Cuando Alberto Salagán fue deportado de Estados Unidos en enero, era la primera vez que pisaba suelo mexicano desde que era un bebé.
Nacido en el balneario costero de Acapulco, sus padres lo llevaron a Estados Unidos cuando tenía apenas seis meses.
Creciendo en California, fue seducido por el falso glamur de la vida de las pandillas.
Tras ser arrestado en San Diego por actividades relacionadas con una pandilla, Alberto fue enviado de regreso a México justo cuando Donald Trump asumía de nuevo la presidencia, y se encontró sin hogar y solo en el país donde había nacido.
“Fue un shock. Todavía lo es “, admite. “Cuando llegué a México, realmente me sentí perdido. Sin familia, sin comida, sin ropa, sin nada”.
Alberto cuenta que casi había olvidado cómo hablar y leer en español. “Menos mal no lo perdí por completo porque me ha ayudado (ser bilingüe)”, reflexiona.
De hecho, sus habilidades idiomáticas salvaron a este joven de 30 años de caer en la miseria. A través de una organización de apoyo a deportados, se enteró de que una empresa local –EZ Call Center– buscaba a personas que hablaran inglés.
El trabajo, como agente de ventas telefónicas, no está bien remunerado, pero los empleados pueden ganar comisiones y el salario regular le dio a Alberto la estabilidad que tanto ansiaba.
“Tenía que hacer algo para salir adelante. Gracias al call center, ahora lo he logrado”, me dice durante una pausa entre llamadas.
Casi todos los agentes de EZ Call Center son deportados, incluido el dueño de la empresa, Daniel Ruiz.
Él también nació en México y creció en Estados Unidos antes de ser deportado por un delito menor relacionado con drogas cuando apenas superaba los 20 años. Daniel dice que puede identificarse con el sentimiento inicial de desorientación que experimentan sus empleados al llegar a México.
“Todos estamos lidiando con un choque cultural”, dice, mientras de fondo se escucha el murmullo constante de llamadas telefónicas.
“Todos tenemos nuestra vida allá, fuimos a la escuela allá, crecimos con la cultura estadounidense, tenemos familia allá. Somos de aquí, pero también somos de allá”.
“Tienen la disciplina necesaria”
En sus cubículos, los agentes trabajan con largas listas de números telefónicos estadounidenses; algunos hacen llamadas promocionales o de ventas, otros para cobro de deudas y refinanciamiento.
Todos los agentes hablan inglés con fluidez, y los clientes al otro lado de la línea no se enteran de que están hablando con personas que están en México y no en Estados Unidos.
Daniel afirma que agentes como Alberto, quienes cayeron en las pandillas a una edad vulnerable en Estados Unidos, pero que están dispuestos a comenzar de nuevo en México, son algunos de sus empleados más confiables.
“Casi nunca tienen otro antecedente en su historial criminal, y tienen la disciplina necesaria para mantener sus trabajos”, explica.
Las propias experiencias de Daniel Ruiz tras ser deportado han influido en sus decisiones empresariales.
Además de dirigir la empresa de televentas, también cofundó una organización humanitaria -el Borderline Crisis Center- que brinda a los deportados alimentos, refugio y apoyo al llegar de nuevo a México.
Las políticas de Trump
Tras su investidura, el presidente Trump declaró que llevaría a cabo lo que llamó “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”.
Ha hablado de expulsar a millones de personas indocumentadas del territorio estadounidense, y en los primeros días de su mandato, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron redadas en numerosos lugares de trabajo, desde Chicago hasta California.
Las cifras más recientes del gobierno mexicano muestran, en realidad, que el número de deportaciones de Estados Unidos a México fue menor en los primeros tres meses del segundo mandato de Trump que en el mismo periodo del año anterior.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el país recibió a casi 39.000 deportados entre febrero y abril, de los cuales 33.000 eran mexicanos. Esto contrasta con los 52.000 registrados en los mismos tres meses de 2024.
Sin embargo, la caída se da en parte debido a una reducción en el número de personas tratando de ingresar a Estados Unidos. Los “encuentros” con migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, registrados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), han caído a su nivel más bajo en años.
La amenaza de una deportación masiva combinada con otros factores, desde el despliegue militar en la frontera hasta las deportaciones de alto perfil de migrantes hacia El Salvador, pueden haber actuado como un disuasivo efectivo.
Aun así, siguen llegando personas deportadas a Tijuana casi a diario. Muchas enfrentan hostilidad mientras intentan rehacer su vida en esta polvorienta y peligrosa ciudad fronteriza.
Las pocas empresas que ofrecen un empleo remunerado a los deportados se han vuelto aún más importantes para evitar que caigan en la delincuencia.
“Lo que pasó en Estados Unidos, se queda en Estados Unidos”
Más allá de una iniciativa pequeña como EZ Call Center, una empresa más grande llamada American Survey Company (ASC) también depende de una fuerza laboral compuesta por deportados.
Junto con su empresa hermana, Voxcentrix, ASC cuenta con unas 550 estaciones de call center en Tijuana, donde los agentes realizan llamadas sobre todo tipo de temas: desde encuestas electorales hasta sondeos de satisfacción del cliente.
“Lo que pasó en Estados Unidos, se queda en Estados Unidos”, bromea Nora Díaz, directora de bienestar de ASC. “No solemos hacer verificaciones de antecedentes al respecto”.
Nora explica que su labor se enfoca en el bienestar de los empleados para ayudarlos a reintegrarse.
“Entendemos que todos tienen un pasado y no los juzgamos por eso. No preguntamos al respecto durante las entrevistas. Solo necesitamos personas que hablen bien inglés y español y que estén dispuestas a comprometerse con el trabajo”, recalca.
“Tomé malas decisiones”
La política de “no preguntar, no decir” en ASC fue invaluable para el nuevo comienzo de Luis Luna.
Creció en Orange County, California, a donde fue llevado cuando apenas tenía unos meses de vida.
“Desafortunadamente, de niño tomé malas decisiones: me uní a una pandilla, andaba con la gente equivocada. Me costó mucho, me costó una cadena perpetua. Fui un ‘lifer’ en una prisión estatal de California”, explica Luis.
Durante su tiempo en prisión, se inscribió en todos los programas educativos disponibles y trabajó arduamente en su rehabilitación. Al ser liberado, también fue deportado a México en enero, justo cuando Trump se preparaba para su discurso inaugural.
“No tengo familia aquí. Mi familia es ASC, la gente que conocí en el trabajo. Ellos son mi familia y mis amigos”, sostiene.
Para Luis, el aparentemente monótono trabajo telefónico le ha dado el ancla que necesitaba para mantenerse alejado del crimen, algo con lo que aún luchan -según dice- muchos exintegrantes de pandillas que conoce en EE.UU.
“Desde el primer día no sentí ningún juicio. Sentí que simplemente me abrieron los brazos y me recibieron. Creo que estaría en la calle ahora mismo si no fuera por ASC”, agrega.
Aunque el programa de deportaciones masivas de la administración Trump aún no ha alcanzado el nivel que muchos esperaban en México, algunos creen que podría acelerarse en los próximos meses.
De ser así, otros deportados con antecedentes de pandillas como Alberto y Luis necesitarán apoyo para empezar de nuevo, independientemente de sus delitos.
En Tijuana, muchos de ellos lo encontrarán al final de una línea telefónica.
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