El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido a lo largo de sus casi tres años de mandato en levantar las banderas del M-19, la guerrilla a la que perteneció cuando era joven. En un sentido tanto literal como metafórico. Eso le ha representado más de una controversia política. El Consejo de Estado rechazó la semana pasada una acción judicial que pretendía prohibirle exhibir ese emblema azul, blanco y rojo en eventos públicos, con el argumento de que equivalía a hacer apología a la violencia. La alta corte, por el contrario, consideró que ondear esa bandera hace parte de su interpretación personal de la historia del país, en la que el ‘eme’ ocupa un lugar muy especial.

“Somos parte de la historia de Colombia y tenemos una razón de existir como corriente histórica progresista”, reaccionó Petro al celebrar la decisión. Su Gobierno lleva la impronta del Movimiento 19 de Abril, surgido luego del presunto fraude electoral en las presidenciales de 1970. Después de firmar la paz, la Alianza Democrática M-19 fue una de las principales fuerzas de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la celebrada carta política de 1991. Además de esos símbolos, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea se ha rodeado de antiguos militantes en posiciones sensibles.

El ejemplo más reciente es el del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, un amigo de adolescencia con quien ingresó a la guerrilla en 1978, cuando tenían 18 años, y con el que conformaron el primer comando de Zipaquirá. Ambos estudiaron economía. “Yo desde el Externado y Germán Ávila desde la Nacional, emprendimos una militancia más fuerte, captamos mucha gente para el M-19 y empezamos a reconfigurar una estructura dentro de Bogotá sin conocer mucho la ciudad, dentro de las universidades mismas”, rememora Petro en Una vida, muchas vidas, su biografía política. Poco después, la fascinación de Ávila con las estructuras militares de la guerrilla comenzó a separarlos, relata en el libro.

Después de firmar la paz, la trayectoria profesional del ahora ministro de Hacienda ha girado en torno al desarrollo de la vivienda popular. También fue secretario general del Polo Democrático Alternativo y trabajó con la Alcaldía de Lucho Garzón en Bogotá (2004-2008). Aunque acaba de aterrizar en el Gabinete, el presidente le delegó sus funciones esta semana, mientras asistía a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Honduras.

Más allá de ese guiño, la llegada de Ávila a Hacienda subraya, una vez más, el protagonismo de la vieja guardia del M-19 que se insinuaba desde la posesión de Petro, que estuvo precedida por las fricciones en torno a la exhibición de la espada del libertador Simón Bolívar. Su primera orden como presidente fue llevar al acto el arma que la guerrilla robó de la Quinta de Bolívar a comienzos de 1974 para convertirla en un símbolo de su movimiento –la devolvió tras firmar la paz–. También Carlos Pizarro, el líder del M-19 asesinado en plena campaña presidencial de 1990, mes y medio después de entregar su arma, estuvo presente. Su rostro se asomaba bordado en la chaqueta de su hija, la senadora María José Pizarro, cuando se encargó de ponerle la banda presidencial a Petro. Con esa herencia simbólica, ella sigue en carrera para ser la candidata de la izquierda en las presidenciales del 2026.

Auge…

La constante reivindicación del M-19 ha ido más allá de lo simbólico, con antiguos militantes en posiciones clave. Petro dejó la paz total, su otrora política bandera, en manos de figuras históricas de la guerrilla que firmó uno de los acuerdos de paz más exitosos en América Latina. Se destacan Otty Patiño, el comisionado de Paz; Vera Grabe, jefa negociadora en la suspendida mesa con el ELN; y, en menor medida, Carlos Erazo, quien fue el jefe militar de Petro en el M-19 y lidera la delegación con Comuneros del Sur, una escisión del ELN en Nariño.

Además, el presidente designó a otros antiguos miembros del ‘eme’ en el sector de inteligencia. En el inicio del cuatrienio, tres entidades herederas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) quedaron en manos de exguerrilleros que lo han acompañado durante su dilatada carrera política como congresista y alcalde de Bogotá. Manuel Casanova, filósofo de profesión, asumió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Augusto Rodríguez, uno de los hombres de mayor confianza del presidente, se convirtió en director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de personas amenazadas; y a Fernando García, otro hombre de confianza que vivió el exilio en Europa como el propio presidente, le asignó dirigir Migración Colombia.

A ese grupo se sumó, cuando se acercaba el primer año de Gobierno, Carlos Ramón González, hasta entonces dirigente de la Alianza Verde, quien llegó para encabezar el Departamento Administrativo de la Presidencia, o DAPRE, y también para ejercer como jefe de Gabinete. Petro se rodeó de antiguos miembros del ‘eme’, al menos en esos tres sectores —además de designar a otros excompañeros en cargos diplomáticos. Pero cuando solo le quedan 16 meses de mandato, esa presencia se ha diluido, en medio de la deriva de la paz total, escándalos de corrupción y enfrentamientos internos.

…y caída

Otty Patiño sigue a la cabeza de la política que buscaba firmar la paz en simultáneo con todos los actores armados, pero ese ambicioso proyecto parece encallado. La Misión de Verificación de la ONU advirtió esta semana, en su más reciente informe trimestral, que los diálogos de la paz total “no han producido los resultados claros y sostenidos que se esperaban”. Petro suspendió la mesa con el ELN, que sigue en cabeza de Vera Grabe, después de la violenta arremetida de la guerrilla en la región del Catatumbo en el arranque de año, que ha provocado más de 50.000 desplazados. En los demás tableros de negociación, los interlocutores se han fragmentado en disidencias de las disidencias. El reciente consuelo es el hito que representa la destrucción de explosivos por Comuneros del Sur, una de las pocas mesas que muestra avances tangibles.

En la Dirección Nacional de Inteligencia, Casanova fue relevado justamente por Carlos Ramón González, quien renunció el pasado julio al verse salpicado por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía lo señala de haber buscado direccionar dineros de la Unidad a contratistas corruptos, además de desviar los recursos públicos para beneficiar a congresistas. La DNI está en cabeza de otro viejo militante del M-19, Jorge Lemus, posesionado el mes pasado. Fernando García renunció a Migración Colombia a finales de septiembre.

Augusto Rodríguez sigue en el Gobierno, pero se ha distanciado de Petro desde que sostuvo un agrio enfrentamiento con Armando Benedetti, que despierta resistencias en muchos sectores de izquierda pero cuenta con el apoyo irrestricto del presidente. En el caótico Consejo de Ministros televisado de febrero, el director de la UNP dijo que Benedetti tenía vínculos con Diego Marín, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando. En medio de mutuos señalamientos, el choque con el ahora ministro del Interior escaló al punto de que Rodríguez insinuó que su vida estaba en peligro. “Me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”, dijo entonces. La semana pasada, un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que debe apartarse de su cargo tras cumplir 70 años en marzo. A pesar de la llegada de Ávila a Hacienda, el protagonismo de los viejos militantes del M-19 en el Gobierno de Petro tiende a marchitarse.