Con 42.673 votos, Jhon Gabriel Molina Acosta ganó este domingo las elecciones a la gobernación de Putumayo, el departamento amazónico colombiano que colinda con el Ecuador y Perú. Avalado por el Partido Conservador, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, su elección se dio en medio de los señalamientos de estar cooptado por el grupo armado conocido como Comandos de la Frontera. Una semana antes de los comicios, tres fuentes dijeron a este diario en Puerto Leguízamo, el municipio más extenso del departamento, que ese grupo ilegal estaba invitando a votar por el hoy gobernador. Los señalamientos, multiplicados en redes sociales u otros medios, llegaron a tal punto que Molina ha negado públicamente cualquier nexo con un grupo ilegal. “Siempre he sido transparente”, dijo en la emisora Blu Radio.
“Acá esos manes (Comandos de Frontera) están apoderadísimos de esa vuelta. Mira que acá ya se metieron. El de amarillo (John Molina) vino acá a Guadualito y mandaron a llamar a toda la gente (los Comandos de Frontera). Teníamos que ir; no era si queríamos. Tenían todas las veredas de abajo. Guadualito estaba pero llenito de gente, que los mandaron a llamar. A los presidentes les dijeron que el que no vaya, ellos se encargaban”. Este es uno de los testimonios de las tres fuentes que cita la oenegé Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que apuntan concretamente al hoy gobernador electo. En un informe, ha explicado que, de acuerdo a tres líderes del departamento, indicaba que esos disidentes de las extintas FARC buscaban “usar los programas de transformación financiados por el Gobierno -en el marco de las mesas de negociación- no solo para aumentar su gobernanza criminal, sino también para impulsar la campaña a la gobernación de Molina”.
El grupo disidente de las extintas FARC ha participado de una de las varias mesas simultáneas de la política de paz total, con la que el Gobierno de Gustavo Petro busca llegar a acuerdos con los principales grupos ilegales del país. Sin embargo, la repentina captura de su líder máximo, Geovanny Andrés Rojas, durante una sesión de las negociaciones, el pasado 12 de febrero, ha congelado el proceso. La organización armada inicialmente condicionó la continuación del diálogo a la liberación de su comandante, pero en sus últimos pronunciamientos ha afirmado que continuará en el proceso a pesar de lo que denomina como un “entrampamiento”.
La organización de izquierda Marcha Patriótica también ha denunciado la presión de Comandos. Antes de una marcha pacífica convocada para el pasado 21 de febrero en Puerto Asís, el municipio más poblado del departamento, señalaban a la convocatoria para esa movilización de estar rodeada de “amenazas y constreñimientos”. La marcha, que formalmente convocó el movimiento social, buscaba presionar al Gobierno para liberar a Araña “No es obligándoles a salir a cambio de no ganarse una multa o la misma muerte o el desplazamiento”, decían. En la región se hablaban de sanciones por hasta 5 millones de pesos para quienes no se movilizaran.
La elección carga con un antecedente letal. El 4 de enero fue asesinado a tiros Elver Porfidio Cerón, exalcalde de Mocoa, la capital, y político de vieja data. Dos sicarios, que viajaban en una motocicleta, lo atacaron a las afueras de su vivienda, donde se encontraba con familiares y amigos. Acababa de anunciar públicamente su apoyo a Molina. Aunque las autoridades no han determinado la causa del homicidio, en el departamento no descartan la posibilidad de que haya estado relacionado con las elecciones.
Y no fue un hecho aislado. Todo el proceso electoral levantó alarmas. La Defensoría del Pueblo ha documentado desde 2023 las posibles presiones de grupos armados para incidir en la política regional. Iris Marín, la cabeza de la entidad, advirtió antes de la jornada que tres municipios tenían un riesgo especialmente alto de injerencia ilegal: Puerto Guzmán, sobre el río Caquetá, al noroeste del departamento, y Puerto Leguízamo y Puerto Asís, sobre el río Putumayo, al sur. La oenegé Misión de Observación Electoral alertó el sábado anterior a las votaciones de “presiones a comunidades rurales para acudir a las urnas, presuntamente ejercidas por los Comandos de la Frontera”. Se trata de un grupo con gran poder en ciertas zonas del departamento, como Leguízamo, donde ejerce una gobernanza armada y controla el narcotráfico en la triple frontera.
Ante ello, los Comandos emitieron un comunicado dos días antes de las elecciones. En él, aseguran que se trataba de acusaciones infundadas. “Enemigos de la paz y de la construcción de una salida política civilizada, vienen propagando un comentario muy malintencionado e irresponsable (…) Por ningún medio impediríamos las elecciones locales, regionales o nacionales; al contrario, les decimos a las autoridades civiles, militares y policiales, al igual que a los electores, que salgan masivamente este día y hagan uso del derecho universal del sufragio por el candidato de su preferencia”.
Las elecciones se realizaron porque el Consejo de Estado anuló la escogencia de Carlos Andrés Marroquín, elegido en octubre de 2023 en un mandato que se extendería hasta 2027, por considerar que incurrió en doble militancia. Molina, el ganador de este domingo, se postuló por tercera vez al cargo. La más reciente fue precisamente su derrota ante Marroquín, cuando sumó 53.879 votos y ocupó el segundo lugar en la contienda. La victoria de este año se dio gracias a un notorio incremento en la abstención, pues de 144.577 votos válidos dos años atrás, la cifra cayó a 109.475.
