El calificativo de “dictador sin elecciones” con el que el presidente Donald Trump se refirió a su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski, ha propiciado que el instituto intergubernamental IDEA, que promueve la democracia, se planteara la pregunta de si es frecuente que un país que afronta emergencias que pongan en peligro la integridad de los comicios y la gobernanza democrática tome la decisión de aplazar sus elecciones. La conclusión de su secretario general, Kevin Casas Zamora, en videollamada con EL PAÍS, es contundente: “Celebrar elecciones antes de que exista un acuerdo de paz que garantice condiciones adecuadas de seguridad es impensable”.
Según el criterio de este experto, además de la salida del país de más de 10 millones de personas —“hay una masa enorme de votantes que no se sabe dónde están”— y de las amenazas de seguridad —“el incentivo que va a tener Rusia para descarrilar el proceso a través de actos de violencia física o digital va a ser enorme”—, las autoridades sufren de una grave escasez de recursos. Esos recursos “del presupuesto nacional obviamente están yendo al esfuerzo bélico”, resalta, al tiempo que recuerda que la autoridad electoral en Ucrania “es casi totalmente dependiente” de la asistencia internacional. Las conclusiones del secretario general del IDEA son similares a las que se plasmaron en informe publicado a finales de febrero por la organización, y que se resumen en que la mayoría de los países que han afrontado estos retos han optado por postergar las convocatorias cuando no se cumplen las garantías necesarias para hacerlo.
Uno de los ejemplos citados es el de la pandemia, que estalló hace cinco años. En aquella oportunidad, el aplazamiento electoral fue la regla en 80 países. “Las emergencias, ya sean causadas por peligros naturales (terremotos, pandemias, incendios) o desastres provocados por el hombre (guerra, conflicto armado, disturbios civiles), normalmente exigen que las elecciones se reprogramen”, asegura esta organización, con sede en Estocolmo. Las razones incluyen factores como la “interferencia externa” y la “desinformación” —basta con recordar la anulación de las elecciones rumanas por la injerencia rusa— o la “falta de libertades políticas” producto de las medidas de emergencia que, ante escenarios como la guerra, “limitan la libertad de prensa, la competencia política y la participación de la oposición”.
Este último es el caso de Ucrania, donde la Constitución prohíbe la celebración de elecciones mientras esté en vigor la ley marcial. Kiev decretó este régimen de excepción después de la invasión de Rusia en febrero de 2022, lo que ha imposibilitado convocar comicios. De acuerdo con el informe, un país en guerra enfrenta desafíos como “los riesgos de seguridad, el desplazamiento de los votantes, el acceso limitado a los centros de votación y la incapacidad de garantizar estándares democráticos como la competencia política, la libertad de prensa y la supervisión independiente”.
Además, explica Casas Zamora, resulta que “algunos de los actores que están poniendo presión sobre las autoridades ucranias para que se den elecciones están retirando su apoyo a Ucrania”. El secretario general de IDEA subraya que “algunos de los proveedores de asistencia más importantes que tenía la autoridad electoral eran organizaciones estadounidenses financiadas por USAID [la agencia estadounidense de desarrollo internacional]”. El Gobierno de Donald Trump ha puesto su mirada en esa entidad, que ha desmontado a su mínimo al tiempo que congelaba casi al 100% los fondos dirigidos para la ayuda externa.
Los casos comparados
El informe cita ejemplos como los del Reino Unido y Francia, que decidieron aplazar sus elecciones hasta 1945. El gabinete de guerra de Winston Churchill gobernó durante la mayor parte de la II Guerra Mundial, mientras que el general Charles de Gaulle lideró el Gobierno de la Francia libre en contra del fascismo desde el exilio. “La lógica es clara: celebrar elecciones en esas condiciones corre el riesgo de socavar la integridad electoral, violar los principios democráticos y poner en peligro a los ciudadanos”, recuerda el informe.
En contraste, países que optaron por celebrar elecciones en medio del conflicto han comprometido “gravemente” su credibilidad. Afganistán condujo sus comicios en 2004 y 2009 —tras la invasión de Estados Unidos y la caída del régimen talibán—, pero “la violencia generalizada, la intimidación de los votantes y el fraude electoral” afectaron al proceso. Lo mismo sucedió en Irak, donde se celebraron las elecciones en 2005, en medio de un conflicto en curso “en el que grupos insurgentes amenazaban a los votantes y atacaban los colegios electorales”.
Otro ejemplo es el de Colombia, que ha celebrado elecciones en medio del conflicto armado interno a lo largo de más de 60 años. En 2016, el Estado decidió convocar a un plebiscito para ratificar el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP, que fue rechazado por un estrechísimo margen (el 50,2% votó en contra y el 49,8% a favor). Según el informe, la experiencia de Colombia “pone de relieve cómo las elecciones en situaciones de posconflicto pueden profundizar la polarización, especialmente cuando los acuerdos complejos se reducen a eslóganes de campaña”.
“Es perfectamente legítimo que países que están en una situación de conflicto o de emergencia nacional se vean obligados a posponer las elecciones”, cierra Casas-Zamora. Por ejemplo, el caso de Siria, donde el nuevo Gobierno presidido por Ahmed al Shara anunció que no se celebraran elecciones hasta dentro de cuatro años. “No es irracional lo que están diciendo”, explica el secretario general de IDEA: “Tanto en el caso de Ucrania como en el caso de Siria, de maneras diferentes, es muy importante que la celebración de elecciones tienda a favorecer la consolidación del sistema democrático en el largo plazo”. En cualquier caso, el límite dependerá de las condiciones de los conflictos. “Es claramente que un aplazamiento de una elección no es igual a una cancelación. En algún momento hay que celebrar elecciones”, concluye.
