El presidente de Colombia que llegó al poder con la idea de alcanzar la paz total con todos los grupos armados ahora, cuando las múltiples mesas de diálogos se marchitan, se enfoca en el uso de la fuerza del Estado. Para dar ese giro, Gustavo Petro se ha encomendado al primer ministro de Defensa militar desde la Constitución de 1991, el general en retiro de la Fuerza Aeroespacial Pedro Sánchez, que acaba de cumplir dos meses frenéticos en el cargo. De entrada, enfrentaba la brutal arremetida de la guerrilla del ELN en el Catatumbo y los ataques de las disidencias de las extintas FARC en el Cauca, dos regiones convulsas con operaciones militares en marcha de gran envergadura. Su labor, apuntan analistas, puede marcar la relación entre los poderes civil y militar de Colombia en el corto y mediano plazo.
Ya de civil, el ministro Sánchez parece estar en todas partes. Solo a lo largo de esta semana rechazó el “atentado terrorista” de disidencias de las extintas FARC que dejó tres uniformados heridos en Cali, se reunió con el alcalde Alejandro Eder, presentó la nueva estrategia contra la minería ilegal, confirmó que no hay cese del fuego con ningún grupo armado y anunció recompensas por información sobre los responsables de las amenazas contra la cúpula militar y policial. En el medio, tuvo que salir a desmentir los rumores de que va a dejar el cargo próximamente. “El presidente lo único que me exige es que cumpla con mi misión, nada más”, aseguró el jueves. Con su llegada, regresó el acento castrense y el tono endurecido al que los ministros del sector han acostumbrado a los colombianos.
El presidente Petro defendía con vehemencia a comienzos de mes que “no hay un caos de violencia en este Gobierno”, en una alocución dedicada al tema de la seguridad. Lo acompañaba la cúpula militar, aunque no el ministro, que se encontraba en una visita oficial al Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), en la Florida. Pero las alarmas se activan una tras otra. La paz total se ha desdibujado en medio de la fragmentación de los grupos armados. Colombia sufre la peor situación humanitaria de los últimos ocho años, desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, de acuerdo con el balance anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mientras que la Defensoría del Pueblo advierte sobre al menos 12 focos de emergencia humanitaria activos a lo largo y ancho del país.
“No solamente este Gobierno no implementó el acuerdo de paz, como lo prometió, sino que además de todo terminó de dilapidar el dividendo de la paz”, señala María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Evaluar el trabajo de Sánchez es prematuro, advierte, y sería un error hacer otro cambio de liderazgo a esta altura. “La Fuerza Pública ha retomado la iniciativa, eso es algo importante, aunque tiene rebotes complicados”, añade. Recuperar el control en el Catatumbo o el Cauca, por ejemplo, son tareas de largo aliento que requieren recursos y una unidad de propósito de la que ha carecido este Gobierno, apuntilla.
En un país que lleva décadas conviviendo con la guerra, el poder de los militares es enorme, con control casi total de los asuntos de seguridad. Petro perteneció en su juventud a la guerrilla del M-19 y ha sido muy crítico tanto de algunas operaciones militares como de la represión de las protestas por parte de la Policía. Esas posturas le granjearon resistencias entre los uniformados y sus familiares, a pesar de que la Constitución señala de manera explícita que la Fuerza Pública no es deliberante. El político de izquierdas ha buscado suavizar esa relación. En la última semana de campaña, el entonces candidato escribió una carta en la que reconocía el “valioso aporte” de la mayoría de los soldados y policías a “la construcción de una Colombia más humana”. Allí delineaba una propuesta de transformación de la Fuerza Pública en la que les prometía, entre otras, mejores oportunidades para acceder a vivienda, salud y educación.
El mandatario, sin embargo, comenzó su periodo con las propuestas de reducir el presupuesto militar, desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y, en especial, retirar a la Policía del Ministerio de Defensa, un insistente reclamo de diversas organizaciones de derechos humanos que nunca concretó. Su primer ministro de Defensa fue Iván Velásquez, al que defendió a capa y espada durante más de dos años en los que priorizó depurar a las fuerzas. La idea era fortalecer el control civil. Pero ante la deriva de su política de paz, y el deterioro de la seguridad, acabó por nombrar a un militar, algo que no hicieron sus antecesores de derechas. Una respuesta pragmática que más de un observador consideró un retroceso.
La posesión del general, famoso por el exitoso operativo para rescatar a los niños indígenas perdidos en la Amazonía, se hizo esperar algunas semanas para que pudiera asumir el cargo como civil. “Sánchez busca implementar un «plan de choque» para responder a los retos de seguridad nacional, el cual combina acción militar con la acción integral en territorios priorizados por la política de seguridad”, apunta el informe Futuro de las relaciones entre el poder civil y militar, que presentó esta semana la consultora Colombia Risk Analysis (CRA). Ese giro operativo viene acompañado, entre otras, del abandono de los ceses al fuego unilaterales.
La llegada de un presidente de izquierda, un hito en la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Militares, ha confirmado la solidez del principio de subordinación militar al poder civil, apunta el documento, tras una investigación de cinco meses que incluyó múltiples entrevistas con militares activos. Sin embargo, señala también las tensiones coyunturales entre la Administración Petro y las Fuerzas Militares, que se han concentrado en el enfoque de seguridad, el presupuesto para la defensa, la política exterior o la relación con el sector privado. Además, persisten otras diferencias más estructurales en torno a las negociaciones de paz, el sufragio militar –es uno de los pocos países donde no es permitido– y el papel que asumen las Fuerzas Militares en regiones sin presencia estatal.
“En lo que queda del Gobierno Petro, la ejecución de la agenda de defensa estará condicionada por la tensión con Estados Unidos por el riesgo de descertificación, las limitaciones fiscales y la desconfianza entre los poderes civil y militar”, señala el análisis de la consultora. Vaticina también que el orden público se convertirá en uno de los ejes de las elecciones de 2026: “Con fines electorales, la oposición se apropiará del populismo de seguridad y la promesa de reactivar las capacidades de las Fuerzas Militares”.
