El Gobierno ha decretado un gravamen temporal a los juegos en línea, las petroleras y las notarías, con vigencia hasta el próximo diciembre. Los tres impuestos, incluidos en la batería de medidas del estado de conmoción interior implantado por el Ejecutivo el pasado 24 enero, se utilizarán para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo, zona limítrofe con Venezuela. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha añadido que el interés de su cartera es tramitar una nueva reforma tributaria que incorpore los tres gravámenes de forma permanente. Se trata de un salto hacia adelante en la batalla fiscal que libra el Ejecutivo.
Los tres impuestos en cuestión, que se engloban dentro de la ya mencionada medida de emergencia, cuya duración inicial es de 90 días prorrogables, tendrán un alcance de tiempo mayor al de los demás decretos. El encargado de las finanzas estatales ha argumentado que la Corte Constitucional ha dado carta blanca para que los tributos se apliquen hasta el final del año. El ministro Guevara hizo hincapié en diversas entrevistas en que el destino del dinero que espera recaudar, poco más de un billón de pesos, será para atender la crisis de violencia que vive el Catatumbo, área rural del departamento del Norte de Santander.
Acto seguido, sin embargo, también ha concedido que el Gobierno buscará, por la vía legislativa, integrar estos tres impuestos al estatuto tributario permanente del país. El mensaje de fondo, agregó Guevara, es que la economía necesita nuevos tributos para sectores, como las plataformas digitales, que antes no existían. Sobre todo porque, continuó, muchas emprendieron hace unos años con exenciones pensadas como estímulo para salir a flote en el mercado. Pero hoy se ha demostrado que muchas ya están bien establecidas. Por eso es hora, a su juicio, de empezar a pagar: “Esto es importante para las finanzas públicas y la consolidación”, aseguró Guevara este jueves en la cadena Blu Radio.
Por su parte, en entrevista con Caracol Televisión, defendió que las reformas tributarias no se limitan a imponer aranceles o subir impuestos: “Son para buscar un balance. En la ley de financiamiento propusimos bajar el impuesto de renta corporativa del 35% al 30% para pequeñas y medianas empresas”. También reiteró que el Gobierno va a insistir en el artículo de la opción tarifaria, que persigue habilitar al Ejecutivo para pagar con deuda pública las facturas de la energía atrasadas desde la pandemia de los ciudadanos de estratos 1,2 y 3.
Anuncia, de esta forma, una nueva reforma tributaria, con alzas también para los hidrocarburos y los trámites notariales. El objetivo es sumar 12 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, y organizar un escenario con más margen de maniobra en un año complejo en materia fiscal.
Será un segundo intento con el mismo objetivo. El proyecto más reciente fue a través de la hundida ley de financiamiento. Una medida rechazada el pasado diciembre por el Congreso en medio de la presión de sectores como el gremio de los juegos de azar, que ya auguraban por entonces que un impuesto del IVA a las apuestas on line supondría un impacto importante para uno de los motores de la economía colombiana. A lo anterior se sumaron las reticencias de analistas y políticos que han atestiguado las imprecisiones del Gobierno a la hora de fijar sus metas de recaudo por impuestos para financiar sus proyectos.
Mientras el Gobierno prepara el diseño de la nueva propuesta de reforma, queda en firme el decreto con los tres impuestos temporales. El ministro Guevara explicó, durante un foro organizado por Anif el pasado martes en Bogotá, que uno de los puntos que más revisó fue el de las “industrias extractivas”. Junto al presidente Petro analizaron con detalle, explicó, antes de darle los últimos ajustes.
Por ello habrá un gravamen adicional, del 1% del valor de la primera venta, para las exportaciones de carbón y petróleo, que aportarían 214.000 millones de pesos. De la misma manera, los juegos de azar en línea y casinos virtuales pagarán hasta diciembre un IVA del 19% sobre sus ventas. La idea es que este nicho aporte más de 500.000 millones de pesos para el estado de emergencia. Y por último, los trámites notariales, como la radicación de escrituras, certificados legales o el registro de matrimonios civiles, tendrán un impuesto al timbre del 1%. Una fuente que, según los cálculos de Hacienda, aportaría 330.000 millones de pesos.
Los gremios de hidrocarburos y la industria de los casinos virtuales ya han alzado la voz. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, considera que las deficiencias administrativas del Estado no deberían ser subsanadas bajo la figura de conmoción interior: “Ni en un fast track para revivir iniciativas legislativas y tributarias que no avanzaron en el Congreso”. Se trata de un lastre adicional dentro de una industria que ha sido objeto de otras recargas por parte de un Gobierno empleado a fondo en apurar la transición energética.
“Cálculos de la industria establecen que un impuesto del 1% a las exportaciones de carbón elevaría en más del 15% los costos de producción. En un escenario de altos costos operativos tras la pandemia, esta carga adicional reduciría los márgenes de rentabilidad a niveles críticos, afectando la capacidad de atraer y mantener inversiones en el país. Esta medida no solo amenaza la viabilidad de varias operaciones mineras, sino que también pone en riesgo miles de empleos y golpea directamente los encadenamientos productivos que dependen de la minería, debilitando aún más la economía de las regiones productoras”, apostilla Nariño.
