El Valle del Cauca, el departamento que más aporta a la economía colombiana después de Bogotá y Antioquia, permanece a la espera de grandes obras que dependen de aprobaciones o gestión del Gobierno nacional. Son inversiones cercanas a 22 billones de pesos (unos cinco millones de dólares) y que tienen el potencial de generar más de 49.000 empleos, según la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle, Corpovalle. Los datos reflejan el impacto que pueden tener decisiones del nivel central, sujetas a apoyos políticos, sobre el desarrollo de las regiones.
“Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca. ¡Nos traicionó y de qué manera! Pregúntale al presidente”, escribió el ministro del Interior, Armando Benedetti, a un contacto guardado en su whatsapp como “Ministro de Hacienda”, según muestra una fotografía que reveló la revista Cambio. Lo hizo cuando el Senado hundía la propuesta de consulta popular del presidente Gustavo Petro sobre derechos laborales, el pasado 14 de mayo. El ministro de la política se refería al voto negativo de congresistas del partido de la U., que hasta 2023 dirigió la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. La conocida baronesa electoral conserva influencia en el partido, por sus relaciones con congresistas, alcaldes y otros aliados. El mensaje en el que Benedetti la menciona podría ser uno más entre cabezas del alto Gobierno, de no ser porque evidencia cómo las relaciones de poder impactan los proyectos de inversión, mientras las comunidades aguardan por ellos.
En el caso del Valle son seis. El más visible es el tren de cercanías para conectar a Cali con municipios aledaños. El tramo priorizado, entre Jamundí y la capital del Valle, contempla 23 kilómetros de vías, con 21 estaciones para movilizar a 3 millones de personas al año. El retraso en el aval técnico y fiscal afecta el cronograma de la licitación que Toro espera abrir entre finales de 2025 e inicios de 2026. “Hablamos hace casi tres semanas con la ministra [de Transporte] y la aprobación técnica está dependiendo de que el Ministerio de Hacienda ratifique el 70% de los recursos. Ya la Asamblea y los gobiernos municipales de Cali y de Jamundí aprobaron los recursos”, sostuvo. Hasta el momento, ninguno de los dos ministerios, consultados por EL PAÍS, se ha pronunciado.
Otro proyecto en vilo por gestiones que dependen del Gobierno central es el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, que busca aumentar la profundidad de 12,5 metros a 16 metros para facilitar la entrada de buques con mayor capacidad de carga. “Es menor el costo logístico de un buque al que le caben más contenedores. Usar los más pequeños termina encareciendo los fletes”, explica Adrián Zamora, director de Corpovalle. La obra, que según la corporación ha tenido demoras en la contratación de estudios y diseños por parte del nacional Invías, depende de un proceso de consulta previa con comunidades étnicas.
El tercer caso es el de la adecuación de la vía Mulaló-Loboguerrero, un tramo de 32 kilómetros que permitiría reducir los tiempos de viaje hacia el puerto. “Una tractomula que viene de Bogotá a Buenaventura y debe tardar 12 horas, por la ineficiencia en la vía termina demorándose 15 o 16 horas. Eso se traduce en el encarecimiento de cualquier producto que importemos o exportemos”, agrega Zamora. La construcción está en un limbo jurídico por un pleito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario que, de acuerdo con las autoridades del Valle, se puede conciliar. Al listado se suman otros proyectos que requieren avales técnicos o financieros de los ministerios, como el acueducto de Buenaventura.
Luego de la relevación del chat, el ministro Benedetti negó que se refiriera al incumplimiento de algún acuerdo con la gobernadora. “Nunca pacté que votara que sí a cambio de algo, por lo tanto, no podría dejar de darle algo”, declaró. Pero, más allá de posibles transacciones, para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, el episodio pone de presente las fallas en el diseño institucional que permiten que las decisiones políticas se antepongan a las necesidades. “El Gobierno central tiene la sartén por el mango cuando se trata del presupuesto. No solo lo hemos visto en este Gobierno, sino en otros. Lo utilizan para favorecer más los intereses del Gobierno central que los de los territorios”, señala.
En un contexto de debilidad institucional, eso favorece una dinámica de transacciones políticas. “Así funciona el Estado, para bien o para mal”, opina el abogado Jorge Iván Cuervo. “Los ministros de Hacienda, todos, tienen partidas regionales para mantener el apoyo de los congresistas y estos, a su vez, de redes políticas. Destinan recursos a las regiones, para obras —algunas que se necesitan, otras no—, pensando en obtener lealtades”, añade el docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia.
El presidente Gustavo Petro hizo un planteamiento similar en un mensaje en X, cuando le pidió a su entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los hombres más leales a su proyecto político, que renunciara al cargo luego de que una exasesora de Bonilla lo señalara de presionar la aprobación de proyectos en Córdoba, Bolívar y Arauca a cambio de la aprobación de congresistas a operaciones de endeudamiento.
“Los llamados cupos indicativos, que yo mismo denuncié en el congreso, en aquel entonces eran hechos por centenares, en donde los congresistas eran identificados por códigos secretos en el minhacienda, y en donde se entregaban centenares de miles de millones de pesos, girados a alcaldes amigos de los congresistas, para que estos eligieran los contratistas que iban a darles dinero en efectivo para comprar los votos de sus electores, no es un invento de hoy, y no solo es un delito, sino que es el mismísimo sistema político de Colombia”, escribió. “Todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado, desde el Congreso. El congresista también cree que es normal”.
Puerta a la corrupción
El uso de partidas regionales a cambio de respaldo político implica riesgos de corrupción. “Si un político sabe cuáles son las necesidades, por ejemplo, de vías terciarias y va al Ministerio de Transporte a pedir que lleguen recursos para allá, eso no está mal. Lo que está mal es que diga: ‘Si no me llevan recursos, no le voy votar los proyectos en el Congreso’. Y más que diga: ‘Cuando lleguen los recursos, hay que contratar con estas personas que financiaron mi campaña”, dice Cuervo. En Colombia sobran los ejemplos de proyectos inconclusos o con sobrecostos, como el millonario desfalco de Centros Poblados, que buscaba llevar internet a escuelas rurales.
La situación no ha mejorado. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, el indicador global sobre corrupción en el sector público, Colombia se ubicó en la posición 92 entre 180 países, bajando cinco puestos en comparación con 2023. “Este Gobierno planteó un cambio, una ruptura frente a esas prácticas políticas, que no logró. Todo lo contrario. Apoyado en esas prácticas ha buscado ganar apoyos o castigar la falta de ellos, como se manifiesta en el chat de Benedetti”, afirma Hernández. Cuervo concuerda: “Petro creía que con él no iba a pasar, pero el sistema es más fuerte que cualquier propósito de enmienda”.
