan de ajuste creíble, los mercados regionales incluso pueden reaccionar de forma positiva y en el tiempo nos presten más barato. Es el único camino posible y viable para que la credibilidad de Colombia mejore”, remata Salazar.
