Los recientes atentados contra estaciones de Policía y estructuras de la Fuerza Pública en diferentes regiones de Colombia evocan la estrategia de las FARC contra el Estado en los años noventa, uno de los períodos más cruentos de la larga serie de guerras que han afectado al país. En los últimos 13 días, según el Ministerio de Defensa, han sido asesinados 13 policías y 11 militares en varias zonas, desde Norte de Santander, en plena frontera con Venezuela, hasta el departamento del Guaviare, en la región amazónica, unos 500 kilómetros más al sur. Los ataques a instalaciones policiales se repiten, con la diferencia de que hace 30 años reflejaban la insurgencia de varias guerrillas contra el Estado, y hoy es una técnica que repiten incluso bandas de origen paramilitar, como el Clan del Golfo.
El ataque más reciente se dio este lunes 28 de abril, cuando hombres desconocidos dispararon ráfagas de fusil contra la estación de municipio de Villa Caro, en Norte de Santander. Se trata de una zona montañosa y cercana a la frontera con Venezuela y a la región del Catatumbo, donde opera una disidencia de las extintas FARC conocida como frente 33 y, sobre todo, la guerrilla del ELN. Se trata del grupo armado con el que el presidente Petro comenzó su política de paz total, que pretendía negociar con todos los actores armados, en una mesa que permanece congelada desde enero.
Apenas horas antes, en la noche del domingo, un ataque similar afectó a la subestación de La Mesa, en zona rural de Valledupar (Cesar). En pleno Caribe, unos 300 kilómetros más al norte, se repitió la misma estrategia criminal. Allí hace presencia el Clan del Golfo, un grupo armado de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia. Un poco más al sur, en Simití, en la madrugada de este viernes varios hombres atacaron la estación y asesinaron a dos policías, dejando herido a otro más.
Esa misma noche fue atacado un Centro de Atención Inmediata (CAI), una pequeña instalación urbana de la policía, en la ciudad de Cali, al suroccidente del país. El alcalde de la tercera ciudad del país, Alejandro Éder, ha señalado a disidentes de las FARC de ser los responsables. Justamente los mismos sospechosos de haber asesinado, con un francotirador, a un policía en la estación de Suárez, un municipio del departamento del Cauca. En esa misma región, el 11 de abril, disidentes atentaron con drones las estaciones de Cajibío, Morales y Piendamó. En Mondomo, instalaron un carro bomba. El 19 atacaron la estación de Corinto. En la noche de 22 a 23, la de Silvia.
Algo similar ocurrió en el departamento del Huila, al sur del país. Una motocicleta bomba fue detonada en cercanías a la estación de policía del municipio de La Plata el pasado 17 de abril. Fueron asesinados dos jóvenes que celebraban un cumpleaños en familia y quedaron al menos 31 heridos, incluyendo menores de edad. El Gobierno ha atribuido este atentado a la columna Dagoberto Ramos, un grupo de las disidencias afiliado al llamado Estado Mayor Conjunto (EMC), que lidera alias Iván Mordisco.
Más al norte, este fin de semana hombres armados lanzaron un explosivo contra la estación de Remedios, en la zona minera del nordeste de Antioquia, y dejaron a tres policías heridos. Allí hace presencia el Clan del Golfo. El martes 22 fue atacada la estación del turístico barrio El Rodadero de Santa Marta, sobre el Caribe.
Los casos muestran que todos los actores recurren a una técnica que busca expulsar a los uniformados para ejercer un mayor control. No es algo nuevo. A finales del siglo pasado las extintas FARC, que pasaron por un período de expansión y crecimiento, arremetieron contra las estaciones de policía de decenas de pueblos, y la institución tuvo que abandonar muchas de ellas. Los ataques, algunas veces con armas explosivas artesanales e imprecisas como los cilindros bomba, produjeron decenas de muertos civiles. La entonces guerrilla exigía a la policía sacar sus bases de zonas urbanas, y se lavaba las manos de esas muertes, señalando al Estado de ser culpable por la ubicación de los cuarteles.
La historia parece repetirse. Una de las varias sombrillas de los grupos disidentes, la conocida como Estado Mayor Conjunto y que lidera Mordisco, ha criticado al Estado “por usar a los civiles como escudos humanos y ha “recomendado” a los civiles “evitar residir cerca de cuarteles o estaciones de policía. Si ya están cerca, exigir su reubicación”.
Además de los ataques a las estaciones, los armados han iniciado lo que el director general de la Policía, Carlos Fernando Triana, ha llamado un ‘Plan Pistola’, el nombre con el que se conoce la ofensiva criminal del narcotraficante Pablo Escobar en su pulso contra la extradición, cuando prometió pagos de cientos de dólares por cada policía muerto. Triana trazó ese paralelo este lunes una columna en el periódico El Tiempo, en la que hizo un llamado para que el país apoye a los uniformados.
Los ejemplos son varios. En el Catatumbo, donde se libra una guerra entre el ELN y el frente 33, van tres ataques contra uniformados en una misma semana. El sábado pasado, tres policías fueron heridos en puestos de control en Ocaña y Bucarasica. En Antioquia, el 15 de abril fue asesinado un patrullero que estaba de permiso —las autoridades señalan al Clan del Golfo— y otro fue asesinado en Tarazá. El 22 quedaron heridos tres policías: dos en Ebéjico, con una explosión al paso de una patrulla, uno en Vegachí, atacado a tiros. El 19, un policía que acompañaba una procesión de Semana Santa fue asesinado en Lourdes, Norte de Santander. La lista sigue.
La Defensoría del Pueblo ha alertado que “es absurdo que [los grupos armados] hablen de paz y den muestras de guerra”. Se refiere a los distintos grupos, con quienes el Gobierno abrió mesas aunque la situación actual varía. Aún mantiene el diálogo con la sombrilla de disidencias conocida como Estado Mayor de Frentes y Bloques, al mando de Calarcá Córdoba, pero está en crisis. Con el EMC de Mordisco, la negociación está rota y el Estado ha emprendido una ofensiva militar en su contra. El Clan del Golfo ha buscado una salida, pero no ha superado la fase inicial o de exploración. Y con el ELN, la última guerrilla en armas de Colombia, las negociaciones están suspendidas hace meses.
