“Desde que tuve noticia del éxito de la revolución en la capital del Departamento, consideré que de hecho, y por la violencia, cesaba mi jurisdicción como Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Panamá. Yo había venido al Istmo á administrar justicia en nombre de Colombia; y antes me habría cortado la mano que suscribir providencias judiciales en nombre de una entidad surgida de una traición á mi patria”. Así lamentaba Florentino Goenaga la “sublevación” del Departamento de Panamá en su carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia el 6 de noviembre de 1903, tres días después de lo que parecía un “golpe de cuartel”. El presidente de la Corte “aplaudió su conducta digna y patriótica” en una nota dirigida “a donde se halle”.
Casi 122 años después de la independencia de Panamá, al que Simón Bolívar llamó “el corazón del universo”, su interés geoestratégico resurge con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2025, quien ha manifestado la necesidad de que su país recupere el Canal de Panamá, alegando que ha caído bajo control chino. Sus intenciones recuerdan la célebre frase: “I took Panama”, atribuida al presidente Theodore Roosevelt, cuyo expansionismo fue decisivo para la independencia panameña y el dominio estadounidense sobre la “Octava Maravilla del Mundo”.
Buscando un aliado poderoso que protegiera su integridad territorial ante amenazas inglesas en el caribe, la Nueva Granada firmó el tratado Mallarino-Bidlack con los Estados Unidos en 1846, otorgándole franquicia para el tránsito de carga y pasajeros en los puertos y en el futuro ferrocarril interoceánico, a cambio de mantener la soberanía y de exenciones recíprocas. Aunque para muchos este acuerdo marcó el inicio de la pérdida de soberanía sobre el Istmo, tampoco hay que olvidar que algunos llegaron a proponer la anexión de la Nueva Granada a EE UU.
En tiempos de los Estados Unidos de Colombia, la Ley 33 de 1876 autorizó la “apertura de un canal interoceánico a través del Istmo del Darién”. Para entonces, una compañía estadounidense había construido el ferrocarril de Panamá, estableciendo una de las rutas más transitadas del mundo. La construcción del canal fue encomendada a Ferdinand De Lesseps, exitoso constructor del Canal de Suez. Sin embargo, los imprevistos climáticos y los errores técnicos paralizaron la obra en 1899. La empresa cayó en bancarrota en medio de un escándalo financiero y político que sacudió a Francia.
La quiebra coincidió con la Guerra de los Mil Días (1899-1902), que enfrentó al gobierno conservador y a la facción armada del Partido Liberal. La intervención militar estadounidense en el Istmo para proteger el ferrocarril fue decisiva para la terminación del conflicto, cuyo acuerdo de paz se firmó en Panamá a bordo de un buque de la armada de EE UU.
El triunfo estadounidense en la guerra contra España en 1898 reforzó la necesidad de conectar sus costas por una vía marítima más eficiente. En 1899, EE UU y Colombia iniciaron negociaciones para permitir a los norteamericanos continuar la obra del canal. El 22 de enero de 1903, se firmó en Washington el tratado Herrán-Hay, que concedía a los norteamericanos el derecho exclusivo, por cien años prorrogables a su voluntad, para construir, explotar y proteger el canal.
El Senado de EE UU aprobó el tratado en marzo de 1903. En Colombia el Senado, dominado por conservadores opositores al gobierno de José Manuel Marroquín, y liderados por el expresidente Miguel Antonio Caro, lo rechazó el 12 de agosto del mismo año. El temor a ceder soberanía sobre Panamá, sentimientos nacionalistas y el desconocimiento del contexto internacional contribuyeron a su hundimiento.
Entretanto, en Panamá se gestaba un movimiento secesionista impulsado por la élite local, frustrada ante la inacción de Bogotá y temerosa de perder la oportunidad del canal. El 3 de noviembre de 1903, los panameños se alzaron contra el gobierno colombiano, con el respaldo de EE UU, que movilizó su armada para impedir cualquier reacción militar, y la colaboración de la compañía del ferrocarril. La complicidad de autoridades en el Istmo y sobornos a funcionarios también facilitaron la secesión. Tres días después, Washington reconoció oficialmente al nuevo Estado de Panamá y garantizó su protección frente a eventuales represalias de Colombia.
Colombia consideró la intervención estadounidense como una infracción internacional, pues el tratado Mallarino-Bidlack obligaba a EE UU a garantizar su soberanía y a no intervenir en conflictos internos. Varios intentos diplomáticos para solucionar el “Asunto Panamá” fracasaron, como el Tratado Cortes-Root de 1909, mediante el cual Colombia reconocía la soberanía panameña, pero que fue rechazado por la clase política y la opinión pública, contribuyendo a la caída del general Rafael Reyes.
Durante la presidencia de Carlos E. Restrepo, se negoció un nuevo tratado, que se firmó el 6 de abril de 1914 en Bogotá por el embajador estadounidense Thaddeus Thomson y el canciller payanés Francisco Urrutia Olano. Pese a la fuerte oposición de algunos congresistas conservadores, el Congreso aprobó el tratado Urrutia-Thomson mediante la Ley 14 de 1914.
El general Carlos José Espinosa, diputado de la Asamblea Constitucional de 1910, demandó la inconstitucionalidad de la Ley 14, argumentando que el tratado vulneraba la Constitución porque desmembraba el país, modificaba las fronteras reconocidas por la Carta, y desprotegía a los indígenas del Istmo. Sostenía, además, que la Corte Suprema de Justicia tenía competencia para revisar todo tipo de ley, conforme al Acto Legislativo 3 de 1910.
El 6 de julio de 1914, la Corte decidió abstenerse de fallar sobre la demanda de Espinosa, pues consideró que no era competente para examinar la constitucionalidad de un “proyecto de tratado”, y de una ley que buscaba aprobar tratados, pues estos dependían de la voluntad de los Estados contratantes. Dos magistrados salvaron su voto afirmando que la demanda se dirigía contra la ley, no contra un tratado perfeccionado, que la Corte tenía competencia para pronunciarse y, además, que la ley 14 era abiertamente inconstitucional porque desmembraba el país.
El debate sobre el tratado se trasladó al Senado de los EE UU, que se negaba a aceptar la expresión del “sincero arrepentimiento” acordado en documento inicial, así como el monto de los 25 millones de dólares que debía recibir Colombia como compensación. Además, mientras se discutía el tratado, el Gobierno colombiano dictó el Decreto 355 bis del 20 de junio de 1919, que establecía la propiedad estatal sobre el subsuelo petrolífero, una medida que EE UU estimó riesgosa para las inversiones de sus compañías petroleras y que empantanó la aprobación del acuerdo. En un fallo controvertido, la Corte Suprema regresó a la escena y declaró inconstitucional el decreto el 21 de noviembre de 1919. Finalmente, el Senado ratificó el tratado el 21 de abril de 1921 y mantuvo la compensación acordada.
El 5 de octubre de 1921 el tratado regresó al Congreso de Colombia, generando divisiones políticas similares a las de 1914. Uno de los puntos más controvertidos fue la eliminación de la expresión “sincero arrepentimiento”, percibida como una afrenta al honor nacional. Finalmente, el Congreso aprobó el tratado mediante la Ley 56 del 22 de diciembre de 1921.
Casi cuatro décadas después de que el país recibiera la compensación económica pactada y el Canal de Panamá operara plenamente bajo el dominio de EE UU, un ciudadano demandó la inconstitucionalidad de la Ley 56 argumentando que no podía reformarse el proyecto original del tratado de 1914, sino que debía suscribirse un nuevo acuerdo. La Corte Suprema, en sentencia del 30 de enero de 1958, sostuvo que la Ley 14 no era un acto jurídico perfecto hasta la aprobación de su contenido por parte de EE UU, y que la reforma constitucional de 1936, al redefinir los límites nacionales, indirectamente había ratificado la Ley 56.
Estados Unidos le devolvió el control del canal a Panamá en diciembre de 1999 y retiró su fuerte presencia militar de la zona. No obstante, ante la nueva postura del gobierno estadounidense, se han anunciado acuerdos de cooperación militar entre los dos países. El destino de Panamá está ligado a su canal. En momentos en que resurgen nuevos intereses, solo el tiempo dirá la trayectoria de ambos. Por lo pronto, revisitar los debates políticos y jurídicos que, en su momento, marcaron las relaciones entre EE UU y Colombia alrededor de su antiguo departamento permite apreciar cómo la historia contribuye a una mejor interpretación del presente y ofrece insumos para la prospectiva.
