Por tercera vez consecutiva en este periodo legislativo, el Congreso colombiano hundió en noviembre del año pasado una de las iniciativas más importantes a la hora de cambiar la política de drogas. A pesar de que esta era una de las principales promesas del Gobierno Petro, el proyecto de origen legislativo que disponía la regulación del cannabis adulto fue derrotado por la falta de apoyo político y, sobre todo, por la poca prioridad que le asignó el Gobierno.
El primer intento de dar este significativo y simbólico paso hacia una nueva política de drogas en el actual Congreso, que fue el que más cerca estuvo de ser aprobado, se frustró en el octavo y último debate reglamentario por las maromas de sus opositores. En el segundo y el tercero, en cambio, perdió fuerza y se vio hundido por absoluta ausencia de priorización en las agendas del Congreso y por falta de voluntad política. Sus autores se preguntaron en público cómo un Gobierno que buscaba orientar la discusión global sobre las drogas hacia la regulación y la despenalización le dio tan poca importancia a un debate desde el que se daría un paso enorme hacia ese destino.
Cada vez con mayor frecuencia, desde sectores de la academia, la economía y la sociedad se demuestra que la prohibición –tal como ocurrió en Estados Unidos hace 100 años– en nada ha conseguido reducir el consumo, que de hecho en varios países desarrollados viene presentando una tendencia creciente, y sí ha profundizado la violencia y la ilegalidad en el mundo entero. Los pasos hacia el cambio de política de drogas se han dado lentamente en países como Portugal, Holanda y Uruguay, mientras que dos terceras partes de los estados en Estados Unidos han regulado distintos usos del cannabis, renunciando al viejo enfoque de la prohibición total.
En Colombia se esperaba que ante la inusual coincidencia de un Gobierno de izquierda y un Congreso menos conservador que los anteriores, el país pudiera avanzar hacia un nuevo enfoque que priorice la salud pública, regule el consumo y acabe con una de las principales fuentes de ingreso de las estructuras ilegales. Sin embargo, el balance de los logros del Congreso y el Ejecutivo en ese frente deja mucho por desear.
Lo llamativo del asunto es que muchas de las iniciativas que se llevan a cabo para dar cambios a la política de drogas no provienen de los gobiernos, y mucho menos del Congreso que tanto ha dudado a la hora de legislar sobre el tema. En cambio, son las organizaciones ciudadanas, locales y globales, las que más avanzan en el debate y la creación de hojas de ruta construidas a partir de toda la evidencia disponible. A finales de este mes tendrá sede en Bogotá una nueva edición de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, en la que cerca de 1.200 delegados del mundo entero intercambiarán experiencias sobre la necesidad de trascender la estancada ruta de la prohibición. Ojalá los tomadores de decisiones, especialmente los que se han opuesto a este cambio tan urgente, puedan aprovechar esta ocasión para conocer la evidencia disponible y los casos de otros países que han avanzado hacia la regulación.
Si bien el paso más determinante no ha sido logrado en el Congreso, el Gobierno sigue en busca de alternativas para avanzar en la construcción de una nueva política de drogas, algunas más acertadas que otras. Con apuestas como la sustitución voluntaria, el riesgoso pago por erradicación y el acompañamiento en la transición a las economías lícitas, la Administración busca dar nuevos pasos hacia otro modelo de política de drogas.
A nivel internacional, en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, la delegación colombiana, representada por la embajadora Laura Gil, logró en marzo de este año la aprobación de la creación de un comité de expertos para presentar un análisis y recomendaciones sobre un nuevo modelo de política global de drogas, con 30 votos a favor y 3 en contra. Rara vez en estos espacios de la comunidad internacional se ve algo de voluntad frente al incómodo pero necesario cambio en la política global de drogas, pues la mayoría de nuevos enfoques son adoptados a nivel interno por los distintos Estados, por lo que esta noticia puede ser fuente de optimismo sobre el futuro.
A nivel local y global, es casi de aceptación general que la actual política de drogas no solo fracasó, sino que la prohibición es uno de los principales factores de violencia en regiones como América Latina. Ya sea desde el pragmatismo o desde la expectativa por un nuevo modelo que sería la mejor ruta para enfrentar la ilegalidad y la violencia, es hora de que el actual Gobierno –y todos los que vengan después– entienda la necesidad de aprender de la experiencia de tantos países que comprendieron que el camino de la prohibición solo dejará nuevos fracasos.
