La elección como magistrado de la Corte Constitucional de su abogado, Héctor Carvajal, ha sellado un legado de luces y sombras para el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Con casi tres años en el poder, es la última de las nominaciones que al mandatario de turno le corresponde presentar al Congreso para que este designe funcionarios que se mantendrán en el Estado más allá de período presidencial. Algunos encabezan distintos organismos de control durante cuatro años, mientras los magistrados tienen períodos de ocho años. Esos altos cargos, a los que se suman los miembros de la junta autónoma del Banco de la República, son claves en el andamiaje institucional de pesos y contrapesos, por lo que deberían brillar por su independencia.
Varios presidentes han tendido a ejercer esa facultad nominadora sin transparencia ni participación ciudadana, designando a amigos cercanos que le cubran la espalda, en vez de recurrir a profesionales idóneos y, sobre todo, independientes, explica el constitucionalista Rodrigo Uprimny. “Esta práctica ha traicionado el espíritu de la Constitución, que esperaba que los presidentes ejercieran esa facultad nominadora con la grandeza republicana propia de un jefe de Estado: con transparencia, visión de largo plazo y pensando en fortalecer la independencia de esos órganos y no en erosionarla”, ha escrito el reputado jurista.
Desde que Petro llegó a la Casa de Nariño, en agosto de 2022, ha presentado ternas de mujeres de las que han salido elegidas mujeres celebradas en su día: la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Pero hasta ahí llegó el impulso para fortalecer la igualdad de género. El procurador, Gregorio Eljach, muy vinculado a la clase política, fue propuesto por Petro, en una terna que completan un candidato de la Corte Suprema y otro del Consejo de Estado. Al mandatario también le correspondió presentar dos ternas para la Corte Constitucional, de las que salió escogido Vladimir Fernández, quien era su secretario jurídico, y ahora Carvajal, su defensor y abogado personal. Llevar dos abogados muy cercanos al poder presidencial a un poderoso tribunal de tan solo nueve miembros pone en entredicho el compromiso con la independencia judicial, especialmente con un mandatario que ha mantenido una relación tensa con las altas cortes.
Carvajal, además, ocupará el puesto de Cristina Pardo, quien había sido magistrada auxiliar de la Corte por muchos años, por lo que el alto tribunal quedará con tres magistradas. Las mujeres con las que competía en la terna también contaban con más experiencia judicial que el elegido, lo que confirma una desafortunada tendencia del Congreso: en ternas de un hombre y dos mujeres, tiende a elegir al hombre, advierte Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, en Medellín. Con esta elección, la Corte retrocedió en paridad de género, independencia e idoneidad de sus integrantes para el ejercicio del cargo, sintetiza Hoyos. Subraya que tampoco hubo una convocatoria pública, ni una oportunidad real para que la sociedad civil y la academia intervinieran y acompañaran este proceso.
Además de la equidad de género, la selección de los magistrados debe asegurar que quien sea seleccionado tenga una trayectoria intachable y haya demostrado independencia e imparcialidad, señalaba la semana pasada un pronunciamiento público de más de 50 profesores y profesoras de derecho de distintas universidades del país. “En este momento histórico es trascendental que el proceso de escogencia proteja la independencia y la autonomía de la Corte Constitucional”, sin interferencia del Gobierno ni de ninguna fuerza política o partidista, añadía el documento, que aboga por un proceso lo más abierto, transparente y meritocrático posible. De acuerdo con la Constitución, que busca un tribunal plural y diverso, el Senado escoge a cada nuevo magistrado a partir de ternas de distintos orígenes. Tres corresponden al presidente, tres a la Corte Suprema de Justicia y las tres restantes al Consejo de Estado. La próxima viene de la Corte Suprema, que nominó esta semana a las abogadas Myriam Martínez, Lina Marcela Escobar y Lisneider Hinestroza, con el propósito de no agravar el desequilibrio de género.
El cambio que prometía el presidente Petro con su poder nominador fue perdiendo fuelle. “Me parece que perdió la oportunidad de actuar con visión de Estado, ha sido bastante decepcionante, a excepción de las ternas de Fiscalía y Defensoría”, apunta el constitucionalista Uprimny. “El balance es agridulce. Hubo buenas señales, con la fiscal y la defensora, que eran mujeres idóneas para el trabajo que han demostrado una independencia frente al Gobierno, y malas decisiones, como las de postular a su abogado personal y a su secretario jurídico para la Corte”, coincide Hoyos, el decano de derecho de Eafit.
La independencia del Banco de la República
El poder nominador del presidente de Colombia tiene otro frente en la junta directiva del Banco de la República. Allí ya ocupan dos de las cinco sillas de expertos independientes los economistas Laura Moisá y César Giraldo, nombrados este año por Gustavo Petro, una decisión que cada mandatario puede tomar solo una vez en su cuatrienio, a menos de que otro miembro renuncie a su cargo. Ya había podido designar a Olga Lucía Acosta en diciembre de 2022, gracias a la anulación por la justicia del nombramiento de un codirector, Alberto Carrasquilla. La junta la completan el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gerente del emisor, Leonardo Villar. Los codirectores son nombrados por el presidente para periodos fijos de 4 años, prorrogables dos veces, por lo que su permanencia en el cargo puede ser de hasta 12 años.
“Desde un comienzo, Petro ha intentado que el Banco de la República tome decisiones no ortodoxas. Por ejemplo, que le haga prestamos al Gobierno a bajo interés, algo que equivale a emisión, pero para eso necesita dominar la junta”, explica el economista Ricardo Ávila, analista senior del periódico El Tiempo. En teoría, Petro ya se podría atribuir una mayoría de cuatro de siete miembros, pero las cuentas no son tan simples, pues la Constitución la establece como una autoridad independiente a fin de evitar que los gobiernos puedan manipular la política monetaria y crediticia. Además, los cambios han sido en momentos distintos. “En términos prácticos, el Gobierno no domina la junta directiva del Banco de la República. Su legado incluirá que, aunque en su momento intentó presionar a la entidad, en la práctica la ortodoxia sigue siendo la norma”, valora Ávila.
